Ante la Crisis de Seguridad en Ecuador, Provocada por el Modelo Neoliberal y la Corrupción del Presidente Noboa, Candidatos Prometen Mano Dura y Militarización

Redacción/CAMBIO 22

Ecuador se alista para las elecciones presidenciales en las que la violencia y la seguridad vuelven a ser parte de los principales temas de campaña, tras alcanzar una de las tasas de homicidios más altas de la región, masacres carcelarias y participación de grupos criminales en redes de narcotráfico, extorsión y enfrentamientos entre sí por el control territorial, aunque analistas consultados por CNN coinciden en que no hay propuestas novedosas para afrontar la problemática.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien asumió en noviembre de 2023 y busca ser elegido para un mandato completo, destaca una reducción del número de muertes violentas. En el único debate presidencial (dividido en dos tandas, entre los 16 candidatos), dijo que su plan de seguridad “está funcionando”, pero que el objetivo “no se puede conseguir en un año”. En su gestión, decretó un estado de conflicto armado interno y renovó el estado de excepción, que sigue vigente hasta marzo en algunas provincias y localidades.

En 2024 se registraron 6.962 muertes violentas en Ecuador, un descenso de 15% frente a las 8.237 del año anterior, según cifras de la Policía Nacional. En 2023, la tasa de homicidios fue de 47,2 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Latinoamérica y ocho veces superior a la de 2016

Sin embargo, expertos advierten que el descenso ocurrió principalmente en el primer semestre (luego del asalto de un grupo armado a un canal de televisión y las medidas posteriores), pero que después se vio un nuevo aumento.

“La reducción de la tasa (de muertes violentas) se dio en los primeros meses de decretar el conflicto armado interno. Hubo una mayor incidencia de militares en el control, implicó operativos territoriales, capturas de cabecillas y una implosión de las bandas criminales. Dada la implosión, tuvo un efecto disuasivo”, explicó a CNN Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).

Pontón remarca que a medida que avanzó el año, los números comenzaron a acercarse a los niveles de 2023. Según opinó, el logro del Gobierno hubiese sido más rescatable si se hubiese mantenido el descenso.

“La tendencia a la baja no se sostiene, vuelve a haber un repunte pese a las medidas que se tomaron”, indicó a CNN, de manera coincidente, la investigadora Carla Álvarez, especialista en asuntos de seguridad en el IAEN. “No hay una pacificación, sino una reducción contextual de muertes violentas”, aseguró.

En cambio, advierte que se registra “un crecimiento exponencial” de secuestros y extorsiones. “No podemos hablar de que estamos viviendo en paz. Hay otros indicadores graves, aunque estén menos cuantificados”, señaló.

En 2023, la extorsión fue el crimen más denunciado a nivel nacional, con 21.811 casos reportados, un aumento del 364% con respecto a 2022, según un reporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, con base en cifras de la Fiscalía. Pero Álvarez destaca que los datos preliminares del OECO apuntan a un incremento en 2024. En marzo, la Policía anunció la creación de la Fuerza Especial Contra la Extorsión (FICE) para atender esta problemática.

Uno de cada tres ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, la cifra más alta de la región, según indica el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, que afirma que el aumento de violencia se produjo en un contexto de fragilidad de las instituciones democráticas.

La oferta electoral

En el debate de candidatos, buena parte del segmento sobre la seguridad estuvo centrado en la posible reducción de la edad de imputabilidad, de la que Noboa se mostró a favor de llevarla a 15 años (de los 18 actuales).

“Todos los candidatos están centrados en la mano dura, es lo natural por el estado de las cosas que tenemos”, dijo Álvarez. “La población está asustada y esas estrategias tienen su pegue. La opinión pública quiere oír que los candidatos van a hacer algo”, agregó. Sin embargo, comentó que hubo promesas convencionales y que ninguno de los contendientes presentó propuestas nuevas. “No hubo ninguna propuesta sobre el entorno geopolítico para buscar reducir la incidencia del narcotráfico, de la minería ilegal. No hubo propuestas que apunte a una depuración institucional. Ninguna sobre sanciones a militares involucrados en las desapariciones forzadas”, agregó, en referencia a la muerte de cuatro menores tras un operativo militar a fines del año pasado que estremeció a la sociedad, en un caso por el que 16 militares quedaron bajo custodia y el ministro de Defensa pidió disculpas públicas a las familias de las víctimas, pero rechazó que la justicia califique el caso como desaparición forzada.

“Me preocupa que lo que proponen son distintos matices de la misma mano dura. No se cuestiona la militarización”, agregó la investigadora.

La politóloga Glaeldys González Calanche, analista de la organización Crisis Group para la región andina, consideró también que “la mano dura fue la tónica” del debate. “Casi todos coincidieron en endurecer las leyes de imputabilidad, por la cuestión del reclutamiento de las bandas criminales. Hubo respuestas laxas sobre la impunidad de las fuerzas”, expresó. Sobre otras propuestas, las consideró repetitivas o vacías. “No veo un esquema de trabajo: qué se va a hacer con la Justicia, con la Policía, con el tema carcelario”, lamentó.

Fuente: CNN

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