• La organización Caro Quintero/Caborca crecieron en la zona Sur-Sureste del país, en particular en el estado de Quintana Roo gracias a la complicidad oficial que le han brindado desde hace más de 8 años.

 

• No hay funcionario o político que se les resista a los cañonazos de más de 15 millones de pesos para “ingresar a su sociedad”.

 

• Sin embargo esa perversidad político criminal le ha costado miles de vidas y centenas de desaparecidos a Quintana Roo.

 

 

Renán Castro Madera/CAMBIO 22

La detención de Martín Caro Monge “El M”, uno de los poderosos líderes del cártel de Caborca en la zona Sur-Sureste del país cimbró la estructura de protección oficial que se les ha brindado desde hace más de ocho años cuando incursionaron en esta parte del país.

El también conocido como “El Uno” es hijo de José Gil Caro Quintero “El Pelo Chino” y sobrino nieto de Rafael Caro Quintero “El Jefe de Jefes”.

Dirigía el cártel de Caborca en Quintana Roo y en la península en general; además era el encargado de las relaciones institucionales de su organización con políticos y altos jefes policiacos y militares.
La organización criminal cártel de Caborca se ha confirmado que en más de ocho estados del país reciben protección oficial de funcionarios policiacos y miembros de la clase politica.

La historia de esta perversa relación entre gobierno y el crimen organizado fue premiado por la 4T con una de las embajadas más preciadas para el gobierno mexicano; Canadá.

En el año 2020, cuando el diario CAMBIO 22, exhibió con pruebas irrefutables la protección que le brindaban altos funcionarios del gobierno quintanarroense que en ese entonces encabezaba el hoy embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, fue minimizado y hasta utilizado en contra de esta casa editorial.

Nos calificaron de enemigos del cambio y rivales de la 4T, cuando exhibimos con pelos y señales la perversa relación entre este peligroso y poderoso grupo criminal que ya se había adueñado al menos de la voluntad politica y económica de cuando menos 3 municipios.

La política de “abrazos, no balazos” se llevaba a cabo y la frase lapidaria de “el que la hace la paga” eran los slogan recurrentes para dejar crecer al cartel de Caborca, mientras funcionarios estatales se llenaban las bolsas con dinero ensangrentado, sí, Pero al final de cuentas fortunas que hoy gozan y disfrutan enjuagadas con los Miles de litros de lágrimas de dolor del olvidado pueblo quintanarroense.

El diario CAMBIO 22 reveló en su edición del viernes 28 de noviembre del 2022 las perversas relaciones que se tejieron a lo largo de un sexenio caracterizado por la venganza y los arreglos con el crimen organizado al más alto nivel, sin que autoridad alguna hiciera algo para impedirlo y en cambio dejaron en manos criminales la voluntad, política, económica y de seguridad de los quintanarroenses.

Y la historia la escribimos así:

Desde febrero del 2018, agentes de la DEA asignados a la península de Yucatán, habían confirmado los nexos del asesor del entonces gobernador Carlos Joaquín González, Nahum Fuentes Rivera, con el crimen organizado.

Trabajos coordinados de investigación entre un grupo de inteligencia de la SEDENA y la agencia antidrogas estadounidense, recopilaron pruebas contundentes sobre los nexos de altos funcionarios de gobierno e importantes líderes sociales del Sur de Quintana Roo, con miembros destacados del Cártel de Caborca que dirige la familia Caro Quintero y principales operadores del trasiego de drogas sudamericanas a través de aeronaves que aterrizan en pistas clandestinas ubicadas en la parte Centro y Sur de la entidad.

Hoy, la historia se revela luego de que Nahum Fuentes Rivera, fuera desaparecido forzadamente desde el pasado sábado 26 de noviembre del 2022 ; lo levantaron por un comando armado en la comunidad cañera de Álvaro Obregón Nuevo, perteneciente al municipio de Othón P. Blanco.

Junto con él ex Funcionario joaquinista desapareció el entonces director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Erick Adolfo Durán Gonzalez.

Las andanzas de Nahum Fuentes Rivera, fueron docomentadas desde el inicio del sexenio de Carlos Joaquín González, cuando de manera sorpresiva y sin pertenecer a ningún cuerpo policiaco, asistió en algún lugar de Virginia en los Estados Unidos a un curso que el FBI otorgó a funcionarios de la entonces entrante administración estatal.

El propio Carlos Joaquín lo había promocionado y gozaba de la protección directa de su entonces Jefe del despacho del gobernador Miguel Ramón Martín Azueta.

Fotos publicadas en ese entonces dieron cuenta de su participación en tan importante curso y en la gráficas publicadas en redes sociales portaban una vestimenta de uniformes tácticos similares a los que se usan en prácticas de cuerpos de seguridad estadounidenses, pese a que desde en campaña proselitista, ya representaba los intereses del cártel de Caborca en el gobierno entrante.

Impunidad y simulación fue el sinónimo que caracterizó a la administración joaquinista, tras provocar la desaparición forzada de más tres mil personas en Quintana Roo y cerca de 10 mil homicidios dolosos durante su gestión administrativa.

La predominante protección a los grandes grupos criminales significó millonarias ganancias a más de un funcionario estatal del sexenio pasado, aunque para ello el alto costo que padeció la sociedad quintanarroense promediando anualmente más de 19 mil delitos de alto impacto según resume el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.

Y Nahum Fuentes Rivera fue la muestra clara de los presuntos nexos de más de un funcionario joaquinista con el crimen organizado.

En la recta final de la administración que encabezó el hoy embajador de México en Canadá, el poder y su cercanía con la 4T les propiciaban un poderoso blindaje de impunidad, pese a los permisos otorgados para la operación de la llegada de toneladas de droga a la zona Sur, lo que incrementaba el derramamiento de sangre en las principales ciudades quintanarroenses.

El alto costo económico, pero principalmente en desapariciones de personas y vidas jamás se había presenciado en nuestra entidad y lo absurdo fueron las muestras del proteccionismo y las palabras de afecto y amistad que el entonces Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, le prodigaba para liberarlo de cualquier responsabilidad ante el desastre que heredaba a la actual administración.

Y la llegada de aviones así como el arribo de alijos cargados de cargamentos de drogas al litoral quintanarroense, convirtieron a la entidad en una zona de guerra entre las grandes organizaciones criminales ante las facilidades que les brindaron desde la Policía Quintana Roo que dirigió Jesús Alberto Capella Ibarra.

Para ello desmantelaron puntos claves de vigilancia en la zona Sur y Centro del estado, para el fortalecimiento económico y el empoderamiento nacional del cártel de Caborca.

Además dejaron funcionar un centro de control y confianza del crimen instalado en la ciudad de Chetumal que era alimentado por más de 50 cámaras instaladas en las principales calles y avenidas de la ciudad capital.

Un aparato protector implementado por las diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, propiciaron que el poderoso cartel de Caborca, mantuviera el control del arribo de aeronaves en dónde se incluían las pistas de los aeropuertos de Chetumal, Cozumel, y las pistas artesanales de Tulum, Majahual y Pulticub. Y en esas operaciones el asesor del gobernador, Fuentes Rivera fue pieza clave y estratégica para desarrollarlas de la mano del gobierno Joaquinista.

Los negocios para un gran sector del aparato gubernamental tomaron brotes de escándalo y a la par la figura de Nahum Fuentes cobraba mayor relevancia pues se revelaban sus nexos con el crimen organizado al señalarlo de fungir como el operador principal para asignar terrenos en dónde se construían pistas clandestinas para el aterrizaje de aeronaves con cargamentos de droga sudamérica.

Y todo ello con la venía del gobierno del estado en turno y contando con la protección de elementos adscritos a la Policía Quintana Roo y Policía Ministerial de Investigación.

Gracias a ese manto de protección oficial llegaron a bajar hasta una avioneta diaria en varios puntos de la Riviera del Río Hondo, principalmente en terrenos cañeros de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco.

El grado de impunidad llegó a su máxima expresión cuando sin recato alguno y en presencia de cuerpos de seguridad aterrizaron el cinco de julio del 2020, en el tramo carretero Polyuc-José María Morelos el jet Hawker 700, que venía cargado con más de una tonelada de droga.

Lo aterrizaron en esa importante vía que comunica los estados de Yucatán y Quintana Roo, tras el cierre y blindaje que llevaron a cabo por parte de la Sedena en los aeropuertos de Chetumal y Cozumel, mismo que los obligó a tomar esa drástica medida.

Cargaron con la droga que transportaban y el único cuerpo de seguridad que los enfrentó fueron soldados destacamentados en la 34 Zona Militar con base en la ciudad de Chetumal.

Sin embargo y pese al sellamiento militar en la zona centro y Sur de la entidad, el cártel de Caborca apoyado por autoridades de Quintana Roo y algunas beliceña trasladaron sus aterrizajes a la zona colindante de ese país vecino con la rivera del Río Hondo.

La administración joaquinista entraba a la recta final de su gestión, el poder y su cercanía con la 4T les propiciaban un poderoso blindaje de impunidad, pese a que la llegada de toneladas de droga a la zona Sur, incrementaba el derramamiento de sangre en las principales ciudades quintanarroenses.

 

 

Con datos del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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