Redacción/ CAMBIO22

San Francisco de Campeche, 28 de septiembre. Yeni Anais Pérez Vargas, juez Interina del Ramo Primero de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial del municipio del Carmen, fue acusada de corrupción por José Bonilla López, quien aseguró que fue despojado injustamente de su predio por lo que está mañana se manifestó a las afueras de Casa de Justicia de Ciudad del Carmen.

El hombre de 60 años, quien además padece de discapacidad ante la parálisis fascial que sufrió y esta propenso a un derrame cerebral, afirmó que ya interpuso su queja ante el personal de la Visitaduría Regional de Derechos Humanos por la violación de sus derechos en contra de la juez y personal de Casa de Justicia de Carmen.

Bonilla López afirmó que cuenta con un edificio de departamentos en Ciudad del Carmen, donde los renta para poder sobrevivir. A raíz de su divorcio con Mara López, ha sido difamado, acusándolo de violento ante autoridades ministeriales y judiciales.

“La señora Mara López Fernández argumentó que soy una persona violenta, que la quise matar que le puse una bolsa de plástico en la cabeza, qué con un lápiz, pero fue puro argumento verbal no hubo hematomas, no hubo pruebas, no hubo nada”.

Reiteró que él es un hombre de la tercera edad y con discapacidad motriz y con la amenaza latente de sufrir un derrame cerebral y morir por un coraje fuerte que tenga”. “Hace 14 años me dio parálisis fascial. No puedo hacer mucho coraje porque estoy propenso a sufrir un derrame cerebral y eso lo sabe mi exesposa y por eso la presión para que se quede con mis propiedades”.

Bonilla López aseguró que ni el personal del Juzgado Familiar ni las autoridades ministeriales investigaron su condición de salud y edad y mucho menos le dieron una notificación del proceso de desalojo que se había iniciado en su contra.

“No me pude defender, solamente llegaron el 27 de agosto de este año con la fuerza pública a sacarme de mi departamento, me dejaron en la calle y tampoco dejaron pasar a una inquilina a la que le rento”. Su expareja se quedó con el edificio y le entregaron las llaves de la chapa de la reja principal, el pasillo de servidumbre, por lo que se ha quedado sin un patrimonio y donde vivir.

“Mara les está pagando, porque les está pagando porque tanto el secretario de acuerdo y la juez están haciendo caso omiso a mis argumentos. Violaron los artículos 14, 18 y 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y mis derechos”. El manifestante afirmó que la juzgadora habría recibido 10 mil pesos para emitir el resolutivo en su contra y despojarlo de sus propiedades, además de generarle un fuerte disgusto que lo llevaría a la muerte.

 

 

 

 

 

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LRE

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