Gobierno de López Obrador, ha Extraditado a 341 Presunto Narcotraficantes a los Estados Unidos, Pese a su Retórica “No Intervencionista”

• Esto ocurrió en el Marco del Acuerdo Bicentenario contraído con EEUU, quien impuso está cuota de extradición para narcotraficantes mexicanos, misma que AMLO la ha cumplido puntualmente cada año

Redacción/CAMBIO 22

El presidente Andrés López Obrador ha extraditado a Estados Unidos a 341 presuntos narcotraficantes, un promedio de 62 al año, con lo que cumplió con la cuota de extradición que se comprometió con Washington en el Acuerdo Bicentenario, según un estudio de la organización Elementa DDHH.

En el informe “Extraditando la verdad a México”, la ONG reveló que según documentos obtenidos del colectivo Guacamaya Leaks, mientras se negociaba el Acuerdo Bicentenario, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) garantizó a las autoridades estadounidenses que México extraditaría a 60 presuntos narcotraficantes a ese país cada año.

Y ese compromiso fue seguido al pie de la letra por López Obrador, quien cada año de su sexenio firmó la extradición de 61.9 mexicanos en promedio, siendo así el número exacto para cumplir la cuota de 60.

Estas extradiciones se dieron “pese a la retórica no intervencionista del presidente López Obrador, quien, como sus antecesores, contribuyó a la estrategia de los capos”, que se centra en perseguir a los líderes de los grupos criminales y no en combatir la delincuencia.

El informe, que fue coordinado por la directora de Elementa DDH, Adriana Muro, y la directora de la oficina en México, Renata Demichelis, contabilizó las extradiciones a Estados Unidos que López Obrador firmó desde el inicio de su gobierno hasta junio de este año, que arrojaron un promedio de 5.1 cada mes.

Sin embargo, hay que reconocer que el Presidente López Obrador realizó menos extradiciones que los presidentes Felipe Calderón (615) y Enrique Peña Nieto (421), pero su vehemente discurso contra el intervencionismo contrasta con su colaboración con Estados Unidos no sólo en el narcotráfico, sino también en el tema migratorio, en el que México ha jugado un papel en la contención del flujo de migrantes latinoamericanos.

Según Elementa DDHH, la política criminal de drogas de Estados Unidos, cuyo eje central es la extradición, “representa un beneficio a la crisis de corrupción e impunidad que prevalece en las instituciones de justicia de nuestro país”.

Esto debido a que “la actual política bilateral permite que la responsabilidad judicial recaiga en la jurisdicción de Estados Unidos”, es decir, que el proceso penal haya sido extraditado a ese país, lo que “facilita a México evadir su responsabilidad de investigar y sancionar y debilita las instituciones locales”.

El informe de la ONG de derechos humanos, seguridad y políticas de drogas señaló que las dependencias gubernamentales en México “están perdiendo memoria institucional y conocimiento práctico para procesar casos tan relevantes como los de Edgar Veytia (ex fiscal de Nayarit), Genaro García Luna (ex secretario de Seguridad) y (el narcotraficante) Joaquín Guzmán Loera”.

También alienta las denuncias y supuestos secuestros de criminales en territorio mexicano con el propósito de entregarlos a Estados Unidos, como ocurrió en julio pasado con el líder histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien aparentemente fue secuestrado por el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López para negociar un acuerdo con la Fiscalía General de la República del país vecino.

La ONG señaló que los fiscales estadounidenses han alentado negociaciones para lograr que un acusado testifique en contra de un coacusado o para apoyar al gobierno en señalar con el dedo a otras personas involucradas en actividades criminales.

“Esto permite que la espiral de persecución continúe en los países productores de drogas sin ningún impacto concreto en el funcionamiento del mercado”, agregó el informe.

En la práctica, lo que existe es un sistema burocrático en el que las agencias antidrogas, los tribunales y los fiscales se enfocan en inflar las estadísticas para hacer parecer que están combatiendo las drogas y para aumentar sus presupuestos.

“Se trata de un uso político de las extradiciones”, afirmó la directora de Elementa DDHH, Adriana Muro.

A los fiscales y tribunales estadounidenses tampoco les importa si es ilegal que las personas vengan a su país para enfrentar cargos por drogas.

“En el caso de Humberto Álvarez Machaín, relacionado con el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, la Corte Suprema estadounidense validó su secuestro en territorio mexicano (ocurrido en abril de 1990) previo a su traslado a Estados Unidos, lo que valida casos recientes como el de ‘El Mayo’ Zambada”, indicó el documento.

“También argumentó que las acciones judiciales extraterritoriales impulsadas por la DEA benefician tanto los objetivos de la política criminal estadounidense como la impunidad y la corrupción de las instituciones de justicia en México”.

La ONG, con oficinas en México y Colombia, deploró que los juicios en Estados Unidos por delitos de drogas se centren “en gramos y sustancias, no en la vida de miles de personas afectadas por el sistema bélico de prohibición y las redes de corrupción que permiten operar el mercado”.

De 150 casos de extradición revisados ​​por Elementa DDHH, solo 3 resultaron en sentencias por delitos asociados a víctimas.

“Para los tribunales que juzgan delitos de drogas cometidos en México, las víctimas existen cuando cumplen un rol o para la política criminal de Estados Unidos”, dijo, y agregó que muchas veces se olvida que los narcotraficantes también son responsables de violaciones masivas a los derechos humanos.

La ONG llamó la atención sobre la opacidad del Acuerdo Bicentenario, firmado por el gobierno de López Obrador con Estados Unidos en 2021.

“El acuerdo original no fue publicado y no hay informes de libre acceso que demuestren avances en sus indicadores de evaluación”, dijo Elementa DDHH y alertó que este acuerdo “ha continuado con el modelo bélico y punitivo de prohibición en sus objetivos e indicadores”, uno de los cuales son las extradiciones.

Fuente: Elemento DDHH , Proceso/Sistema de Noticias CAMBIO 22

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