Los Excesos del Gobierno en la Adquisición de Bienes y Servicios!

• Desde el Senado de la República, hasta el gobierno de Quintana Roo.

Ángel Ramírez Hernández/CAMBIO 22

10 de noviembre-. En los últimos años, es más frecuente que instituciones de los tres niveles de gobierno en nuestro país, opten por alquilar servicios y equipo tecnológico con precios muy por encima del costo real, hasta tres veces más caro, del que se pagaría por comprarlos.

Una nota de hoy del Diario Cambio 22, ejemplifica del absurdo que podría ser el mal manejo de las finanzas públicas o incluso el quebranto de ellas, en manos de nuestros funcionarios públicos durante la adquisición de bienes y servicios que a menudo, atentan contra las arcas de la nación.

Es así que el Senado de la república pagará al 31 de agosto del 2025,
54 millones 88 mil 866 pesos por la renta de 2 mil 70 equipos de cómputo y escáneres, el doble o más de lo que saldría en comprarlos.

Y es que analicemos, la Cámara Alta adjudicó de manera directa el contrato a la empresa Sociedad Consultores y Soporte AMD S.A. de C.V. por la renta de los equipos por un plazo de dos años, contados del 22 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2025.

Es decir, desde agosto de 2023, el Senado paga mensualmente dos millones 223 mil pesos 812 pesos en la renta de los 2 mil 70 equipos que, una vez concluido el periodo del contrato, tendrá que devolverlos, ni chatarra quedara para vender.

Según Cambio 22, como lo establece en la página 13 del contrato, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), detalla que el Senado pagó en 2023 nueve millones 612 mil 610 por la renta de los equipos, al finalizar el 2024 habrá pagado 26 millones 685 mil 753 pesos y en 2025 tendrá que erogar 17 millones 790 mil 502 pesos.

De la investigación de la casa editorial, se establece un ejercicio de comparación y compra de los 2 mil equipos, que le hubiera costado al senado 22 millones 864 mil 411 pesos tomando el costo más alto de mercado, es decir, poco menos de la mitad que gastó en rentarlos, ¿En beneficio real de quién, del estado mexicano o del club de Toby?

La plurianualidad del contrato fue autorizada por el maestro Mauricio Farah Gebara, en ese entonces secretario general del Senado de la República y hoy secretario de la Cámara de Diputados.

Pero vayamos a lo estatal, al gobierno de Carlos Joaquín González, este gobernante, poco querido en la entidad, con su programa “Quintana Roo Seguro” que reconocía como el de ahora, mala percepción social en seguridad, realizó un contrato de arrendamiento por 2 mil 900 millones de pesos para rentar cámaras y equipamiento de seguridad.

En el 2018 se informaba que el Congreso de estado autorizaba al Gobierno Joaquinista, realizar un contrato de arrendamiento por 2 mil 900 millones de pesos para adquirir, por ese método, 6 arcos de control vehicular, más de mil 800 cámaras, y una red de transporte de datos entre centros de comando, entre otras cosas, para el famoso C5.

El arrendamiento tuvo un límite de 51 meses, y los elementos que se rentaron sirvió para poner en marcha el programa “Quintana Roo Seguro”, que supuso dotar de nuevos elementos tecnológicos al área de seguridad del estado.

La autorización que pidió el Gobierno fue para que, a través de la Secretaria de Finanzas y Planeación, se autorizaran las asignaciones presupuestales suficientes para pagar ese arrendamiento durante 51 meses.

Sin contar con intereses, se trataría de un arrendamiento de alrededor de 60 millones de pesos mensuales aplicados a seguridad, un argumentó que quedó evidenciado, minimizado, con el incremento exponencial de la inseguridad, robos, asesinatos, incluidos de periodistas y defensores de los derechos humanos, secuestros, extorsión; etc.

Según el plan de Carlos Joaquín, el primer paso del Programa “Quintana Roo Seguro” fue para reforzar la seguridad en Benito Juárez, donde se concentraba como hasta hoy, la mayor cantidad de los delitos. La realidad la vio usted amable lector, en Cancún las cámaras de video vigilancia en esa época, y los arcos viales, poco o nada aportaron en el tema de la seguridad estatal, y lo peor, ésta nueva administración en su inicio, encontró el C5 prácticamente desmantelado. Sí, comenzaron de cero en ese y otros rublos.

Con respecto a este tema, el diputado perredista Emiliano Ramos aseguró en su momento que se trataba de dinero que surgió del propio presupuesto del estado, y que no era endeudamiento. “No habrá endeudamiento ni deuda pública alguna dijo el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, que por cierto hoy está encarcelado; Según él, con impuestos se pagó a una empresa, una presuntamente de las de Salinas Pliego, la renta del equipo de vigilancia para la zona norte”.

Con las mismas características con las que el Senado de la República contrató, adjudicación directa, sin licitación. ¿Sirve esta modalidad para pagar favores, campañas?, En el caso del joaquinismo, el contrato no fue heredado a la administración marista, pero que tal el desmantelamiento del C5.

Ya estaremos viendo como le hará esta administración morenista en la adquisición de bienes y servicios. Sé repetirán los mismos esquemas de arrendamiento, y sí es así ¿Se dirá quiénes fueron los afortunados y por qué? Ya lo estaremos analizando.

Fuente: Zona Libre

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