•  La grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos también se reflejó en la desaparición forzada de 27 personas defensoras, revela el monitoreo de EDUCA respecto al último sexenio

 

Redacción / CAMBIO 22

La defensa de la tierra, el territorio, el medio ambiente y los derechos civiles han convertido a México en un cementerio, ya que en los últimos seis años fueron asesinadas 225 personas defensoras en el país.

La grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos también se reflejó en la desaparición forzada de 27 personas defensoras, revela el monitoreo “Todos sus nombres, Todas sus luchas“, sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México que realizó la asociación civil Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).

En el contexto de la celebración del Día de Muertos se presentó este monitoreo para honrar la memoria de todas las personas que ofrendaron su vida en la lucha de defender derechos, así como llamar la atención del Estado y la ciudadanía, sobre la grave crisis de seguridad a la que se enfrenta el trabajo de defensa de derechos humanos.

En el analisis, EDUCA resalta que “la información que aquí se presenta es apenas la punta del iceberg de las agresiones a personas defensoras. Es sólo una parte de la violencia que alcanza a ser visible, pero bajo este témpano se encuentra un entramado de relaciones de poder y dominación, violencia cultural y estructural, racismo y discriminación, pobreza y exclusión, en suma, un complejo mapa de la violencia que azota al país”.

Los datos también arrojan que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional y de aplicación de la justicia porque no hay investigaciones exhaustivas ni sentencias condenatorias, por el contrario, hay omisiones, complicidades o aquiescencia (que lo permiten o lo inducen).

Lamentablemente en esta estela de muerte, Oaxaca ocupa el primer lugar en personas defensoras asesinadas en el país con 58 casos, le siguen Guerrero con 39, Michoacán 21; Chiapas 17, Chihuahua con 10, Morelos 10, Puebla 10, Jalisco 8, Sonora 8, Veracruz 7, estado de México 6, Baja California Norte 5, Guanajuato 5, Hidalgo 5,  Ciudad de México 4, Zacatecas 3, Sinaloa 2 y con 1 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima y Tlaxcala.

Cabe destacar que el estudio abarca el periodo comprendido de diciembre de 2018 a octubre de 2024; durante este tiempo se registraron un total de 252 atentados a la vida contra personas defensoras, estos casos de violencia letal incluyen: desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales. Del total de casos registrados, 225 corresponden a asesinatos y 27 a desapariciones.

Una de las primeras cosas que llama la atención es que durante seis años (2018-2024), periodo también denominado de la Cuarta Transformación, 225 personas defensoras fueron asesinadas. En 42 de estos 225 casos, las organizaciones señalan al Estado mexicano como responsable de haber cometido una ejecución extrajudicial.

Las luchas más peligrosas corresponden a la defensa del territorio y los derechos civiles. 94 personas asesinadas defendieron el derecho a la tierra y territorio y a un medio ambiente sano. Otras 85 personas asesinadas defendieron derechos civiles y políticos, entre ellos el derecho a la libertad de asociación. Estas luchas representan el 80% de los asesinatos de personas defensoras (179 de 225).

Lo preocupante es que el Sur-Sureste es la región más peligrosa para la defensa comunitaria; Oaxaca registró 58 personas defensoras asesinadas. Le siguen Guerrero con 39 y Chiapas con 17 personas defensoras asesinadas. Estos 114 asesinatos de personas defensoras en el Sur-Sureste representan el 51 % de todos los casos en México.

Un hallazgo importante del monitoreo es que los defensores indígenas y campesinos enfrentan racismo y violencia.

Ya que del total de 225 personas defensoras asesinadas, 140 eran indígenas, una afromexicana. El 62 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena y 57 % eran campesinas. La conclusión que se desprende es que los mataron porque, además de ser defensores, eran indígenas y campesinos.

También detectaron casos de feminicidios y transfobia, ya que de los 252 atentados a la vida (homicidios y desapariciones forzadas) 20% se cometieron contra mujeres y personas de la diversidad sexual: Hombres 202 casos; Mujeres 39 y 11 casos de personas de la diversidad.

Hicieron hincapié que estos datos contrastan con el contexto de sexenios pasados, cuando autoridades federales fueron señaladas por participar en ataques contra la vida de personas defensoras, ya que ahora en 2 de cada 3 casos, los poderes fácticos y las autoridades locales han sido señaladas como presuntos responsables de estos asesinatos.

Respecto a la desaparición forzada sigue siendo un mecanismo para inhibir la defensa de derechos. En total de los 252 casos, 51 personas defensoras fueron víctimas una desaparición forzada. 23 personas defensoras permanecen en condición de desaparecidas, 24 personas defensoras fueron asesinadas y 4 personas defensoras aparecieron con vida. Esto representa solamente el 8% del total de 51 casos. De las 23 personas defensoras en condición de desaparecidas, 4 son mujeres y 19 hombres. Destacan los estados Sonora: con 10 yaquis desaparecidos y Oaxaca con 3 hombres y 3 mujeres defensoras desaparecidas , entre ellos los casos de 4 mixtecos.

Nuevamente, en el Sur-Sureste destacan cinco casos de desaparición forzada de personas defensoras en los cuales autoridades locales del partido Morena fueron denunciadas como presuntas responsables, se trata de los municipios: Amatán, Chiapas; Tlapa de Comonfort, Guerrero; Nochixtlán y San Juan Cotzocón, Oaxaca.

Resaltaron que ante el debilitamiento de las instancias de protección y de los organismos autónomos de derechos humanos, lo que si se reforzó en este gobierno fue la cultura de la impunidad; la militarización de la seguridad pública; el acceso a la justicia se convirtió en la excepción y no en la regla.

Comparando con el contexto de sexenios pasados, ya no se señalan a las autoridades federales de atentar directamente contra la vida de personas defensoras. Sin embargo, a nivel local, se envalentonaron los grupos de poder ante la inacción del Estado. O bien ante el debilitamiento o aquiescencia de los gobiernos estatales y federales. Existen zonas silenciadas en el país, donde no se denuncia y los casos permanecen en el olvido.

En el caso de las desapariciones, aunque se trate de personas defensoras, las búsquedas siguen siendo deficientes. Como sociedad civil necesitamos reforzar las medidas de seguridad y agilizar las denuncias. Un ejemplo positivo de ello son los casos de aparición con vida.

En todos estos casos, las organizaciones que reivindican a las personas defensoras reclaman búsquedas deficientes y denuncian la falta de acceso a una justicia pronta y expedita.

Finalmente precisaron que todos los datos están respaldados por organizaciones de derechos humanos, sean locales, nacionales o internacionales. Estas organizaciones reivindican a las víctimas como personas que fueron agredidas en el contexto de la defensa de derechos humanos. Entre las fuentes destacan: Red TDT, Comité Cerezo, CEMDA, IM-Defensoras, Global Witness, Front Line Defenders y ONU-DH.

En muchos casos no hay una investigación exhaustiva por parte de las autoridades ni sentencias condenatorias. En consecuencia, algunos datos, por ejemplo sobre el tipo de agresor, se basan solamente en el señalamiento de las organizaciones de derechos humanos que reivindican a las personas defensoras.

Remataron que en la campaña permanente “Alas y Raíces del Movimiento Social en Oaxaca“, ampliarán el análisis con el monitoreo sobre la conflictividad territorial, las agresiones a personas defensoras y la violencia en Oaxaca, y también sobre las acciones de resistencia de las comunidades y organizaciones frente a este difícil escenario.

 

 

 

 

Fuente: Proceso

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