Mafia Agraria e Inmobiliaria Destruyen Selva Maya, Acusan Indígenas de Los Chenes

Redacción/ CAMBIO22

San Francisco de Campeche, Cam., 1 de diciembre.- El extractivismo inmobiliario está generando diferentes afectaciones socioambientales,  principalmente a las comunidades indígenas periféricas a los polos de desarrollo urbano, acusó Irene Viridiana Che Dzib, activista del Colectivo de Comunidades Mayas de Los Chenes.

“Entre sus afectaciones se encuentra el despojo del territorio y del patrimonio biocultural de las comunidades mayas, que se da a partir de la privatización, mercantilización de tierras ejidales, muchas veces a través de engaños en complicidad con instituciones agrarias, lo cual ha sido caracterizado como mafia agraria”, denunció.

Expuso que un ejemplo claro es el caso del estado de Yucatán, en donde, de acuerdo a datos gubernamentales, en 2020 tuvo un crecimiento de 18.7% en su población comparado al 2010, llegando a los 2 millones 320 mil 898 habitantes, lo que ha generado la especulación en materia inmobiliaria.

Dijo que  Mérida se posiciona como el municipio más poblado, con 995 mil 129 habitantes, pero el  crecimiento masivo ha traído consigo muchas afectaciones, como es el caso de los costos elevados de servicios públicos y la demanda de mayor infraestructura, así como una mayor demanda en materia de servicios básicos  de agua potable y energía eléctrica.

Sin embargo, los llamados desarrolladores inmobiliarios han visto esto como una gran oportunidad de negocios, y en complicidad con las autoridades irresponsables están especulando con predios ejidales y reservas ecológicas.
Mediante sus técnicas de green marketing el extractivismo urbano,  promueve el paisajismo verde,  que se basa en la afectación y modificación de los montes, de los cenotes y las costas, con el fin de convertirlos en polos urbanos y desarrollos turísticos, que agreden el entorno ecológico y desplazan a los propietarios originales de la tierra.

El crecimiento urbano, dijo Che Dzib, no puede ser a costa de la destrucción de la naturaleza, por lo que es urgente generar mecanismos de justicia socioambiental respetando el derecho de los pueblos indígenas y de la naturaleza; respetando su guardianía sobre su patrimonio biocultural.

Proporcionar  justicia socioambiental implica reestructurar las relaciones sociales y el modelo de desarrollo urbano, por un modelo más justo en términos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales, que evite sobre todo la marginación, el empobrecimiento, desplazamiento y despojo de las comunidades indígenas, puntualizó Che Dzib.

Cabe hacer mención que, en Campeche tiende a replicarse la problemática que se vive en Yucatán, en donde en torno a Mérida, la capital del estado, proliferan los proyectos de privadas y fraccionamientos que se construyen sobre tierras arrebatadas a pueblos y ejidos –en más de un caso, mediante la adulteración de títulos y permisos, y haciendo gala de un blindaje político que no se disimula–. Y las superficies de selva arrasada se han vuelto una constante a la sombra de avisos de comercializadores que publicitan las bondades de sembrar con ladrillos y concreto los ecosistemas aún de pie del sureste del país.

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LRE