Posible Juicio Político contra el Exgobernador Carlos Joaquín González

 Miguel Ángel Fernández/CAMBIO 22

 CHETUMAL, 22 de octubre. – La posibilidad de iniciar un juicio político contra el exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, ha sido planteada tras la revelación de graves omisiones por parte de exfuncionarios de la Secretaría de la Contraloría durante su administración.

El coordinador de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) en el Congreso de Quintana Roo, Jorge Sanén, no descartó que este proceso pueda llevarse a cabo si las autoridades correspondientes lo solicitan. La omisión de funciones de estos funcionarios habría causado un perjuicio al erario público superior a los 7 mil millones de pesos.

El juicio político es un proceso legal que busca determinar la responsabilidad de altos funcionarios en el incumplimiento de sus deberes o en la comisión de actos que vulneren la Constitución o las leyes.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo ha dado a conocer las irregularidades detectadas en la administración de recursos públicos durante el mandato de Carlos Joaquín González. Según las declaraciones del diputado Jorge Sanén, esta instancia fue dotada de autonomía precisamente para garantizar que se tomen medidas sin interferencias externas.

Aunque aún no se ha confirmado la implicación directa del exgobernador, las investigaciones han revelado que varios funcionarios de la Secretaría de la Contraloría permitieron que se dejaran prescribir carpetas de investigación relacionadas con desvío de recursos, simulación de contratos y falta de transparencia en el manejo de fondos públicos.

Estos delitos ocurrieron durante el periodo de la administración de Roberto Borge Angulo (2011-2016), pero las omisiones en el seguimiento de estos casos se dieron bajo la gestión de Joaquín González.

El legislador Sanén insistió en que, en el marco de la Cuarta Transformación, nadie está por encima de la ley y que este tipo de prácticas deben ser erradicadas para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Por ello, ante la gravedad del daño al erario ha motivado a las autoridades a revisar y ajustar la legislación necesaria para evitar futuros casos de corrupción.

Cabe recordar que, la Secretaría de la Contraloría dio a conocer que, los funcionarios de la Secoes en el periodo de Carlos Joaquín González actuaron en forma negligente “perdiendo la oportunidad de investigar desvío de recursos, mal manejo de fondos y desvío de recursos destinados a programas sociales”.

De tal manera, miles de millones de pesos de recursos públicos quedaron sin explicación clara y los plazos legales han prescrito y se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción para que no quede impune la actitud de ex funcionarios de la Secoes.  La dependencia aclaró que el daño patrimonial ocasionado al erario es muy difícil que se pueda recuperar porque han prescrito los plazos establecidos en la ley.

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