Discriminación y Violencia contra la Comunidad LGBT+ en Yucatán; Revelaciones de Una Investigación Periodística

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Yucatán tiene una historia progresista: por ejemplo, fue en ese estado en donde se organizó el Primer Congreso Feminista en 1916, no solo del país, sino de Latinoamérica.
También fue de los primeros en México en reconocer el voto de las mujeres y su participación política en 1923. Además, es considerada una de las entidades más seguras de México.

A pesar de ello, actualmente Yucatán oculta una realidad compleja, obstaculizando el acceso al matrimonio para la comunidad LGBT+, que las mujeres aborten de forma segura, legal y gratuita y el derecho a la adopción homoparental. Tampoco le ha dado reconocimiento a las infancias trans.

De esta manera inicia el texto del reportaje elaborado por Cecilia Abreu, Itzel Chan, Juan Manuel Contreras y Abraham Bote y financiado por el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

En este espacio periodístico retomamos algunas líneas de este extenso y completo trabajo de investigación de las y los colegas que se adentraron en un tema que aun es tabú en la sociedad del Siglo XXI de los estados que integran la Península de Yucatán.

Sin embargo, lo que sucede en Yucatán y en sus ciudades principales como Mérida es preocupante por el rezago social que se ve acumulando, en una entidad donde las estadísticas de incidencia delictiva son las más bajas de todo el país, pero las violaciones a los derechos humanos se ven a su máxima expresión como lo documentaron los autores de este reportaje, cuyos materiales se pueden conocer en: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1sEC2aFz49pVI-x4t4PsNPyR9DF3yDbKJ

En este trabajo de investigación periodística que concentra datos, así como testimonios de activistas e integrantes de la comunidad LGBT+ revela las secuelas de la lucha que duró más de una década para la aprobación del matrimonio igualitario: discursos de odio, hostigamiento, discriminación y un impacto profundo en la salud mental de las personas afectadas.

Discriminación, una constante en contra de la comunidad LGBT+

Para comprender la situación de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la comunidad LGBT+ en Yucatán, Pablo de los Cobos Alcalá, encargado de la gestión de datos en Visible, una plataforma de Amicus, organización civil que trabaja en defensa de la población de la diversidad sexual, comparte la siguiente información que han recabado desde su creación en 2018 con el fin de documentar los actos de violencia y discriminación contra este segmento de la población en México:

Por ejemplo, aunque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) muestra que la incidencia delictiva en la entidad es 9 veces menor al obtenido a nivel nacional, desde 2018 hasta mayo del 2024, la plataforma Visible ha registrado 62 reportes de violencia y discriminación contra la comunidad LGBT+, principalmente en la capital Mérida, con 50 casos; y otros nueve municipios, destacando agresiones verbales, psicológicas y negación de derechos; la mayoría se ha registrado en espacios privados.

Las víctimas son personas lesbianas y gays, de entre 26 años a 50 años. El reporte incluye también tres asesinatos de personas LGBT+, ocurridos durante 2022. Aunque la mayoría de los agresores no están identificados, el informe indica que algunos de ellos son servidores públicos o familiares.

El Informe hecho por la plataforma Visible 2022, revela que las instituciones de Yucatán no respondieron a ninguna de las solicitudes de información realizadas en el marco del análisis sobre derechos de las personas LGBT+.

Ese año, Visible envió peticiones a 17 instituciones en cada uno de los 32 estados del país, abarcando tres dimensiones críticas: recolección de información sobre orientación sexual o identidad de género, capacitación del personal en trato igualitario y sin discriminación hacia personas LGBT+, y la existencia de políticas laborales que aseguren igualdad y no discriminación para empleados de la comunidad de la diversidad sexual.

Uno de los mayores obstáculos para la garantía de los derechos de las personas que se identifican con alguna de las siglas del movimiento LGBT+ en Yucatán es la falta de información y transparencia. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey), por ejemplo, respondió a una solicitud de transparencia indicando que no cuentan con información sobre casos de discriminación hacia esta comunidad, lo que contrasta con los reportes de la plataforma Visible.

Además, el Consejo Municipal contra la Discriminación y la Diversidad de Mérida, al que también se solicitó información, alegó la inexistencia de la información respecto a campañas de sensibilización, eventos, políticas públicas y recursos desde 2018 hasta 2024.

También el Gobierno del Estado ha demostrado resistencia a la asignación de un presupuesto específico para la creación de políticas públicas que protejan y apoyen a este grupo.

César Briceño Castro, representante del Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (CPTFY) narra que en 2023, con la asesoría de Amicus, ganaron una demanda de amparo a través de la cual se exigió al Gobierno del Estado de Yucatán la asignación de un presupuesto etiquetado para la comunidad LGBT+.

Esto significa que el cuerpo legislativo debía reajustar el presupuesto ese mismo año —que era de 493 millones 750 mil pesos— y destinar un porcentaje a acordar para esta comunidad, sin embargo, no ocurrió. A pesar de la sentencia favorable para la comunidad, el Gobierno de Yucatán permaneció en desacato incluso en 2024, pues este año volvieron a aprobar la Ley de Egresos sin incluir una asignación específica para acciones en favor de la comunidad a pesar de la orden judicial.

Una demanda de amparo igual fue promovida en el año 2022 en Guanajuato por Amicus, organización que brindó al CPTFY asesoría para replicar la estrategia en Yucatán. En ese estado, el gobierno local se reunió con activistas LGBT+ para discutir cómo distribuir el presupuesto y cuánto se necesitaba. En Yucatán, en cambio, a la fecha no ha habido tal acercamiento ni disposición para cumplir con las obligaciones legales que se les han señalado.

Briceño Castro también destaca la falta de organismos específicos en Yucatán para fomentar la diversidad sexual y luchar contra la discriminación. “A nivel nacional, existen organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pero Yucatán no tiene un organismo además de la Codhey en donde se puedan atender estos problemas”, critica. Sigan leyendo esta pieza periodística en la liga que se anexa.
Créditos: Cecilia Abreu, Abraham Bote Tun, Itzel Chan y Juan Manuel Contreras.

• Este reportaje fue financiado por el Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
• Derechos Humanos bajo presión: El progreso que oculta barreras en Yucatán – Disidente MX

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