Gobierno De Hernández Solís Discrimina A Mujeres Mayas En El Mercado “Lic. Benito Juárez García” De Felipe Carrillo Puerto

• Necesariamente Incómoda

•  Las víctimas hacen un llamado a la gobernadora de Quintana Roo para evitar que se consume un atropello más a su derecho al trabajo

• Elvira fue activista de Mary Hernández para su reelección

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

20 de diciembre-. La administración municipal en Felipe Carrillo Puerto sigue reflejando la personalidad discriminatoria y excluyente de la presidenta municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís, a quien no le importa la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y permite que discriminen a las mujeres indígenas que se dedican a vender productos de la región en el interior del mercado o en la vía pública y solo le interesa el dinero, no importando que sean unos cuantos pesos que pagan las personas que se dedican a vender diversos productos pero que para estas mujeres representan mucho, como el sustento para sus hijas.

El desprecio hacia las mujeres indígenas del gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto se está documentando con los casos de las indígenas mayas, originarias de Tixcacal Guardia, Elvira Chan Baas, de 42 años y su madre, Elena Baas Dziz, de 69 años, quienes han pasado gran parte de su vida vendiendo sus productos en el mercado y ahora, la administración municipal ha decidido expulsarlas “por conflictivas”, sin tener elementos jurídicos para privarlas de su derecho al trabajo como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 5.

Es importante mencionar que las disposiciones municipales mencionadas, violan los principios constitucionales y convencionales de igualdad de oportunidades y de trato, así como la obligación que tienen las autoridades de eliminar los obstáculos que limitan el derecho al desarrollo y su participación en la vida económica. En otras palabras, las mujeres indígenas mayas son víctimas de la concomitante discriminación interseccional, según la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Elvira tiene 30 años de vender en el mercado, prácticamente allí creció, recuerda que su mamá, doña Elena, la llevaba a vender desde muy niña, por lo que, al cumplir los 12 años, empezó a vender verduras de la región.

Hace 20 años tanto la hija como la madre se involucraron en un movimiento al interior del mercado para conseguir mejores condiciones laborales, ya que expendían sus productos en el piso, entonces el presidente municipal en turno, dio órdenes para que se les construyeran unas mesetas al fondo del mercado para que allí con más comodidad e higiene pudieran expender sus productos, lo que permitió el reordenamiento del mercado y mejorar en algo las condiciones de las mujeres vendedoras que vienen de diferentes comunidades del municipio a vender las verduras y yerbas que ellas mismas o sus familias, producen.

Durante la pandemia de COVID 19, el gobierno municipal y las personas locatarias acordaron que no pagarían la cuota diaria para poder vender sus productos dada la situación económica de ese entonces, sin embargo, al concluir el periodo de la pandemia, se reanudó el cobro de manera normal, pero el periodo no pagado, por acuerdo con las autoridades, quedó como deuda.

Posteriormente, las personas locatarias del mercado determinaron no pagar la cuota diaria mientras la autoridad no desalojara a los vendedores ambulantes instalados frente al mercado; luego de un acuerdo, se reinició el pago normal, sin embargo, los días no pagados, a pesar de los convenios con el gobierno municipal siguen como deuda de las vendedoras.
El conflicto con Elvira y Elena, así como con otras vendedoras originarias de comunidades mayas, se recrudeció hace unas semanas, precisamente el ocho de noviembre pasado, cuando por medio de un oficio, el nuevo coordinador del Mercado Municipal, José Mercedes Zen Dzul, les comunicó que su deuda por el derecho de uso del mercado ascendía a cuatro mil 425 pesos; también las citó personalmente para informarles el monto de su deuda con el gobierno de Hernández Solís, además, les advirtió que si no pagaban las amenazó con impedirles el paso al mercado.

Lograron negociar con el referido servidor público municipal que pagarían de esa deuda la cantidad de mil 800 pesos cada una, en parcialidades; no obstante, por una queja de una de las vendedoras de recién ingreso que tuvo diferencias con doña Elena, por el área de venta, el administrador las volvió a llamar y les dijo que pagaran toda su deuda en un solo pago o de lo contrario que se salieran del mercado.

Pasaron los días y les dejaron de cobrar los cinco pesos diarios por hacer uso del mercado, cuando le preguntaron a la encargada por que no les cobraba su cuota diaria, les dijo que tenía instrucciones del administrador de ya no cobrarles.

Al cuestionar al administrador la razón del no cobro, le informó que ya no le cobraría porque tenía una denuncia penal y que pronto irían los fiscales a verla.

Después de una semana, llegaron los fiscales y le indicaron que tenía hasta la noche de ese día para recoger su mercancía y ya no presentarse a vender al día siguiente.

Las razones que expuso el administrador es que Elvira como su mamá son dos mujeres conflictivas y que los locatarios le han pedido que las saque del mercado, lo cual ella lo niega, porque del tiempo que lleva de vendedora, en ningún momento algún locatario o locatario se a acercado a ella o a su mamá a decirles que se vayan del mercado porqué son conflictivas, por lo que considera que se trata de decisiones que está tomando el administrador del mercado por iniciativa propia o por indicaciones de sus superiores.

Aprovechó la ocasión para quejarse de las malas condiciones en que se encuentra el mercado, principalmente el área de las mesetas donde a ellas les toca vender, porque no cuentan con agua ni con energía eléctrica y cuando llueve el techo gotea por todos lados y su mercancía se les moja, “cae más agua del techo que la que cae afuera de la lluvia”.

Al cuestionar al administrador del porque no quita a los vendedores ambulantes que se instalaron frente al mercado, lo que provoca la baja venta de quienes expenden al interior del mercado, le dijo que eso a ella no le importa, porque, además, no sabe de derecho y él sí.

Elvira dijo que ella no sabe de leyes, pero si sabe que tiene derecho al trabajo y a que no la discriminen, como lo está haciendo el gobierno municipal, solo por el hecho de ser mujeres indígenas cuya lengua materna es el maya.

Recordó que cuando llegó a la presidencia municipal Maricarmen Hernández Solís incrementó les incrementó el pago diario por el uso del mercado de dos pesos a cinco pesos, por lo que la referida deuda, que no tiene razón de ser por los acuerdos con la misma autoridad municipal, se ha incrementado.

También expresó que Mary Hernández debe hacer memoria que Elvira fue su activista durante la campaña para la reelección en su comunidad, por lo que dejó de cocinarle a sus hijas para ir a hacer el trabajo de proselitismo a su favor, por lo que le ofrecieron pagarle 500 pesos, pago que solo le dieron en tres ocasiones y del resto de días que le trabajó ya nadie se quiso hacer responsable.

Elvira y su mamá, Elena, viven en la incertidumbre, porque en cualquier momento, el administrador del mercado, cumple su amenaza de embolsar sus verduras y sacarlas a las calles, para impedirles la entrada de manera definitiva.

A sus 42 años, Elvira es viuda tiene a su cargo a tres de sus cuatro hijas, una estudia bachillerato y dos en la primaria, ella es la responsable de todos los gastos de su familia, por lo que, si la llegan a expulsar del mercado, se quedará sin el pequeño ingreso que tiene que son aproximadamente 300 pesos diarios, el cual lo gasta en transporte y alimentación.

Ante el riesgo de perder su fuente de ingreso familiar, le hizo un llamado a la primera mujer gobernadora de Quintana Roo. Mara Lezama Espinoza, que intervenga a su favor para evitar que se consume esta infamia y violación de los derechos humanos de dos mujeres indígenas mayas que no son delincuentes y que solo buscan trabajar legalmente.

Lo anterior por que tanto Elvira como su madre buscaron apoyo en la Comisión de Derechos Humanos acá en Felipe Carrillo Puerto, pero ni caso les hicieron, así lo refieren.

redaccion@diariocambio22.mx

OSM/MA