Fiscalía de Querétaro Medieval en 2024

Redacción/ CAMBIO 22

Me enteré por medio de las redes sociales, en un mensaje de Gabriel Guerra Castellanos que la Fiscalía de Querétaro está articulando una acción penal contra una niña de 14 años que sufrió un aborto. No cabe duda que existen personajes que manejan la política pública y la administración de la justicia en este país con cargos altos estatales que, de ninguna manera, deberían estar en ellos.

La decisión refleja no solamente la falta de formación jurídica elemental, sino  además una ignorancia supina de los temas más elementales de los derechos humanos, derechos de la mujer y derechos de la infancia.

Sin ser jurista (soy médico) y utilizando única y exclusivamente el sentido común, me puedo percatar de que, hablando de una niña de 14 años, se trata de una víctima (usando la mexicana expresión del “haiga sido como haiga sido”), por lo que proponer privarla de la libertad es un acto de abuso dirigido a revictimizarla, carece de cualquier fundamento jurídico razonable, y refleja la voluntad del fiscal de castigar a alguien por un tema que atañe a sus prejuicios.

Pero ahí no termina la voluntad de la lamentable autoridad, también pretende multar con 500 mil pesos al violador. Es decir, le pone precio a la integridad de una niña. Existe una sentencia reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, prácticamente obliga a los estados de la República a no penalizar el aborto y, en consecuencia, eliminarlo de sus códigos penales, a lo que personajes como el fiscal de Querétaro están respondiendo acusando a las mujeres (o a las niñas) de homicidio.

El caso, adicionalmente, refleja la carencia de controles de todo tipo sobre la autoridad que inicialmente se encuentra en la cadena de administración de justicia, que es el Ministerio Público. Desde las más altas esferas del poder federal y estatal se cometen actos estúpidos, como el que estoy describiendo, hasta de acciones de corrupción de todo tipo. Además, es de todas y todos conocido la enorme incapacidad que tiene un enorme grupo de ministerios públicos para presentar consignaciones bien hechas, de tal forma que ésa es la principal razón por la que los jueces se ven obligados a dejar libres a miles de delincuentes. Es decir, ese Ministerio Público desconoce los principios fundamentales del derecho penal, no sabe cómo consignar a un delincuente y al hacerlo mal, lo deja en libertad.

Por supuesto, hoy el oficialismo está responsabilizando únicamente al Poder Judicial (que, por supuesto, tiene parte de la culpa), pero deja intocada a la autoridad ministerial que, en casos como el presente, la ponen en franca evidencia.

Urge, desde cualquier punto de vista, reformar la figura del Ministerio Público en todos los niveles de gobierno, sin esos cambios no se podrá consolidar el acceso a una justicia pronta, expedita y sin corrupción. Deben quedar de lado las religiones de las personas que gobiernan.

Fuente: Excelsior

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