Justicia Burlada: a Pesar de Multas Superiores a 100 mil Pesos Sigue el Desacato de Funcionarios de la Fiscalía de Tulum

Redacción / CAMBIO 22

TULUM, 16 de diciembre. Los despojos realizados en la zona hotelera de Tulum han sacado a la luz un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios de la Fiscalía General del Estado.  Por incumplir órdenes judiciales, el fiscal José Luis Pimienta Salvador fue sancionado con una multa de 108,570 pesos mexicanos y un arresto administrativo de 36 horas. Asimismo, Guillermo Domínguez Espinoza, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales, recibió una multa de 21,714 pesos por no supervisar el cumplimiento de las órdenes judiciales. Un Juez de Control instruyó a la Fiscalía Anticorrupción abrir un expediente para investigar la actuación de ambos funcionarios.

Aunque estas sanciones buscan frenar el evidente desacato y la complicidad que han obstaculizado la restitución del predio a su legítimo propietario, Federico Paterniti, fueron insuficientes y el pasado jueves a pesar de haber sido ordenada la restitución del predio, simplemente no se presentaron.

Este caso es un claro ejemplo de cómo opera el llamado “Cártel del Despojo,” una red de intereses oscuros que utiliza a funcionarios públicos para despojar a propietarios legítimos de bienes valuados en millones de dólares.

La víctima, un empresario italiano naturalizado mexicano, fue expulsado violentamente de su propiedad el 6 de junio de 2024, cuando un grupo de policías, actuarios sin identificación y personas no autorizadas invadieron el predio sin presentar documentos legales.

A pesar de las resoluciones judiciales que declararon ilegal este despojo, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Quintana Roo han bloqueado sistemáticamente la restitución del inmueble. En múltiples ocasiones, se han excusado con argumentos como la supuesta no localización del predio, mostrando una falta de lógica que refleja la corrupción endémica del sistema judicial.

El pasado jueves 12 de diciembre, la justificación de las autoridades judiciales y de seguridad pública para no acudir a la diligencia fue un supuesto amparo, sin mostrar documento al respecto. Un día después se confirmó que no había ningún amparo firme al respecto, por lo que solo quedó en evidencia la colusión de las instituciones.

Ante estos desacatos, se ha notificado a la Fiscalía Anticorrupción para investigar las irregularidades. Asimismo, se advirtió que, de persistir la negativa, se autorizará el ingreso provisional de la víctima al predio para garantizar sus derechos.

Este escándalo no es un caso aislado. Propiedades como Posada Margherita, Posada La Mar y La Eufemia, entre otras en la zona hotelera de Tulum, han sido arrebatadas a sus dueños mediante falsificación de documentos, prestanombres y la complicidad de funcionarios judiciales.

Decenas de trabajadores han perdido sus empleos mientras que  las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos están al servicio de redes de corrupción.

Este caso, radicado en el expediente FGE/QROO/BJ/04/8423/2024 evidencia irregularidades en el actuar de diversas instancias. Pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado, las autoridades han mostrado inacción, permitiendo que el despojo se consolide. Diversos testimonios señalan que las instituciones encargadas de impartir justicia han favorecido a los invasores, quienes aparentemente cuentan con respaldo político y financiero. La respuesta de la Fiscalía ha sido lenta y omisa, a pesar de que los afectados aportaron pruebas documentales que demuestran su legítima propiedad.

En consecuencia, Federico Paterniti, ha interpuesto un juicio de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Quintana Roo para denunciar una serie de actos que, según argumenta, violan sus derechos humanos y jurídicos. Paterniti reclama el aseguramiento ilegal y posterior desalojo con uso de la fuerza pública de un terreno ubicado en el kilómetro 4.5 de la carretera Tulum-Boca Paila. Estos actos fueron ejecutados por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y otras autoridades.

Organizaciones civiles han denunciado que este caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón recurrente en la zona, donde se permite el despojo de tierras bajo la sombra de la especulación inmobiliaria. Los afectados, respaldados por abogados y activistas, exigen la intervención de instancias federales y organismos internacionales para garantizar justicia y frenar la corrupción que afecta a una de las regiones más turísticas del país.

redaccion@diariocambio22.mx

GPC