Corrida de Cancún, Red Ambiental Refugia su Negocio en la Recoja de Basura de Puerto Morelos

CAMBIO 22

PUERTO MORELOS, 3 de julio.- Mientras que en el municipio de Benito Juárez se encuentra prácticamente fuera de la recolección de basura por determinación de la justicia federal, que falló en contra de la administración de Mara Lezama Espinosa en el juicio de amparo promovido por la empresa Intelligencia México, la empresa Red Ambiental encontró refugio en el municipio de Puerto Morelos, gobernado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que le entregó la concesión para recoger la basura durante lo que resta de la administración de Blanca Tziu Merari.

La concesión fue otorgada a la empresa en sesión del cabildo de Puerto Morelos del pasado 11 de junio, con el compromiso de pagar una cuota de 1,290 por tonelada de basura recolectada, lo cual significa el pago de alrededor de 65 millones de pesos a la empresa por los 28 meses que restan de concesión.

Como la concesión no excede del período del ayuntamiento encabezado por Blanca Merari Tziu, la misma no tiene que ser ratificada por el Congreso del Estado, sino sólo por la comuna.

Esto sucede mientras que la empresa Red Ambiental pierde el jugoso negocio que le representa la recolección de basura en Cancún, debido a que el pasado 15 de junio, el Juez Cuarto de Distrito otorgó en definitiva el amparo a la empresa Intelligencia México para que recupere la concesión de la recolección de basura que le había quitado la administración municipal de Benito Juárez encabezada por la alcaldesa Mara Lezama Espinosa, hoy gobernadora electa del estado de Quintana Roo.

La recoja de basura en Cancún era un jugoso negocio para Red Colector S. A. de C. V., razón social de Red Ambiental, empresa regiomontana que se ha vinculado a Jorge Emilio González Martínez, el dirigente real del PVEM, y que cuando entró a prestar el servicio en Cancún lo hizo cobrando 730 pesos por tonelada recogida, el doble de lo que cobraba Intelligencia México, que era de 372 pesos.

La incursión de Red Ambiental en el negocio de la basura en Quintana Roo inició con la crisis en el servicio de Cancún, que estalló en noviembre del 2020 debido a las ineficiencias sistemáticas de la empresa Intelligencia México, propiedad del cuestionado exalcalde de Benito Juárez Carlos Canabal Ruiz.

Entonces, el Cabildo de Benito Juárez, decretó una contingencia ambiental y rescindió las actividades de la concesionaria Intelligencia México por incumplir con el contrato, y dos días después Red Ambiental fue contratada de manera temporal hasta el último día de 2020.

Sin embargo, el 1 de enero de 2021 se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria de Cabildo, en la cual se aprobó otorgar la concesión Red Ambiental del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, es decir, lo que restaba de la primera administración de Mara Lezama, por un monto total de 260 millones de pesos, considerando un precio de 730 pesos por tonelada.

Para junio del 2021 el gobierno municipal de Benito Juárez sufrió su primer revés en los tribunales, porque el Juez Cuarto de Distrito amparó a Intelligencia México debido a las irregularidades y omisiones cometidas en el procedimiento de cancelación de la concesión por los funcionarios de la administración de Mara Lezama.

Pero el gobierno municipal recurrió al derecho que tenía de impugnar la resolución del juez ante un tribunal colegiado, y decidió mantener los servicios de Red Ambiental, inclusive, para el segundo período de Mara Lezama, iniciado el  30 de septiembre de 2021

Sin embargo, luego de que en los primeros días de junio el Tribunal Colegiado emitió su resolución, favoreció a Intelligencia México y el Juzgado Cuarto de Distrito emitió una nueva resolución ratificando el amparo otorgado a esa empresa y ordenando a la administración de Mara Lezama devolverle la concesión de la recolección de basura y retirar a Red Ambiental.

Actualmente el gobierno municipal de Benito Juárez está emplazado por el Juzgado Cuarto de Distrito para cumplir de manera inmediata la sentencia del amparo, bajo la advertencia de medidas de apremio y sanciones en caso de ocurrir en desacato,

Pero Red Ambiental encontró dos días antes de este fallo adverso su refugio en el municipio de Puerto Morelos, porque el 12 de junio le dieron su concesión para recoger la basura durante la administración de la alcaldesa Blanca Merari Tziu.

Dicha concesión se otorgó luego de realizarse una licitación pública nacional en condiciones poco transparentes, pues no se publicó en los espacios de transparencia del ayuntamiento, por lo que desde el principio se consideró a modo para formalizar la entrega del contrato a Red Ambiental.

La licitación se lanzó en febrero, mismo mes en el que debía finalizar, pero tuvo varias prórrogas desde hasta que finalmente se hizo concluir.

Pero con esto sólo se formalizó el contrato de la empresa regiomontana, pues desde el 15 de octubre de 2021 se le había entregado un contrato provisional para que recogiera la basura en Puerto Morelos, usando la misma fórmula que se inventó el cabildo de Benito Juárez, pues el cabildo portomorelense declaró la existencia de una “emergencia ambiental por el acumulamiento de desechos sólidos” que ocurría ante la falta de recolección de los mismos.

Entonces, el contrato fenecería el 31 de diciembre de 2021 y el pago por tonelada de basura recogida era de 1,500 pesos, pero siguió prestando el servicio después de esta fecha y durante los cinco meses del 2022 que transcurrieron hasta que se le otorgó la concesión formal.

Hasta el 31 de diciembre de 2021, el ayuntamiento de Puerto Morelos pagó a la empresa Red Ambiental más de 6 millones de pesos por los tres meses de recolección, es decir, 2 millones de pesos mensuales, por lo que varias voces señalaron que con ese dinero se podría haber comprado 3 camiones recolectores para prestar el servicio directamente.

Algo más que el mismo promedio ha cobrado por los cinco meses que prestó el servicio en 2022, es decir, alrededor de 10 millones de pesos, y el cálculo realizado por el período de 28 meses de concesión se calcula en 65 millones de pesos.

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