• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO22

Las deudas adquiridas por los tres niveles de gobiernos deberían someterse a un régimen transparente de consultas públicas para que los poderes ejecutivo y legislativo le rindan cuentas al pueblo sobre el para qué y el porqué se endeuda al pueblo y con qué criterios se firman los convenios de refinanciamiento en los que la banca, ya sea pública de desarrollo o privada siempre va a salir ganando, y no con supuestos organismos integrados a modo, al igual que la clase gobernante que suscribe esos convenios, porque después de la firma, tienen la puerta abierta para nuevos empréstitos para fortalecer sus proyectos políticos.

En el negocio de la deuda pública nadie da “paso sin huarache”, ya sea por acción u omisión, sabedores que por el simple hecho de ganar la mayoría de los puestos de elección popular se vuelven socios entre los de los poderes ejecutivos y legislativos, unos proponen cuanto dinero requieren para “engordar” el presupuesto y los otros alzan la mano para aprobarlo, porque al fin de cuentas serán beneficiarios por medio del tráfico de influencias para beneficiar a sus empresas o a las de sus socios de enfrente.

La 4T determinó eliminar de la administración pública los organismos autónomos como los encargados de la transparencia y rendición de cuentas, porque de esta manera la sociedad representada en los consejos consultivos ya no tendrá acceso a la información pública gubernamental, se tendrá un retroceso de 30 años en la materia, saldrá ganando la cultura patrimonialista de los recursos públicos.

A nivel federal, la empresa paraestatal Segalmex tuvo un quebranto de más de 15 mil millones de pesos durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esto se supo gracias a las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental, pero ni la famosa Secretaría de la Función Pública (SFP), ni la Fiscalía General de la República (FGR), hicieron lo que les marca la ley para investigar y solicitar que los responsables le devolvieran al pueblo lo robado, incluso al director de esa institución se le premió con otro cargo público.

En 2024, los gastos públicos superarán ampliamente los ingresos, generando un déficit fiscal de 2 billones de pesos, equivalente al 5.9 % del producto interno bruto (PIB). Como ocurre con las personas y las empresas, la forma de cubrir ese faltante será con más préstamos. El problema es que quien pide dinero ajeno —México— tiene que pagar.

El especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Fiscal, Luis Pérez de Acha, escribió este 21 de octubre para Animal Político que para finales de este año, la deuda pública federal alcanzará los 17 billones, poco más del 50 % del PIB. El presupuesto para 2024 asciende a 9 billones, de los cuales más de una quinta parte se financiará con más créditos. “Esto refleja el nivel preocupante de gasto con dinero prestado”.

Agregó que con esos 2 billones de déficit podrían construirse cuatro veces el Tren Maya o seis veces la refinería Dos Bocas, proyectos emblemáticos —y polémicos— del expresidente López Obrador. También equivaldría a financiar cinco años de pensiones para adultos mayores.

La deuda pública seguirá aumentando en 2025, precisamente para cubrir el déficit del 3.5 % del PIB, lo que incrementará también el pago de intereses, agravando aún más la falta de liquidez. Parte del problema es que no se ha respetado el mandato constitucional de que la deuda deba destinarse exclusivamente a obras que generen ingresos.

Quintana Roo es uno de los estados más endeudados del país. El presidente Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, Carlos Barreiro Montañez, declaro a la prensa a principios de este mes de octubre, que el costo de la deuda que mantiene Quintana Roo, por arriba de los 21 mil 680 millones de pesos, representa una erogación hasta de cinco mil 500 millones de pesos durante 2024.

Aquí es donde se debe analizar la intervención de la 4T en la renegociación de la deuda, pues se está pagando un interés del 11 por ciento, mientras que en el 2021 el porcentaje del costo de la deuda llegaba al 5.3 por ciento. El incremento de este interés en casi sien por ciento se lo debemos al ahora flamante senador de la república Eugenio Segura, quien espera que el pueblo de Quintana Roo le pague con elegirlo gobernador del estado para 2027 por la renegociación de la deuda cuando se desempeñó como secretario de Finanzas y Planeación del gobierno estatal.

El actual gobierno, antes de refinanciar la deuda y comprometerse a pagar más de intereses debió hacer un diagnóstico jurídico penal-administrativo y hacer lo que le correspondía para que el Ministerio Público iniciara carpetas de investigación, en contra de los involucrados en el desfalco al estado, incluyendo al hoy embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González.

Pero los compromisos que este personaje y sus socios alcanzaron con López Obrador le dieron inmunidad. Todo lo que se quiera hacer para investigar y sancionar a los responsables de que la deuda se incrementara durante el gobierno de Carlos Joaquín quedará en palabras y demagogia, or que los acuerdos oliticos quedaron or encima y porque la ley tiene plazos, prescripciones y a estas alturas de la actual administración a lo que se puede aspirar es a la ganancia política, porque mientras no se tengan elementos para sancionar al exgobernador y la ley siga como está, tarde o temprano saldrán de la cárcel a quienes procesan por desvío de recursos públicos.

Con gran escándalo se difundió este 21 de octubre que la Secretaría de la Contraloría (Secoes) de Quintana Roo denunció penalmente ante la Fiscalía Anticorrupción a funcionarios de la administración de Carlos Joaquín González por omisiones graves que provocaron la prescripción de plazos legales de expedientes administrativos por faltas detectadas en el período 2011-2016, correspondiente a su antecesor, Roberto Borge. (Claro que esta ocurrencia arece mas una declaración ara meterle reversa y bajar al “Señorito Gino”.)

Lo mismo les podrá pasar a colaboradores de este gobierno, como a Eugenio Segura, que desde el mes de octubre de 2022, fue incapaz de poder integrar expedientes y solicitar la intervención del Ministerio Público para que ejerciera acción penal en contra de integrantes del gabinete pasado y del mismo Carlos Joaquín por las irregularidades presentadas, mismas que en su momento fueron sepultadas por la Legislatura de mayoría morenista.

De acuerdo a la versión oficial, debido a que no se dio seguimiento “a estos expedientes se dejó sin resolver un daño a la hacienda pública por 7 mil millones de pesos, por lo que las denuncias van encaminadas contra exfuncionarios de la SECOES del gobierno de Carlos Joaquín, de nivel superior y medio, que tenían esa responsabilidad”.

LA CLASE POLÍTICA SABE QUE ECHARLE LA CULPA A SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL MEDIO, SOLO ES CON EFECTOS MEDIÁTICOS, porque quien toma ese tipo de decisiones siempre es el titular del Poder Ejecutivo en turno, nadie actúa u omite si no es con el consentimiento del jefe superior. Desde luego que la ley protege a los gobernadores, porque en ningún momento los obliga a firmar documentos, más que los decretos que por ley debe publicar y que son aprobados por el Congreso.

Quintana Roo tiene una población de un millón 900 mil habitantes según el Censo 2020 del INEGI, con una deuda pública de 21 mil 680 millones de pesos, mientras que Yucatán, con una población de 2 millones 320 mil 898 habitantes, su deuda pública solo es de 7 mil 752 millones 456 mil pesos, lo que implica que en Quintana Roo durante los últimos sexenios la clase gobernante solo ha llegado al poder para endeudar al pueblo.

La pregunta que se hace la sociedad quintanarroense es ¿con qué finalidad se mete a la agenda pública un tema como es la deuda pública del gobierno de Roberto Borge, cuando ya ha prescrito?
Se busca que los problemas graves y de urgente resolución como es la inseguridad pública en todo el estado sea cubierta por un manto de demagogia.

Por ejemplo, la violencia en Cancún, demuestra, día tras día, la incapacidad de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta para garantizar seguridad a casi medio millones de habitantes, así como a los miles de turistas, pero buscan protegerle la imagen porque para la contienda electoral es otra de las piezas que han preparado para jugarle a la democracia.

En los casos de Tulum, Playa del Carmen y la Zona Maya buscan desviar la atención de los resultados negativos de esos gobiernos municipales. Así que deben saber los flamantes funcionarios que por lo menos, no a todos los quintanarroenses nos dan “Atole con el dedo” dicho en otras palabras, ¡que no insulten a la inteligencia pues!

 

 

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