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• La aprobación se realizó tras una reunión de comisiones en la que el Auditor Superior del Estado expuso que están sin solventar observaciones por 29 millones 738 mil pesos que podrían representar daño a la hacienda pública.

 

• Sin embargo, no se detalló cuáles son los entes públicos estatales o municipales que dejaron sin comprobar esa suma de ejercicio presupuestario irregular.

 

• El resultado de las auditorías fue aprobado por Morena, PVEM, PT y PRI, con el PAN en contra y la ausencia de MC

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de octubre.- Tras una sola reunión en la que el auditor superior del estado, Miguel Zogby Cheluja Martínez, realizó una exposición resumida de las auditorías realizadas, la XVIII Legislatura de Quintana Roo aprobó el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del Estado correspondiente al 2022, con el que cierran las auditorías a los últimos 9 meses del gobierno de Carlos Joaquín.

En la reunión de comisiones previa a la sesión, el auditor superior informó que luego de los requerimientos realizados, a la fecha quedan sin solventar observaciones en materia financiera por 29 millones 738 mil pesos, los cuales corresponden a 35 pliegos de observaciones que fueron turnados a la Unidad de Investigación de la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) por presumirse daño a la hacienda pública, mismos que seguirán su curso y, dependiendo de las gravedad de las faltas, podrían derivar en denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción o en denuncias de sanción administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, cantidad que quedó plasmada en el dictamen aprobado por los diputados y las diputadas.

Sin embargo, en la misma reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta no se dio a conocer cuáles son los entes públicos que omitieron solventar esa suma de observaciones, ni el monto particular de cada caso, por lo que por el momento la ciudadanía se queda sin saber si las cantidades ejercidas sin comprobación corresponden a municipios o a dependencias u organismos descentralizados del gobierno del estado, o al Poder Judicial, el Poder Legislativo o los órganos autónomos.

A los diputados asistentes a la reunión tampoco les interesó preguntar acerca de ese detalle faltante en el informe, pese a tratarse de presuntos daños a la hacienda pública, sino sólo Ricardo Velazco inquirió si la cantidad sin solventar es irrecuperable, a lo que el auditor dijo que seguirán su curso de investigación correspondiente hasta determinar el tipo de faltas que serán procesadas penal o administrativamente.

En su exposición, Cheluja Martínez dijo que al finalizar el Informe General Ejecutivo, que fue entregado en febrero pasado, se tuvo un importe por solventar de 68 millones 680 mil 799 pesos observados, de los cuales 64 millones 558 mil 454 resultaron de las auditorías en materia financiera y 4 millones 122 mil 345 pesos en materia de obra pública.

Posteriormente la entrega, y hasta esta fecha, fueron solventados con documentos comprobatorios 38 millones 900 mil 113 pesos y se reintegraron 41 mil 935 pesos observados en obra pública, para un total solventado de 38 millones 942 mil 48 pesos.

Con lo anterior, a esta fecha quedan pendientes por solventar  29 millones 738 mil 751 pesos, los cuales en su totalidad son resultado de las auditorias en materia financiera, mientras que no quedan cantidades a solventar en materia de obra pública.

El titular de la Aseqroo agregó que se auditó a 101 entes de la administración pública de los tres poderes del estado, los municipios y los órganos autónomos, con 247 auditorías que derivaron en 153 informes individuales, cuyos resultados se entregaron en tres partes, en los meses de junio y octubre de 2023 y febrero de2024.

De estas auditorías derivaron 692 acciones emitidas entre pliegos de observaciones, procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria y solicitudes de aclaración, de las cuales 393 han sido atendidas o solventadas por los entes públicos a la fecha.

En cambio, quedan por atender 105 procedimientos de sanción administrativa y 163 recomendaciones en seguimiento en los órganos internos de control del estado y los municipios, además de los 35 pliegos de observación turnados a la Unidad de Investigación de la Aseqroo por los más de 29 millones de pesos de observaciones sin solventar, que podrían ser enviados al Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción según la gravedad de las faltas.

En la reunión, la Unidad de Vigilancia de la Aseqroo, dependiente de la Comisión de Hacienda, detalló que el Informe General Ejecutivo identificó como principales riesgos en los entes públicos en el ejercicio del presupuesto del 2022 los siguientes: fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado; incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas; incorrecta aplicación de recursos; e inadecuada captación de recursos públicos.

En consecuencia, las principales recomendaciones realizadas en este período fueron: mejorar el control interno; fortalecer los procesos de planeación en las actividades sustantivas; promover modificaciones a la regulación o normativa aplicable; mejorar la coordinación interinstitucional con otras dependencias involucradas en la implementación de fondos, programas o políticas públicas; y establecer y/o mejorar la política de integridad.

Además, se realizaron recomendaciones de actualización de artículos de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado, la Ley de los Municipios, la Ley de Movilidad y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sobre las cuales ya se tienen iniciativas en el Congreso del Estado y se han aprobado 3.

A pesar de que en la reunión de los diputados no se detalló cuáles son los entes donde se tienen montos pendientes por solventar, cabe mencionar que el último Informe Semestral de Solventación de Observaciones publicado por la Aseqroo indica que en la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 se realizaron observaciones a 24 entes públicos, donde destaca que ninguna secretaría o dependencia del gobierno del estado dejó pendientes por solventar, así como tampoco los poderes Legislativo y Judicial.

En cambio, en febrero se tenían pendientes por solventar en 15 organismos descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, que son:

 

• Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado

• Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

• Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo

• Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo

• Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas

• Instituto Quintanarroense de la Juventud

• Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

• Sistema Quintanarroense de Comunicación Social

• Universidad Autónoma de Quintana Roo

• Universidad del Caribe

• Universidad Intercultural Maya del Estado de Quintana Roo

• Universidad Politécnica de Quintana Roo

• Universidad Tecnológica de la Riviera Maya

• VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V.

 

También tenían observaciones sin solventar 2 ayuntamientos y 5 organismos descentralizados municipales, que son:

• Ayuntamiento de Cozumel, con Juanita Alonso Marrufo.

• Ayuntamiento de Solidaridad, con Lili Campos Miranda.

• Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez

• Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad

• Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad

• Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A de C.V. de Benito Juárez

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel

También tenían observaciones por solventar un órgano autónomo, que es el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Sin embargo, cómo no se informó cuáles de estos han solventado observaciones hasta la fecha, tampoco se sabe cuáles de ellos tienen pendientes por solventar en la Unidad de Investigación de la Aseqroo, sino sólo se pudo identificar que la Secretaría de Obras Públicas y la Cojudeq fueron las únicas con observaciones sobre gastos de obras públicas y las solventaron todas al final.

Cabe mencionar que el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública del 2022, que cierra las auditorías al gobierno de Carlos Joaquín fue aprobado por mayoría de los diputados y diputadas de Morena, PVEM y PT y la suma del PRI, con votos en contra del PAN, sin la presencia del diputado de Movimiento Ciudadano.

 

 

franciscohcambio22@gmail.com

LRE