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• La pregunta más importante sigue siendo: ¿bastarán estos esfuerzos para aplacar a la administración de Trump y estabilizar la cooperación bilateral en materia de seguridad?

• “La respuesta de México no solo puede ser reactiva. Se deben llegar a acuerdos donde se pongan en la mesa las prioridades de ambos países”, coinciden en señalar investigadores 

 

Redacción /CAMBIO 22

En tanto las medidas adoptadas por el gobierno de México para el combate al crimen organizado no sean permanentes y de largo plazo, difícil será aplacar la política intervencionista y convenenciera que ha adoptado el gobierno estadounidense.

Expertos coinciden en lo anterior y responsabilizan a la administración de Andrés Manuel López Obrador por su política de “abrazos no balazos”, como una de las principales causas que provocaron el crecimiento desmedido del Crimen Organizado que hoy mantienen su presencia en más del 80 por ciento del territorio mexicano.

La inacción de los cuerpos de seguridad llevada a cabo durante toda la administración de López Obrador, que el siempre calificó como “humanista”, sin embargo a la vista de propios y extraños siempre se mantuvo con un insoportable hedor a complicidad y que hoy mantienen bajo sospechas la relación de criminales con prominentes miembros de la clase política y que generaron el crecimiento exponencial del hoy partido gobernante, son de las principales causas que han llevado a la administración estadounidense a tomar duras medidas que en pocos días empezarán a impactar en la vida de los mexicanos.

Y lo más grave es que estás sanciones las han calificado algunos expertos como el principio de duras represalias por parte del gobierno de Donald Trump que tal parece no quedar satisfecho pese a los esfuerzos que lleva a cabo la actual Presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Las idas y venidas entre ambos países, alimentadas por la presión económica y la narrativa alienante de Trump, probablemente continuarán durante toda su presidencia, según Yadira Gálvez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y aún está por ver si esto puede mantenerse en el tiempo o resultar eficaz a largo plazo.

“La respuesta [de México] no solo puede ser reactiva. Se deben llegar a acuerdos donde se pongan en la mesa las prioridades de ambos países”, dijo la investigadora Gálvez .

Las autoridades mexicanas en turno han llevado a cabo una serie de operaciones de seguridad sin precedentes para reprimir a los principales grupos criminales del país ante la amenaza de los aranceles estadounidenses.

Pero la pregunta más importante sigue siendo: ¿bastarán estos esfuerzos para aplacar a la administración de Trump y estabilizar la cooperación bilateral en materia de seguridad?

La histórica ofensiva culminó el 27 de febrero, cuando las autoridades mexicanas entregaron a 29 líderes criminales a Estados Unidos, en una medida sin precedentes, para que se enfrentaran a cargos relacionados con el crimen organizado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, declaró que el gobierno mexicano accedió a llevar a cabo el histórico traslado después de que Estados Unidos designara a varios de los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, en lugar de pasar por los procedimientos judiciales habituales asociados a las solicitudes de extradición.

Entre los enviados se encontraban algunos de los principales narcotraficantes de México, que lideraron la consolidación de varias organizaciones criminales transnacionales que siguen operando en la actualidad.

Entre ellos, el antiguo líder del Cartel de Guadalajara y más tarde socio del Cartel de Sinaloa, Rafael Caro Quintero; los antiguos líderes de los Zetas, Miguel y Omar Treviño Morales; Vicente Carrillo, alias “El Viceroy”, del Cartel de Juárez; Erick Valencia, uno de los fundadores del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y José Jesús Méndez Vargas, alias “El Chango”, que en su día fue un destacado dirigente de la Familia Michoacana.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, afirmó en un post en X que el traslado de estos presos, en colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, era una muestra de que “la coordinación y la reciprocidad con respeto a la soberanía dan buenos resultados”.

Los traslados se produjeron mientras funcionarios estadounidenses y mexicanos llevaban a cabo negociaciones de alto nivel en Washington, D.C., con el objetivo de llegar a un acuerdo con la administración de Trump, quien ha amenazado con imponer aranceles del 25% a los bienes importados de México, si el país no tomaba medidas más agresivas para contrarrestar el flujo de fentanilo y migrantes.

 

Represión en México

 

Desde la amenaza arancelaria inicial de Trump el 1 de febrero, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha respondido con una serie de medidas de seguridad para mostrar su compromiso con la lucha contra el crimen organizado. Inicialmente, Sheinbaum consiguió aplazar los aranceles por un mes, en parte mediante el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Estados Unidos, supuestamente para reprimir el tráfico de drogas y el contrabando de migrantes.

Sheinbaum también lanzó una campaña masiva contra el fentanilo dirigida a las escuelas, con anuncios que saturaron las principales ciudades y emisoras de radio. La medida obtuvo la aprobación pública de Trump, quien la describió como una “gran idea”.

Lo más importante, quizá, es que las autoridades mexicanas han dado prioridad a las detenciones clave. Días antes de las negociaciones de alto nivel de febrero en Washington, D.C., las fuerzas armadas capturaron a dos altos jefes de seguridad presuntamente responsables de proteger a Iván Archivaldo Guzmán, líder de la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa, a la que autoridades estadounidenses han descrito en repetidas ocasiones como una de las principales organizaciones criminales detrás de la crisis del fentanilo.

La semana siguiente, el gobierno mexicano extraditó formalmente a Estados Unidos a otros tres miembros de organizaciones criminales, entre ellos Jesús Ricardo Patrón Sánchez, alias “H3”, del Cartel H-2 —grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva (OBL)—, Daniel Franco López, alias “Micha”, del Cartel de Sinaloa, y Omar Cuenca Merino, presunto líder de los Rojos.

Y en semanas anteriores, las autoridades detuvieron a operadores financieros y logísticos de los Chapitos, entre ellos alias “El Jando”, quien presuntamente participó en los dos intentos de liberar a Ovidio Guzmán López —otro líder de los Chapitos— de las autoridades en 2019 y 2023, cuando finalmente fue capturado.

De manera paralela, las fuerzas de seguridad han desmantelado decenas de laboratorios clandestinos de drogas en Culiacán, Sinaloa, y sus alrededores, bastión de los Chapitos y epicentro de la producción de drogas sintéticas en México. Las autoridades también aseguran haber incautado más de una tonelada de fentanilo ilícito.

Esta represión puede estar surtiendo efecto. El New York Times, citando entrevistas con operadores criminales, informó que partes del Cartel de Sinaloa estaban despidiendo empleados y bajando su perfil.

Por otro lado, aunque Sheinbaum adoptó inicialmente un tono combativo con la administración estadounidense, reconoció durante una conferencia de prensa celebrada el 19 de febrero, que el reciente aumento de la vigilancia estadounidense con drones sobre territorio mexicano para recabar inteligencia sobre grupos criminales formaba parte de los acuerdos de cooperación bilateral.

Estas acciones marcan un cambio significativo respecto a los años de esfuerzos esporádicos, a menudo anémicos, para combatir el crimen organizado, personificados por el famoso eslogan del expresidente Andrés Manuel López Obrador para su estrategia de seguridad: “abrazos no balazos”.

Con López Obrador, la cooperación bilateral en materia de seguridad se estancó. El gobierno mexicano restringió la capacidad de los agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) para operar en el país y resaltó los problemas de larga data con las operaciones de la agencia en el extranjero, especialmente su trabajo con las controvertidas Unidades Sensibles de Investigación (SIU, por sus siglas en inglés) que desde entonces han sido disueltas en el país. López Obrador también rechazó repetidamente el papel de México en el tráfico de fentanilo, enmarcándolo como un problema de Estados Unidos y negando la existencia de cualquier producción ilícita en el país.

 

¿Se puede aplacar a Trump?

 

Aunque las acciones de Sheinbaum parecen ser un esfuerzo genuino para golpear el núcleo de algunas de las redes criminales más extendidas del país, podrían no ser suficientes para satisfacer a Trump. De hecho, en los últimos días, el presidente estadounidense  reiteró su amenaza de imponer aranceles a partir del 4 de marzo,.mismas que han entrado en vigor.

Los diplomáticos estadounidenses también se muestran cautelosos frente a su impredecible líder. Durante las reuniones bilaterales del 27 de febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, “expresó su aprecio” por las medidas de seguridad de México. Pero en una entrevista previa, subrayó que el gobierno estadounidense aún esperaba que sus homólogos “hicieran más” y se aseguraran de que sus esfuerzos actuales “fueran duraderos”. 

Existe el riesgo de que estas continuas exigencias trastoquen por completo aspectos importantes de la lucha contra el crimen organizado. Para empezar, supondrían un retroceso en lo que recientemente se ha convertido en una exitosa colaboración e intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y México, tras la relación a menudo combativa bajo el mandato de López Obrador.

El Comando Norte del ejército estadounidense, por ejemplo, anunció el 19 de febrero que había llegado a un nuevo entendimiento con sus homólogos mexicanos para “un mayor intercambio de información” y “comunicaciones inmediatas”. Y el secretario de Defensa de México, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que este tipo de cooperación desempeñó un papel clave en las recientes detenciones de varios altos cargos de los Chapitos en Culiacán.

Sin embargo, la violencia sigue haciendo estragos en Sinaloa, y expertas entrevistadas por InSight Crime aseguraron que cualquier avance futuro puede estar en riesgo si Trump sigue adelante con los aranceles, o incluso si los retrasa, pero mantiene esa amenaza sobre la mesa.

“Si el gobierno estadounidense hace estas demandas imposibles que nunca podrán cumplirse y sigue adelante con los aranceles a México, entonces ¿qué incentivo hay para trabajar con Estados Unidos si van a ser castigados de todos modos?”, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings Institution.

“Lo más importante es establecer patrones de cooperación que sean efectivos y duraderos”, dijo Felbab-Brown a InSight Crime. “Pero todo eso puede borrarse si el objetivo es imposible o el cumplimiento de México se considera insuficiente”.

 

Resultados espectaculares

 

Hasta ahora, las amenazas de aranceles y otras medidas de mano dura, incluida una posible acción militar estadounidense, han empujado al gobierno mexicano a ofrecer resultados «espectaculares» e inmediatos, explicó Paloma Mendoza, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“Pocas veces en la historia se ha visto una secuencia similar [de decomisos y detenciones] por parte de las instituciones de seguridad”, dijo Mendoza a InSight Crime.

Pero aunque este tipo de acciones son simbólicas, tienen un alto costo.  Según datos oficiales, más de 800 personas han sido asesinadas desde que comenzó el conflicto en Sinaloa en septiembre de 2024 tras la polémica detención por parte de Estados Unidos de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

Además, algunas de las respuestas de Sheinbaum a Trump ya han puesto presión sobre el presupuesto aprobado para 2025 en el país. La campaña contra el fentanilo, por ejemplo, ha consumido al menos 5% del presupuesto educativo, según datos obtenidos por El Sol de México.

Las idas y venidas entre ambos países, alimentadas por la presión económica y la narrativa alienante de Trump, probablemente continuarán durante toda su presidencia, según Yadira Gálvez, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y aún está por ver si esto puede mantenerse en el tiempo o resultar eficaz a largo plazo.

“La respuesta [de México] no solo puede ser reactiva. Se deben llegar a acuerdos donde se pongan en la mesa las prioridades de ambos países”, dijo Gálvez a InSight Crime.

 

Fuente: Sistema de Notícias CAMBIO 22/InSight Crime

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