• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Hasta cuando se darán cuenta las autoridades con poder de decisión en este país que poco a poco se incrementan la zonas donde el Estado de Derecho ya no existe, lo que aprovechan políticos sin convicción de servicio para hacer negocios utilizando el poder de facto, porque las instituciones como las de procuración y administración de justicia, así como las de seguridad pública, allí están gastando presupuestos, pero ya no funcionan.

Por más que los gobiernos federal y estatal inviertan en infraestructura y en programas especiales en municipios como Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Benito Juárez, han perdido la batalla, porque obligación de trabajar en un esquema de coordinación para realizar acciones que beneficien directamente y de manera eficaz a la ciudadanía.

Después que durante  las primeras semanas del mes, el número de asesinatos bajó significativamente, conforme se acerca el fin del mes, las cifras volvieron a crecer, como una muestra que las soluciones no pueden ser a base de buena voluntad, sino de políticas públicas integrales, en las que el común denominador sea una planeación de los tres niveles de gobierno y no solo el protagonismo de quienes cobran como servidores públicos.

El lunes 20 de enero, desde Tulum se informó del hallazgo de una víctima de asesinato y que a su lado, se encontró, colgada, una manta con un mensaje de uno de los grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.

El cadáver cubierto con bolsas de plástico color blanco fue localizado en un paradero de autobuses en la localidad de José María Pino Suárez, en el kilómetro 209 de la Carretera Federal 307, en el tramo Felipe Carrillo Puerto-Tulum.

Desde luego que la tarea de inhibir la incidencia delictiva no solo es responsabilidades de autoridades, pero quienes trabajan en la administración pública, se contrataron para hacer un trabajo muy específico como lo mandata la ley, ya que solo pueden hacer lo establecido en sus facultades y por ello cobran un salario, pero asesinatos como éste, son una prueba que no están cumpliendo con sus obligaciones.

A pesar del hermetismo con que vienen trabajando tanto las Fiscalía General del Estado, como las policías estatales y municipales, se estableció que en la colonia Lakin, en Tulum, se encontró otro cadáver en el cruce de las calles Neptuno y Orión Sur. Sin embargo, la información se la han reservado como si fuera secreto de Estado. Cerrar la información pública a los medios de comunicación, además, de censura, es una de las estrategias que están utilizando para después sacar los presuntos delitos y a las víctimas de la información estadística que envían cada mes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La legislación y los protocolos para contratar personal policial debe de cambiarse, porque los gobiernos que llegan cambiar reglas, pero para su beneficio y las que ya están y les son útiles, las dejan, por lo que el mal comportamiento de policías es solapado por el mismo Estado, independientemente que cambie el color de los gobiernos.

Desde la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo se está haciendo un gran alboroto por la detención de Luis Fernando “N”, exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Tulum.

En el año 2018, el recordado Alberto Capella Ibarra, le encargó el despacho de la Policía Preventiva en Benito Juárez, cuando se fue el gobierno de Carlos Joaquín González, el gobierno municipal morenista lo contrató como director de Seguridad Pública en Tulum.

A este exservidor público se le acusa como presunto responsable de desaparición de persona en agravio de Jeremías “N”, hechos ocurridos el 14 de julio de 2023, cuando varias patrullas de la Policía Municipal de Tulum llegaron hasta una construcción donde trabajaba la víctima y se lo llevaron detenido y hasta la fecha se ignora su paradero.

El fiscal Raciel López Salazar dice que a Luis Fernando se le buscó y detuvo por su presunta relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de desaparición de personas cometida por particulares, pero si era servidor público en funciones, eso se llama desaparición forzada de personas, señor fiscal, al no calificar el presunto delito como lo marca la ley, la justicia no llegara para la víctima ni para su familia que sigue en su búsqueda. Se espera que con la detención de este expolicía, se obtenga información que ayude a localizar a la víctima del mismo Estado y del mismo gobierno municipal de Tulum, porque esta instancia lo contrató para dirigir a la policía municipal.

Por otra parte, este martes 21 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por medio de un comunicado de prensa dio a conocer que de enero a junio de 2024 en el país se registraron 15 mil 243 homicidios. Se detalla que el principal medio especificado que se usó para provocar la muerte fue el disparo con arma de fuego, (73.0%), las armas punzocortantes se ubicaron en la segunda posición (9.1 %).

Esta información se puede contrastar con el informe de enero a diciembre de 2024 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

RHM

 

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