• El Primer Ministro Donald Tusk Propone Suspender Temporalmente El Derecho De Asilo Y Reforzar La Seguridad Fronteriza, Complementando La Reciente Aprobación De Leyes Para El Uso De Armas Y La Construcción De Fortificaciones Militares.

 

Redacción / CAMBIO 22

El primer ministro polaco Donald Tusk ha defendido este martes ante sus socios de coalición la estrategia contra la migración que nunca se atrevió a poner en marcha el anterior gobierno del partido nacionalista Ley y Justicia (PIS) por temor a la reacción en Bruselas. Tusk, liberal, pretende cerrar a cal y canto su frontera oriental y suspender temporalmente y en casos excepcionales el derecho de asilo. La medida se suma a la aprobación reciente de una ley que autoriza el uso de armas de fuego para impedir el cruce irregular de las fronteras y la aceleración del llamado “Escudo del Este”, un proyecto que incluirá la construcción de fortificaciones militares y otras medidas de defensa, barreras físicas, sistemas de vigilancia del espacio aéreo de última generación y equipos y sistemas electrónicos. Las fortificaciones sumarán unos 800 kilómetros de largo y Tusk pedirá financiación a la UE.

La lucha contra la migración irregular emprendida por Tusk ha llamado por su dureza tanto la atención que los analistas ven en esa estrategia un intento de robar el discurso al PiS en las elecciones presidenciales del año próximo año, aun a arriesgo a provocar malestar en el seno de su coalición. De hecho, la idea de suspender el derecho de asilo ha sido recibida con críticas por el partido cristiano-verde Polska 2050, que considera derecho de asilo “sagrado” y por el partido de izquierdas. Para Magdalena Biejat, viceministra del Sejm por el partido la izquierda, el giro de Tusk resulta “chocante porque acudió a las elecciones prometiendo restaurar la democracia nos asuste ahora con los inmigrantes y la UE. Esto rompe con todas las convenciones y la decencia”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, en una reunión de su gabinete, este martes en Varsovia.

El líder polaco, sin embargo, ha desesperado las simpatías de algunos socios europeos. Previo a la cumbre de la UE este jueves en Bruselas, Italia, Dinamarca y Pauses bajos han convocado a una reunión sobre migración a Austria, Grecia, Chipre y República Checa para aunar posiciones en lo que ya se plantea como una “renegociación” del Pacto Europeo de Migración y Asilo que tanto costó sacar adelante.

La política y el tono del liberal Tusk atenta precisamente contra ese pacto “Estamos fortificando la frontera y, en lo que respecta a la inmigración ilegal, seré absolutamente duro e implacable, y no reconoceré ni aplicaré ninguna idea europea que ponga en peligro nuestra seguridad”, afirma Tusk, para quien hacer la frontera completamente infranqueable es, por otra parte, política más humanitaria de todas porque nadie podría morir intentando cruzarla.

Polonia se prepara para activar su 'Escudo del Este' antimigración |  Internacional

Varsovia lleva tiempo reclamando una mayor protección de las fronteras exteriores de la UE y como Austria y República Checa critica al mismo tiempo la reintroducción de controles en las fronteras interiores, como ha hecho Alemania. En una declaración conjunta el miércoles, Polonia y la República Checa se pronunciaron a favor de un endurecimiento de la política migratoria de la UE y de una “versión más estricta y diferente del pacto migratorio de la UE”, que debe entrar en vigor en 2026.

Según datos de la agencia europea de seguridad fronteriza Frontex, en 2023 se registraron 5.608 cruces irregulares de las fronteras exteriores de la UE en el Este, lo que supone un descenso del 12% respecto al año anterior. La mayoría eran ciudadanos ucranianos, con un total de 4.230. También llegaron 214 procedentes de Afganistán y 184 de Siria. El investigador sobre migraciones Maciej Duszczyk, nombrado Secretario de Estado del Ministerio del Interior por el gobierno de Tusk, ha señalado sin embargo que el número de migrantes que viven en Polonia está “al límite”. Hace diez años había 100.000 extranjeros, ahora ya son 2,5 millones. “Tenemos que pensar si esto pone en peligro la paz social”, sostiene.

 

 

 

Fuente: El Mundo

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