Redacción/CAMBIO22

CANCÚN, 23 de diciembre.- La Fiscalía General del Estado (FGE) enfrenta fuertes cuestionamientos tras revelarse graves irregularidades en el manejo de cuerpos no identificados.

Desde el mes de agosto, el colectivo Verdad, Memoria y Justicia, reveló que alrededor de 800 cuerpos permanecen en el Servicio Médico Forense (Semefo) y otros 200 en el cementerio forense, muchos de ellos sin fichas de búsqueda ni expedientes que permitan a las familias reconocerlos.

Lo más alarmante es que la Fiscalía no ha cumplido con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares.

Los colectivos de búsqueda denuncian que los cuerpos en el cementerio forense carecen de expedientes básicos con pruebas genéticas, rasgos físicos y características de vestimenta al momento de ser encontrados, lo que hace prácticamente imposible que los familiares puedan identificarlos al acudir a la Fiscalía.

La presión constante de colectivos de madres buscadoras ha sido clave para visibilizar esta negligencia y forzar a las autoridades a tomar acciones mínimas.

Gracias a esta presión, recientemente se enviaron 120 muestras de ADN de cuerpos sin identificar para su análisis, lo que podría permitir a más familias encontrar a sus desaparecidos.

Este esfuerzo ya dio un resultado notable en el caso de Francisca Mariner, cuyo cuerpo permaneció cuatro años y medio en el Semefo sin ser identificado.

Solo ahora, tras la insistencia de su madre, María Dolores Pat, presidenta del Colectivo Madres Buscadoras, se compararon las muestras de ADN, permitiendo que finalmente sus restos regresaran a casa.

Sin embargo, este caso también evidencia el profundo desorden y desinterés de la Fiscalía en atender a las familias de desaparecidos. ¿Cuántos otros cuerpos permanecen en el abandono forense debido a la inacción y negligencia institucional?

Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda exigen que la FGE cumpla con sus responsabilidades legales y garantice que todos los cuerpos no identificados cuenten con expedientes completos.

Es inadmisible que la falta de registros básicos prolongue el dolor de las familias y retrase la justicia para las víctimas.

La Fiscalía General del Estado tiene una deuda histórica con las familias de desaparecidos. Su inacción no solo evidencia incompetencia, sino un desprecio por las vidas que han sido arrebatadas y por quienes buscan incansablemente a sus seres queridos. ¿Será este un punto de inflexión o solo otro capítulo de negligencia institucional en Quintana Roo?

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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