Legislatura de Quintana Roo, entre el Servilismo y Decisiones Contrarias a los Intereses del Pueblo

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El inicio de actividades de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de  Quintana Roo ha estado plagado de decisiones que van en contra del pueblo, a pesar que durante las campañas electorales las personas aspirantes a ocupar una curul se desvivían para convencer al electorado de que los intereses de la sociedad serían la prioridad, pero ahora que ya tomaron posesión y empezaron a cobrar como legisladoras, ya se les olvidó lo que prometieron, como les pasa a quienes alcanzan un puesto de elección popular, se olvidan a quienes deben su cargo y se entregan a los intereses de sus padrinos políticos o de un proyecto que les tendió la mano para llegar al poder y servirse de él.

Entre las aberraciones políticas que afectarán directamente a la ciudadanía por la ineficiencia de las acciones de gobierno y políticas públicas que derivarán de ellas se encuentra haberle concedido al fiscal General del Estado de Quintana Roo, Raciel López Salazar, un nuevo periodo de 12 años al frente de la institución, en la que habrá continuidad, pero de corrupción y negligencia como lo ha demostrado desde el mes de junio de 2023 cuando fue habilitado por el mismo Congreso.

La clase política gobernante en la entidad ha secuestrado a la Fiscalía General del Estado, al ponerla por mas de 13 años en manos de una persona que a más de un año de su llegada no ha podido demostrar que sabe procurar justicia y prueba de ello está la impunidad y la corrupción que rodea a la Fiscalía en beneficio de los intereses de la delincuencia organizada y del fuero común.

Sin embargo, a las señoras y señores diputados de Quintana Roo se les ocurrió entregarle en charola de plata la Fiscalía General del Estado a Raciel López Salazar para que haga y deshaga de ella de 2024 a 2036, sin hacer una evaluación previa de los resultados de su gestión de 2023 a la fecha.

Pero quienes integran la XVIII Legislatura consideran que este nombramiento “asegura la continuidad de las acciones que ha venido implementando en pro de la justicia y la seguridad en Quintana Roo”.

Con motivo de su nueva toma de protesta, López Salazar, dijo que recibió a la institución abandonada y agobiada por la corrupción, motivo por el cual una de sus primeras acciones fue “sanear” la FGE, dando de baja a más de 200 empleados por diversas irregularidades, tarea que seguirá realizando por los siguientes doce años, luego de la reciente reforma constitucional que extendió el periodo del fiscal general.

También amenazó que estará a cargo de la Fiscalía durante los próximos 12 años y  que no renunciará como lo hizo su antecesor, pero se olvida que al anterior fiscal el nuevo gobierno estatal le pidió la renuncia o lo orilló a ello, porque formó parte del proyecto político del exgobernador Carlos Joaquín González, quien negoció con la legislatura en turno para que le aplanaran el terreno a su fiscal, pero al terminar su gobierno no pudo hacer nada para que se cumpliera la Constitución y se le dejara terminar.

Las condiciones político-sociales de Quintana Roo cambiarán durante los próximos tres años, a finales de septiembre de 2027 tomará posesión la persona que se hará cargo del Poder Ejecutivo Estatal y por consiguiente, aunque siga la 4T gobernando, las prioridades cambiarán y el señor fiscal podrá ser reemplazable, mientras que su proyecto de 12 años en la Fiscalía quedará truncado con consecuencias negativas para la ciudadanía quintanarroense.

Otra pifia de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo fue la modificación a la Ley de Entidades de la Administración Pública Paraestatal, con la que se elimina el requisito que para ser directivo de alguno de estos organismos, se sea originario de Quintana Roo o tener ciento tiempo de residencia, lo que permite que dichas instituciones sean administradas y saqueadas por personas ajenas a Quintana Roo que solo responden a intereses políticos y económicos de la clase gobernante que se disputa el poder en la entidad.

La tendencia para la 4T es desaparecer la división de poderes como se hizo en los tiempos de esplendor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero las condiciones sociales, políticas y económicas no son las mismas, por lo que repetir las estrategias no será benéfico ni para este proyecto político y mucho menos para la sociedad, de allí la necesidad que la clase política gobernante analice que tanto le sirve para su esquema de gobierno poderes judiciales y legislativos serviles, al menos, a la sociedad, no le sirven.

Al eliminar el requisito de ser residente o nativo de Quintana Roo para desempeñar un cargo público de nivel dirección, las personas que se han capacitado en y por Quintana Roo no tendrán la oportunidad de concursar por alguno de esos puestos directivos porque de entrada ya estarán repartidos como cuotas para los partidos que conforman la 4T.

El estado de Quintana Roo está conformado por miles de familias que nacieron aquí y otras, que llegaron desde hace muchos años porque el estado se convirtió en parte de su vida y por este han luchado, conjuntado esfuerzos para que sus nuevas generaciones tengan algún beneficio, pero ahora, la clase política, con la mano en la cintura les quita esa posibilidad y cambiar la ley, para que cualquier arribista político se quede con esos cargos públicos.

Además, de las familias que llegaron a construir Quintana Roo procedentes de diversas partes del país, miles de familias mayas con base en el esfuerzo han logrado que sus hijos estudien, que se profesionalicen de manera profesional en muchas áreas de la administración pública y privada, con la esperanza de tener algún trabajo en el gobierno estatal, pero esa esperanza se las quitó una casta política que dijo que gobernaría para beneficiar al pueblo.

Los próximos tres años en Quintana Roo que seguirán siendo de campaña política, tanto para nombrar a jueces federales, como para los comicios municipales, estatales y federales del 2027, se generarán disputas al interior de la 4T entre el proyecto de MORENA como el del Partido Verde Ecologista de México, el cual no se tentará el corazón por cambiar de aliados, sino no le ceden por la buena, la próxima gubernatura. Esas disputas también se reflejarán entre quienes hacen y deshacen con los intereses de pueblo desde la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo.

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