• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Estamos en el cuarto año desde que elementos de la Policía Municipal de Tulum, en el estado mexicano de Quintana Roo, asesinaron a la mujer salvadoreña de 36 años de edad, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, quien residía en el país en calidad de refugiada, sin embargo, a pesar que a su madre e hijas, el gobierno mexicano las reconoció como víctimas por la violencia institucional, hasta el momento no han recibido justicia penal ni la reparación integral del daño, como lo establece la ley mexicana, por la inacción de la Comisión Estatal de Víctimas, organismo que espera que sentencien a los imputados para actuar, a pesar que se trata de dos procesos diferentes.

El 27 de marzo de 2021, efectivos de la Policía Municipal de Tulum, bajo el gobierno del entonces priista Víctor Más Tah, detuvieron a Victoria señalada por faltas administrativas al interior de una tienda de conveniencia, ya en la calle, la sometieron a golpes para subirla a la patrulla y por hacer uso excesivo de la fuerza le ocasionaron una fractura en la parte superior de la columna vertebral, lo que le provocó la muerte. Toda la intervención de la policía quedó grabada en video, a pesar de ello, la justicia para Victoria y su familia es a cuanta gotas.

En entrevista para Maya sin Fronteras, Rosibel Arriaza, madre de Victoria Salazar, a más de tres años de esta ejecución extrajudicial sigue esperando justicia, “porque mi hija era un ser humano y le pasa esto en manos de autoridades que, realmente pues ellos tenían en cualquier momento, yo sé que una autoridad tiene que velar por la persona, como ser humano. Después, según lo reportajes, mi hija quizás andaba con algún problema psicológico, me imagino yo, o no sé, pero cuando a ella entra a ese lugar, donde ella andaba con una pichinga de agua, vacía. Entonces ella anda, haciendo como movimientos descontrolados, no le podría decir realmente, qué es lo que andaba, yo nunca, no me imaginé que mi hija, pues andaba quizás con problemas”.

Los empleados de la tienda la señalaron de sospechosa y de querer que la atendieran luego sin esperar su turno, la notaron nerviosa, y llamaron a la policía, de acuerdo a las declaraciones ministeriales.

La madre de Victoria aclara que con base en los resultados de la necropsia de ley, Victoria no se encontraba bajo los efectos de alguna droga o alcohol, como se difundió para responsabilizarla de la agresión policial.

A más de tres años y medio de este feminicidio perpetrado por elementos de la Policía Municipal de Tulum, la justicia no llega para esta familia. A las hijas de la víctima, entonces menores de edad, solo se les proporcionó apoyo psicológico, el gobierno de El Salvador, les ha entregado en tres ocasiones una canasta navideña, y al principio se les apoyó con medicamentos, cuando regresaron a su país, ante el estado de tristeza en que se encontraban.

Durante el juicio se han llevado a cabo mas de 30 audiencias previas a la intermedia, prácticamente el caso está “entrampado” y se espera que para el 10 de diciembre próximo se pueda avanzar con la audiencia intermedia.

La mamá de Victoria Salazar, una profesora salvadoreña de 63 años y que aún no se jubila porque requiere recursos para la manutención y estudios de sus dos nietas que están por terminar sus estudios preparatorios y poder ingresar a la universidad, reiteró durante la entrevista que sigue esperando “la pronta justicia y sé que México me la va a dar, me la va a dar en cuanto al juicio penal y también me la va a dar en cuanto a la reparación del daño, porque ahorita con mis hijas, mis nietas, no hemos recibido nada, ninguna justicia”.

Sostiene que el juicio en contra de los policías municipales de Tulum, copartícipes en el feminicidio de su hija, no ha iniciado porque los tres policías hombres que se encuentran en prisión preventiva buscan deslindarse de la responsabilidad, al señalar como única responsable a la mujer policía que le fracturó la columna a Victoria, “pero ellos también participaron, como se muestra en el video que vio todo el mundo, porque no hicieron nada para evitar que su compañera policía la asesinara”.

Desde diciembre de 2021 no se puede llevar a cabo la audiencia intermedia por las múltiples argucias de la defensa de los imputados, quienes por la falta de capacitación y vocación de servicios le arrebataron la vida a una mujer que salió huyendo de su país, junto con sus dos hijas menores de edad, ante la violencia y en México obtuvo el estatus migratorio de refugiada.

Recordemos que el fallecido presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal diseñó un proyecto para capacitar a la Policía Municipal, así como contratar a expertos para diseñar protocolos y diversos instrumentos técnicos para que la corporación alcanzara estándares de calidad en el servicio prestado a la sociedad, sin embargo, cuando llegó al gobierno municipal Diego Castañón Trejo echó ese proyecto al cajón del olvido en perjuicio directo de la ciudadanía, por lo que las violaciones a los derechos humanos se siguen incrementando en su administración, a tal grado que son los mismos policías quienes participan en la desaparición forzada de personas, como tienen evidencia los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

El padre de un joven de Tulum, recorre todas las instancias judiciales y civiles para denunciar que a su hijo lo desapareció la Policía Municipal de Tulum, porque elementos de esa corporación lo detuvieron y lo llevaron a sus instalaciones, de donde desapareció y no se supo más de él, desde luego que ni la Fiscalía General del Estado, mucho menos el Poder Judicial han querido actuar.

Los crímenes de la Policía Municipal de Tulum no terminaron con el feminicidio de Victoria Salazar, sino que se han incrementado, pero organismos como la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo prefieren ocultar las quejas de la ciudadanía ante los compromisos políticos de su titular.

Tulum es conocido a nivel mundial no solo por sus servicios turísticos y sus bellezas naturales, sino también por que allí la policía municipal asesinó a Victoria Salazar y hasta el momento el Estado mexicano no le ha hecho justicia y porque el actual gobierno municipal hundió a todo el municipio en la inseguridad, ante su incapacidad para cumplir con sus facultades en materia de seguridad pública, como lo establece la Constitución federal.

Otra evidencia de que en Tulum la sociedad se encuentra en estado de indefensión es el hecho de que el Observatorio Nacional Ciudadano documentó que de enero a agosto de 2024 se han abierto en ese municipio más de 3,650 carpetas de investigación, superando ampliamente a municipios como Benito Juárez (Cancún), que pese a contar con casi un millón de habitantes, ha registrado 1,996 carpetas en el mismo periodo.

Mientras el presidente municipal de Tulum, presume su estrategia se seguridad, a plena luz del día, los delincuentes asaltan a mano armada a negocios y a transeúntes, mientras que la ciudadanía documenta los pésimos servicios públicos como recolección de basura, alumbrado público y vialidades.

Ante la falta de voluntad política y capacidad de la clase gobernante en los tres niveles, seguirán existiendo casos como el de Victoria Salazar.

La señora Rosibel Arriaza madre de Victoria sigue en espera que el Poder Judicial mexicano le haga justicia y la Comisión de Víctimas del Estado de Quintana Roo cumpla con la reparación integral del daño, porque no puede esperar a que haya sentencia firme en contra de los responsables. La ley dice que son dos procesos diferentes y que puedes desahogarse de manera paralela.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

HTR/MA

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