Extiende Gobierno Federal la Vigencia de Importación Legal de Autos Usados

•  La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se encuentra en cabildeo con el gobierno de Sheinbaum para que derogue dicho decreto que permite el contrabando y que estará vigente hasta el 2026, ya que existe un decreto para la importación legal de autos usados

Redacción / CAMBIO 22

El gobierno de Claudia Sheinbaum extendió la vigencia del decreto para la importación legal de vehículos usados, de un año adicional, lo que permite ordenar el mercado de autos y dar legal estancia en el país, bajo documentación y pagos al erario; mismo que la industria automotriz respalda para dar certeza jurídica.

No obstante, éste convive con otro decreto que permite la importación de vehículos de contrabando, el cual fue promovido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para abrir la frontera a todos los autos importados sin importar documentación.

El decreto autorizado por el gobierno que encabezó López Obrador permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, entidades federativas que tienen un alto índice de población migrante en Estados Unidos de América y Canadá.

El decreto de vehículos usados extranjeros fue publicado el 19 de enero del 2022 y ha regularizado 2 millones 559,256 vehículos, en afectación de la industria, porque no se piden documentos ni pagos acotados al decreto para la importación legal de autos usados.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se encuentra en cabildeo con el gobierno de Sheinbaum para que derogue dicho decreto que permite el contrabando y que estará vigente hasta el 2026, ya que existe un decreto para la importación legal de autos usados.

El lunes 4 de noviembre, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la importación legal de autos usados, dando vigencia por un año, bajo los requerimiento de importación y los respectivos pagos al erario.

El decreto establece que la importación definitiva a la que podrán optar los importadores se realizará conforme al procedimiento que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. “El documento aduanero con el que se realice dicha importación únicamente podrá amparar un vehículo”, especifica.

Agrega que para determinar si un vehículo es originario del territorio de una o más de las partes integrantes del T-MEC, es necesario que el importador cuente con una certificación de origen basada en información fehaciente de que dicho vehículo cumple con la regla de origen, por lo que resulta indispensable contar con la información sobre la producción del vehículo con la cual cuenta el productor del mismo.

No obstante, la AMDA, encabezada porGuillermo Rosales, ha reiterado que las especificaciones para regularizar a los llamados autos chocolate no se han cumplido, pues no cumplen con características o aspectos técnicos para su circulación en el país, incluso se han introducido al territorio nacional vehículos involucrados en delitos.

Hace unos días, el representante de los distribuidores dijeron que el no contar con un Decreto específico sobre la importación definitiva de vehículos usados y dejar el tráfico a expensas del contrabando para regularizarlos al amparo del actual Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, o de la tramitación bajo el procedimiento T-MEC, generará una importante merma en la recaudación fiscal y la pérdida de control relativa a la identificación de los importadores, favoreciendo el lavado de dinero y la actividad del crimen organizado.

Además de que se propiciará la simulación procesal al declarar cumplimiento a la Regla de Origen sin los elementos metodológicos contemplados en el T-MEC, lo que podría alentar situaciones de corrupción de funcionarios públicos.

Fuente: El Economista

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