Inconstitucional la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad Aprobada por el Congreso de Quintana Roo en 2022

► La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que violentaron los derechos de las personas con discapacidad al no hacer la consulta previa

► Una iniciativa hecha al vapor y que dejó en evidencia que este grupo vulnerable, aún con todo y Ley, sigue siendo marginado, excluido y discriminado

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 12 de septiembre.- Como inconstitucional declaró este jueves la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo que se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 22 de marzo de 2022.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que impugnó dicha norma el 21 de abril de 2022, al considerar que el Decreto 216 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, vulneró el derecho a la consulta estrecha con la participación activa de las personas con discapacidad, previsto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Es decir, el Congreso local no realizó la debida consulta previa a la expedición del Decreto impugnado y violentando el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala que, las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre las políticas y programas, incluidos los que les afecten directamente, ya que para la expedición o adopción de cualquier iniciativa o reforma legislativa y política en materia de discapacidad, deben celebrarse consultas estrechas, públicas y adecuadas, garantizando la plena participación e inclusión efectiva de las mismas.

De esta manera los diputados integrantes de la XVI Legislatura que fueron los que aprobaron dicha Ley presentada por el diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, quedaron exhibidos de que solo sometieron a votación una iniciativa hecha al vapor y sin que se contactara, consultara y colaborara con las organizaciones de personas con discapacidad, que prácticamente fueron ignorados y jamás convocados a mesas de análisis para robustecer dicha propuesta, lo que no era optativo sino obligatorio, debido a que se supone, se hizo como una respuesta a sus necesidades reales y el pleno goce de sus derechos.

Esta omisión, sirvió para proceder a invalidar el procedimiento parlamentario y a declarar el Decreto que tienen como finalidad garantizar el derecho de participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad, como inconstitucional, ya que aunque se aprobó, nunca lo respetaron y por el contrario, contribuyeron a seguir marginando, excluyendo y discriminando a este sector de la sociedad, al no haber celebrado una consulta, ni haber constancia alguna que acredite que dicho ejercicio participativo tomando como excusa la pandemia por el virus SARS-COV2, se haya llevado a cabo y por ello, se ha declarado inválido.

Ahora, el Congreso del Estado de Quintana Roo tendrá 12 meses a partir de la notificación que se la hará sobre esta resolución, que es la fecha en que surtirá efectos la declaración de invalidez decretada, para que lleve a cabo la consulta a las personas con discapacidad y posteriormente, emita la regulación correspondiente.

lau.beytia@diariocambio22.mx

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