Redacción / CAMBIO22

Isla Mujeres, 8 de noviembre.- Los sellos de aseguramiento colocados por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en el desarrollo turístico SLS Hotels Playa Mujeres, fueron retirados de manera ilegal por un socio de la empresa hotelera, en un claro acto de desacato a la autoridad.

El pasado 5 de noviembre, la Fiscalía aseguró el hotel como parte de una investigación por presuntos actos de despojo y corrupción.

La investigación señala que el desarrollo el cual será operado por la empresa francesa Accor, incurrió en posibles irregularidades en la adquisición de terrenos y en la obtención de permisos, de acuerdo con la carpeta de investigación FGE/QROO/BJ/10/20048/2024.

La medida cautelar, que incluyó la colocación de sellos de aseguramiento en las instalaciones, buscaba evitar la operación del hotel mientras se realizan las indagatorias; pero al día siguiente Moisés El Mann Arazi, socio del desarrollo, y su abogado, Alberto Bazbaz Sacal, acudieron al lugar y retiraron de manera ilegal los sellos.

Funcionarios de la FGE denunciaron el hecho como un acto de desafío a la autoridad, subrayando que el retiro de estos sellos sin autorización constituye un delito en el estado de Quintana Roo.

El Mann Arazi, propietario de Fibra Uno y empresario envuelto en múltiples escándalos, es conocido por su relación con el caso de los 2 mil millones de pesos entregados al Instituto Para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Su abogado, Bazbaz Sacal, también carga con un historial polémico, pues fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y del CISEN, donde se le acusó de espionaje contra políticos de la 4T.

La investigación de la FGE busca esclarecer si el SLS Hotels Playa Mujeres incurrió en prácticas de despojo, al apropiarse de terrenos colindantes para subsanar deficiencias en su infraestructura.

Además, se indaga la posibilidad de que el desarrollo haya manipulado información para obtener permisos, ocultando carencias en infraestructura básica como estacionamientos y salidas de emergencia, lo cual podría poner en riesgo la seguridad de futuros huéspedes.

La Fiscalía mantiene el aseguramiento del complejo, lo que representa un golpe a la imagen del desarrollo y al modelo de negocio de sus propietarios, quienes ahora deberán enfrentar no solo el escrutinio público, sino también el proceso judicial por presuntos actos de corrupción y abuso de poder.

 

 

 

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