Estado Atribuye Suicidios de Mujeres en Cefereso 16 a Abandono y Sentencias Judiciales; Organizaciones Denuncian Aislamiento


En 2021, el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador realizó modificaciones a los contratos de ocho prisiones privadas del país con el objetivo de ahorrar más de 41 mil millones de pesos.

Los contratos fueron celebrados en la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares, para la construcción y operación de ocho penales.

López Obrador señaló en ese entonces que se trataba de contratos “leoninos”por ser “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo”.

Tras esta medida, se intensificó el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) de penales estatales a penales federales, incluidos los ocho privados, con el pretexto de “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios del país”.

Las autoridades realizaron los traslados sin seguir el protocolo y concentrando gran parte de los traslados en los mismos penales privados criticados por el gobierno federal, que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre las personas afectadas se encontraban mujeres de distintos centros penitenciarios de Sonora, quienes en septiembre de 2022 fueron trasladadas al Cefereso 16 en Morelos, a más de dos mil kilómetros de sus hermanas, madres, hijas e hijos, abuelas, familiares y abogados.

Tan sólo dos días después del traslado más de 400 mujeres recluidas en el centro penitenciario se intoxicaron con la comida del lugar, de las cuales sólo cinco fueron atendidas en el servicio hospitalario.

De acuerdo con Salvador Leyva, abogado defensor de derechos humanos, mientras las mujeres esperan su sentencia dentro de este penal sufren condiciones indignas por falta de atención médica, alimentos insalubres, escasez de agua potable, ausencia casi total de oportunidades laborales y aislamiento de sus familias y redes de apoyo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido dos recomendaciones al respecto. Una por violaciones al derecho a la alimentación, protección a la salud y al trato digno en agravio de las 404 mujeres intoxicadas dentro del penal. Y otra dirigida al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en la que determinó que se vulneraron los derechos humanos a la reinserción social, a la igualdad y a la no discriminación de cinco internas.

En el último documento, la CNDH observó que las cinco mujeres “estaban en riesgo debido a la falta de atención médica especializadas en salud mental y la ausencia de actividades que favorecieran su estabilidad emocional y reinserción social”.