• Con un presupuesto reducido en 70%, el IFT elimina servicios esenciales y ajusta operaciones para sobrevivir a la transición

 

• Mil 300 trabajadores enfrentan un futuro laboral incierto mientras se define el destino del instituto y sus funciones

 

Redacción / CAMBIO 22

Para sobrevivir en la transición, que podría prolongarse hasta el segundo semestre del año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) puso fin a prestaciones de sus trabajadores y a servicios especializados.

Al afrontar un recorte de 70% en el presupuesto de 2025, ya que sólo les asignaron 500 millones de pesos, de los mil 680 solicitados, los comisionados aplicaron ajustes diversos que cancelaron desde el comedor de los empleados hasta el pago de bases de datos requeridas en sus tareas regulatorias.

A diferencia de otros organismos autónomos que habrán de extinguirse este año y que han recibido alguna señal del gobierno respecto al futuro de su personal, en el IFT no hubo, hasta ahora, ninguna directriz sobre la suerte laboral que tendrían sus mil 300 profesionistas de base.

Se trata de abogados, ingenieros y economistas altamente calificados en las tareas técnicas del espectro de las telecomunicaciones, así como en la regulación de las grandes empresas del ramo y de la competencia.

FUTURO INCIERTO

Encargado de conducir, desde 2014, la aplicación de la reforma constitucional que entonces puso fin a las prácticas monopólicas y al alto costo que hace una década tenían los servicios de internet y telefonía, el IFT afronta este año la incertidumbre tanto del destino institucional que tendrán las tareas a su cargo, como el de los expertos que se han encargado de realizarlas.

Si bien en los transitorios de la reforma de simplificación orgánica se perfila que algunas de las obligaciones del instituto serán depositadas en la nueva Agencia de Transformación Digital y otras en el futuro organismo que regulará la competencia económica, se han dado diversas interpretaciones del decreto que profundizaron la preocupación de los funcionarios del IFT en torno a la transición.

En espera de que las leyes secundarias precisen el destino de las tareas que actualmente realiza el IFT y que se especifique si algunas de éstas se asignarán a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como lo adelantó la Presidenta, el colegiado del IFT aplicó medidas extremas de austeridad.

Así, al iniciar 2025, sus mil 300 empleados —quienes desde 2018 no han visto actualizarse sus sueldos— recibieron la noticia de la cancelación del servicio de comedor, del apoyo al teletrabajo y a la telefonía celular, entre otros.

CANCELAN SERVICIOS

Adicionalmente, se dieron por concluidos en el IFT los contratos de asesores por honorarios y eventuales, así como el pago de las bases de datos que se utilizaban para definiciones regulatorias.

Desde diciembre pasado, el instituto determinó medidas para preservar el pago de los salarios durante el tiempo que se prolongue la transición, la cual durará 180 días naturales, es decir medio año, una vez que se cuente con las leyes secundarias que podrían quedar listas entre febrero y abril próximos.

Si esos ordenamientos se concretan al inicio del próximo periodo de sesiones, la extinción del IFT y el traslado de funciones y trabajadores se tendrá que concretar en agosto; este plazo se iría recorriendo en función al momento en que la ley secundaria se apruebe. El límite sería al cierre del periodo legislativo, por lo que la transición, a más tardar, estaría culminando octubre.

Por ello, ante el recorte presupuestal, el colegiado del IFT determinó dejar de realizar la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información que levantaba con el Inegi; el programa ProRadio, que promovía la obtención de concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones en pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como cancelar el gasto en comunicación social y publicidad para las estaciones de radio comunitarias.

DECISIONES DOLOROSAS

Otra determinación que los comisionados tomaron, calificándola de dolorosa, fue la de dejar de pagar el mantenimiento al Sistema Nacional de Información de Infraestructura (SNII) y al Sistema de Administración del Espectro Radioeléctrico (SIAER), lo que afectará las acciones de planeación de despliegue de infraestructura y espectro, al igual que diversas actividades de verificación para regular el mercado y evitar radios piratas.

Sin embargo, los comisionados aun no renunciaron a la aspiración de entregar a las futuras autoridades responsables todo el personal del IFT, asumiendo que así lo mandata la Constitución.

Al respecto, el artículo séptimo Transitorio de la reforma de simplificación orgánica publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre establece que los derechos laborales de los servidores públicos serán respetados en su totalidad.

 

 

 

Fuente: Excélsior

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