► Critican que este año el gobierno dio prioridad a la nueva sede de la Expofer, obra asociada al Tren Maya, por encima de la procuración de justicia, atención a víctimas y búsqueda de personas

 

► Exigen al Congreso del Estado reconsiderar la asignación de recursos

 

Antonio Briceño/CAMBIO 22

CHETUMAL, 4 de septiembre.- Ante la creciente preocupación por la inseguridad y la falta de justicia en Quintana Roo, activistas del colectivo Marea Verde expresaron su descontento con las prioridades del gobierno estatal, al que critican por destinar 300 millones de pesos para la nueva sede de la Expofer, obra asociada al Tren Maya, mientras que necesidades como el acceso a la justicia carecen del presupuesto necesario para operar eficientemente.

En un comunicado, reclaman que, por esta situación, la Fiscalía General del Estado demora la atención de denuncias y la judicialización de casos, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es acusada de ineficacia en su labor.

“Las y los asesores victimales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo tienen entre 500 y 800 carpetas de investigación asignadas cada uno/una de ellas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo nos hace esperar horas para recibir una denuncia y meses y hasta años para judicializar una carpeta de investigación, los feminicidas y violadores o están sueltos o tienen prisión domiciliaria; las y los jueces del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo tienen ginopia y siguen perpetuando estereotipos y roles de género encubriendo a deudores alimentarios, violadores,  feminicidas y tratantes, etc”, expresó la asociación civil feminista.

“No podemos sentirnos seguras en ningún espacio y si corremos algún riesgo o se comete algún delito en nuestra contra, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Q. Roo no tiene la capacidad de protegernos puesto que no cuentan con patrullas ni personal policíaco suficiente”, añadieron.

Además de estas preocupaciones, denuncian serias deficiencias en el sistema de salud, incluyendo la falta de personal, equipos y medicamentos, así como un trato violento y misógino hacia las mujeres en las instituciones de salud.

En el ámbito educativo, las ciudadanas resaltan la precariedad de las instalaciones y un bajo nivel académico, junto con casos de abuso sexual que permanecen impunes.

Ante esta situación, Marea Verde demandó que el Congreso del Estado reconsidere la asignación de recursos, priorizando las necesidades básicas sobre proyectos de gran envergadura que, en su opinión, no responden a las urgencias sociales.

Exigen un cambio en las políticas públicas que realmente protejan y garanticen los derechos fundamentales de los habitantes de Quintana Roo.

 

redaccion@diariocambio22.mx

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