► Al aplicarse el cobro del Derecho de No Migrante a cruceristas, que pretende el gobierno federal, estos visitantes erogarán 42 dólares más por visitar México a partir del 2025

► Se sumarán a los 5 dólares que ya le va a cobrar el estado de Quintana Roo por visitar Cozumel y Majahual

► Los ingresos federales se irán en su mayoría a subsidiar los aeropuertos y el Tren Maya en manos de la Sedena

► Los ingresos estatales irían a un fondo de desastres, infraestructura y participaciones municipales

► Podrían perderse hasta casi mil millones de dólares en derrama económica si las navieras cumplen la advertencia de desviar sus rutas

 

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de noviembre.- Son dos los impuestos, uno federal y uno estatal, los que pagarán los turistas que lleguen en cruceros a Quintana Roo como primer estado que toquen en México a partir de enero del 2025, con la aplicación de la nueva medida que pretende adoptar el gobierno federal para aumentar los ingresos que serán destinados a subsidiar los proyectos de transporte puestos en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como aeropuertos y el Tren Maya.

La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) y la Caribbean Cruise Association (FCCA) ya advirtieron que esos cobros representarán un sobrecosto de 47 dólares, casi mil pesos a valores actuales, para los turistas de cruceros, de los cuales 5 dólares son del derecho local a pasajeros de cruceros que cobrará el gobierno de Quintana Roo a partir del 2025, ya acordado previamente con las navieras, a los cuales se sumarán ahora 42 dólares del Derecho de No Migrante que cobrará el gobierno de México para financiar sus subsidios a las empresas administradas por la Sedena.

Ambas asociaciones advirtieron que será el nuevo gravamen federal, que es el más oneroso, el que podría provocar un cambio en las rutas de las principales líneas de cruceros a partir de 2026, con una importante reducción en los arribos de buques, porque además el pago del derecho local ya estaba acordado previamente con el estado de Quintana Roo, pues su cobro se aprobó desde un año antes y las navieras aceptaron colaborar en su recaudación con acuerdos firmados en agosto pasado.

Ambas asociaciones advirtieron que el incremento en costos migratorios elevaría los gastos de desembarque en hasta un 213 % en comparación con otros puertos de la región del Caribe, alejando a México del mercado turístico global.

Recordaron que actualmente los pasajeros de cruceros llegan bajo el régimen de exención del pago del derecho de tránsito, conocido como Derecho de No Migrante (DNR).

Sin embargo, la eliminación de esta exención y la imposición del nuevo derecho federal, combinado con el gravamen de 5 dólares que aplicará el estado de Quintana Roo a los cruceros que lleguen a Cozumel y Majahual a partir de 2025, incrementaría el costo total a 47 dólares por pasajero, que en valores actuales son 954 pesos, que irán sumados al costo de su viaje.

 

El nuevo cobro federal a cruceristas

El cobro federal se trata de la eliminación de la exención que tenían los turistas de cruceros del pago del Derecho de No Migrante, que hasta ahora sólo se cobra a los visitantes extranjeros que se internan en el país por tierra más de 7 días o llegan vía aérea.

Durante varios años, los cruceristas que llegaron a México gozaron de una exención en su arribo al país, pues no pagaban la emisión de un documento migratorio al no pernoctar en tierra, y permanecer en aguas mexicanas un periodo corto, lo cual se terminará con la reforma a la Ley Federal de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados y que está en revisión en la de Senadores.

El dictamen de la reforma aprobada dice: “(Se) elimina la exención del pago del derecho por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional, con fines turísticos, por vía marítima a bordo de buques de crucero, prevista en el inciso b), fracción II del artículo 11 de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de garantizar un control migratorio eficiente y mejorar la recaudación de los derechos migratorios”.

El cobro está establecido en el artículo 8 de la Ley Federal de Derechos, con el concepto de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, y para el 2025, además, la tarifa se incrementa de 717 pesos a 860.56 pesos, que equivalen a 42 dólares al tipo de cambio actual.

En el artículo 11 se elimina a los pasajeros de cruceros de las personas extranjeras exentas de este pago, y sólo se mantiene a la tripulación de los barcos, que tampoco tendrán que pagar el derecho local que cobrará el estado de Quintana Roo.

Estos recursos también están etiquetados por el gobierno federal, pero ya no se usan para la promoción turística y el Instituto Nacional de Migración (INM) como antes, pues por efecto de una reforma promovida meses atrás por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, este año su totalidad se ha ido a subsidiar los proyectos de transportes puestos en manos de la Sedena, como aeropuertos y el Tren Maya.

Sin embargo, a partir del 2025 esto se reducirá, pero aun así el 67 % del Derecho de No Migrante se irá a la Sedena y el 33 % restante será ingresado a la Tesorería de la Federación como recursos sin destino específico para el gasto público.

A diferencia de los impuestos, los estados no reciben participaciones por los derechos que se recauden en sus territorios, así que Quintana Roo no recibirá un solo peso por el cobro que se haga a los turistas de cruceros que tengan como primer puerto mexicano a Majahual o Cozumel.

Adicionalmente a esto, la contribución que hacen los aeropuertos privados, que entregan el 9 % de sus ingresos brutos como contraprestación de sus concesiones, será ahora parte del capital de las Fuerzas Armadas, que se dividirán el 60 % para la Sedena y el resto para la Secretaría de Marina, ambas instituciones involucradas en el control aeroportuario, otra medida destinada a aumentar los subsidios a los proyectos iniciados en el sexenio anterior.

 

El cobro del estado a los pasajeros de cruceros

En cuanto al cobro del Derecho a Pasajeros de Cruceros que realizará el gobierno del estado de Quintana Roo, éste se aprobó desde diciembre del 2023 como parte de las reformas incluidas en el Paquete Económico para el 2024, donde se estableció que será aplicable a partir de enero del 2025 y será de 5 dólares por crucerista, es decir, 101.5 pesos al tipo de cambio actual.

Las navieras se encargarán de cobrarlo a sus pasajeros y trasladarlo a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), y para eso el pasado mes de agosto el gobierno del estado y las navieras firmaron un convenio de colaboración.

El cobro a los pasajeros de cruceros se justifica como un derecho por el uso y goce de los bienes del dominio público del estado, y su recaudación se dirigirá principalmente a un fondo para atención de desastres naturales, el desarrollo de infraestructura y para dar participaciones a los municipios receptores de trasatlánticos, que son Cozumel y Othón P. Blanco.

Las autoridades quintanarroenses pretenden que dicha cantidad sea cobrada al momento de la compra del pasaje, retenida y enterada por las empresas navieras que se dediquen a la actividad de cruceros turísticos, por sí o por medio de sus agentes consignatarios.

Dicha contribución se aplicará únicamente a los pasajeros de los cruceros, pues exenta a la tripulación de la embarcación, y la acreditación del pago exime al turista de cruceros de pagar el derecho a los visitantes extranjeros o Visitax, por lo que no tendrá que hacer una doble contribución estatal, y de hecho pagarán menos, porque la tarifa del derecho del Visitax es de 2.50 UMA, que a valores actuales equivale a unos 13 dólares.

Los ingresos que se obtengan de esta recaudación están etiquetados de la siguiente manera:

1.- 30 % al Fideicomiso para la Atención de Desastres Naturales (Faden).

2.- 70 % al Fideicomiso para la Infraestructura Turística.

3.- Participación a los municipios de Cozumel y Othón P. Blanco, para fortalecer sus capacidades de brindar servicios.

Impacto de la medida fiscal federal

Según las cifras de las secretarías de Turismo federal y estatal, hasta el tercer trimestre del 2024, es decir, septiembre, Quintana Roo lleva recibidos 5 millones de turistas de cruceros, que representan el 70 % de los turistas captados en esta modalidad por el país, que son poco más de 7 millones, por lo que los puertos del estado podrían cerrar el 2024 con la recepción de poco más de 7 millones de cruceristas, mientras el país alcanzaría los 10 millones.

Si cada crucerista que llega a Quintana Roo tocara aquí su primer puerto en México, pagaría los dos derechos, el federal y el estatal, lo que hace pensar en una recaudación de hasta 294 millones de dólares, equivalentes a 5 mil 968 millones de pesos, en ingresos para la Federación, y de hasta 35 millones de dólares, es decir, 710 millones 500 mil pesos, para el estado.

Para todo México, la recaudación del derecho federal por turista de crucero al año podría ser de 420 millones de dólares, es decir, 8 mil 526 millones de pesos.

Sin embargo, a diferencia del acuerdo que las navieras tienen para pagar al derecho estatal, han rechazado abiertamente el cobro federal, que es más oneroso, y han advertido que desviarán las rutas de sus barcos hacia otros destinos del Caribe para no tocar puertos mexicanos.

Si cumplen su amenaza, los números alegres de las proyecciones de recaudación fiscal no se cumplirán y además se perderían hasta 560 millones de dólares, equivalentes a 11 mil 368 millones de pesos, en derrama económica para los destinos de cruceros de Quintana Roo, considerando que cada turistas tiene un gasto de 80 dólares en promedio.

Para México, podría representar la pérdida de ingresos para la economía nacional de 800 millones de dólares, equivalentes a 16 mil 240 millones de pesos, a los que habría que sumar la pérdida de los millonarios ingresos fiscales que, obviamente, no se obtendrían.

Como podrá notarse, además, el costo de los nuevos impuestos representa más de la mitad de lo que gasta en promedio un turista de cruceros en México.

Por eso, la Amanac afirma que el cobro del Derecho de No Migrante a los cruceristas “pone en riesgo la competitividad de los puertos mexicanos, así como los beneficios económicos generados por la industria”.

“El sector de cruceros aporta aproximadamente mil millones de dólares anuales en gastos directos, genera más de 20 mil empleos y contribuye con más de 200 millones de dólares en salarios”, añade.

Aseguran que si no se revierte este cobro, México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3 mil 300 escalas de buques en 2025, impactando directamente a las economías locales de los puertos turísticos y a miles de pequeños proveedores y empresas nacionales, los mismo que advirtieron las navieras agrupadas en la FCCA, que también recordó que la industria de cruceros representa el 40 % del Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Quintana Roo.

Ni qué decir de lo que sería de la economía de Cozumel, el principal destino de cruceros de México, cuyas empresas y familias dependen totalmente de esa actividad, así como de Majahual, cuyas poblaciones se verían sumidas en crisis terminales.

La FCCA también advirtió que el nuevo impuesto federal pone en peligro las inversiones de la industria de cruceros en el país, y en este sentido hay que recordar que en Quintana Roo la naviera Royal Caribbean pretende invertir 600 millones de dólares para desarrollar el concepto Perfect Day México en Majahual, incluyendo la compra del muelle del Puerto Costa Maya.

No obstante lo anterior, existen pocas probabilidades de que el Senado de la República cambie la reforma que le envió la Cámara de Diputados, porque al gobierno federal le urge subsanar la falta de recursos para continuar con el subsidio de los proyectos de infraestructura prioritarios heredados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que todo indica que el cobro del Derecho de No Migrante a los cruceristas se va a aplicar sin más a partir del próximo año, con impactos por esperar.

 

franciscohcambio22@gmail.com

JFCB