Por Orden Presidencial se Vendieron Terrenos a Calica: Pedro Joaquín

• Los terrenos pertenecían a familia del entonces gobernador de QR.

Óscar Flores/ CAMBIO 22

Cancún, 30 de mayo de 2024.- Pedro Joaquín Coldwell explicó que la venta de terrenos en Quintana Roo a la empresa estadounidense Vulcan Materials, anteriormente Calizas Industriales del Carmen (Calica), fue una decisión impulsada por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988).

Joaquín Coldwell detalló que los terrenos pertenecían a su familia, los Joaquín Alcerreca, y que fueron vendidos para facilitar la construcción de una dársena en Playa del Carmen, crucial para mejorar el abasto de productos a la isla de Cozumel.

Originalmente, el proyecto se iba a ubicar entre Xel-Há y Tulum, pero Coldwell se opuso debido al posible impacto en los ríos subterráneos de la zona.

El gobierno federal encontró una nueva ubicación al sur de Playa del Carmen, que presentaba menor impacto ambiental al ser una zona ganadera ya afectada.

Coldwell subrayó que informó al gobierno federal sobre la posesión de los terrenos por parte de su familia para evitar malinterpretaciones. Aseguró que el presidente De la Madrid avaló su honestidad y destacó la importancia del proyecto para el país. Los terrenos, adquiridos hace décadas, fueron regularizados en los años 80.

Tras la reciente publicación de un video de la Semarnat sobre el beneficio a sus familiares por la venta, Joaquín Coldwell afirmó no haber recibido beneficios personales.

Recordó que la construcción de la dársena redujo significativamente el tiempo de transporte a Cozumel, mejorando el abastecimiento de la isla.

Sin embargo, criticó a Vulcan Materials por no colaborar con el Estado mexicano en proyectos como el Tren Maya. Señaló que la empresa negó el uso de sus instalaciones para la importación de balasto, lo que habría sido una opción logística y económicamente viable.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Vulcan Materials de causar un ecocidio en la zona y mantiene un arbitraje internacional con la empresa, que reclama una indemnización de 500 millones de dólares.

El gobierno federal ha presentado una denuncia ante la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalando una catástrofe ecológica en Playa del Carmen.

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