Registro Público de la Propiedad le Da la Razón a la SEDENA en Conflicto con Ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto 

• Aunque el ejido afirma que el terreno les pertenece, documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio apuntan a una realidad distinta: la escritura de la propiedad favorece al Ejército Mexicano.

Redacción/CAMBIO 22

FELIPE CARRILLO PUERTO a 04 de noviembre – La disputa por un extenso terreno en Felipe Carrillo Puerto ha escalado en tensión esta semana, cuando el ejido local bloqueó las obras en la zona conocida como Expo Maya, argumentando la falta de claridad sobre la titularidad de la propiedad.

Aunque el ejido afirma que el terreno les pertenece, documentos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio apuntan a una realidad distinta: la escritura de la propiedad favorece al Ejército Mexicano.

Este conflicto, que involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se remonta a una donación realizada hace aproximadamente 50 años, cuando el gobierno federal recibió el predio de forma gratuita para establecer un cuartel militar.

Desde entonces, esta manzana completa ha albergado, además de instalaciones militares, oficinas municipales, el DIF estatal y el Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), consolidándose como un espacio de servicios para la comunidad.

La escritura, registrada bajo el número 83 en las fojas 132-137 del tomo LI, sección I, del 8 de septiembre de 1987, indica que el terreno fue expropiado al ejido por la extinta Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y posteriormente transferido a la Sedena.

Esta documentación, que describe al Ejército Mexicano como el legítimo propietario, es ahora el foco del juicio de nulidad que los ejidatarios impulsan para anular el título de propiedad en favor de la defensa de sus derechos territoriales.

Ante esta situación, los ejidatarios permanecen resguardando el terreno, demandando una revisión exhaustiva de la documentación para comprobar la legalidad de la transferencia.

La falta de acuerdos y el bloqueo de las obras reflejan la tensión que ha alcanzado este conflicto, con implicaciones tanto legales como sociales en una zona de gran relevancia para el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

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