La Asamblea Nacional de Venezuela Ratifica a Tarek William Saab Como Fiscal General a Pesar de Sanciones Internacionales
31 Oct. 2024
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Saab, en el Cargo Desde 2017 y Cuestionado por Violaciones a los Derechos Humanos, Inicia un Nuevo Período de Siete Años en Medio de Acusaciones de Persecución Política Tras las Elecciones Controvertidas de Julio
Redacción / CAMBIO 22
La Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento, controlado por el gobernante chavismo) ratificó este jueves como fiscal general a Tarek William Saab, sancionado por Estados Unidos entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país caribeño.
Saab, fiscal general del régimen chavista desde 2017 y quien ahora asumirá un nuevo período de siete años en el cargo, ha encabezado causas por “terrorismo” contra detenidos en el marco de las protestas posteriores a las elecciones del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude de la oposición.
El funcionario de 62 años ha sido criticado por organizaciones activistas que cuestionan la “falta de independencia” del poder judicial en Venezuela.
“Se designa al ciudadano Tarek William Saab Halabi como fiscal general”, dijo el presidente del legislativo Jorge Rodríguez tras una votación en la cámara al término de un proceso de evaluación de 35 candidatos.
A través de una publicación en Telegram, Nicolás Maduro felicitó a Saab por haber sido ratificado en el cargo y también celebró la ratificación de Alfredo Ruiz como defensor del pueblo y la designación de Gustavo Vizcaíno como el nuevo contralor general. “Mi petición es clara, como un ciudadano más de Venezuela les invito a seguir transitando los caminos del Estado de derecho y de justicia, en defensa siempre de la nación”, dijo en su mensaje dirigido a los designados.
Saab, quien llegó a ser gobernador del estado Anzoátegui (este) por el partido gubernamental PSUV, fue nombrado por la vieja Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo integrado exclusivamente por representantes del chavismo que asumió por dos años las funciones del Parlamento, que en aquel momento era dominado por la oposición.
En 2017, Estados Unidos lo incluyó en su lista de funcionarios venezolanos con sanciones políticas y económicas, en su política de presión contra el régimen de Maduro. Saab fue sancionado por no proteger a los manifestantes de los abusos de las fuerzas de seguridad en su papel de defensor del pueblo.
Durante su gestión como fiscal general, Saab ha abierto cientos de procesos penales contra críticos del gobierno y políticos opositores, incluido el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, quien salió de Venezuela en septiembre para pedir asilo en España después de que se emitiera una orden de arresto contra él tras las elecciones.
Otra de las líneas de la Fiscalía bajo la dirección de Saab ha sido la apertura de investigaciones por corrupción en la industria petrolera. Cinco de los ocho ministros de Petróleo que ha tenido la administración de Maduro han terminado prófugos o presos y uno de ellos murió en la cárcel.
Por otra parte, luego de evaluar las credenciales de 128 postulantes, la Asamblea Nacional también ratificó a Alfredo José Ruiz, un licenciado en educación de 59 años, en el cargo de defensor del pueblo, encargado de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos. Ruiz también fue designado en su momento por la Asamblea Constituyente, considerada ilegítima por Estados Unidos y otros países.
Y, al mismo tiempo, los legisladores designaron como nuevo contralor general a Gustavo Vizcaíno, un especialista en seguridad ciudadana de 58 años, quien venía desempeñándose como director del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería y era suplente en la directiva del Consejo Nacional Electoral, otro cuerpo colegiado de mayoría oficialista. En 2014, Vizcaíno fue secretario permanente del Consejo de Ministros de Maduro.
La Contraloría se encarga de velar la gestión de patrimonio público. Este organismo ha impuesto numerosas inhabilitaciones contra dirigentes opositores como María Corina Machado, que impiden su postulación a cargos de elección popular.
Fuente: Infobae
GPC/AGF