Giran Otra Orden de Aprehensión Contra Billy Álvarez, Ex Dirigentes de Cruz Azul Por Presunto Lavado de Dinero

Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, instruyó la captura del ex directivo porque estimó que la privación de la libertad es la forma más idónea de hacerlo comparecer ante la justicia, indicaron funcionarios federales.

El juzgador resolvió lo anterior en cumplimiento a un amparo concedido a Álvarez por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual dejó sin efecto la aprehensión girada el 29 de julio de 2020 e instruyó reponer el procedimiento.

Beltrán Santés concluyó que existe la “necesidad de cautela” porque no se sabe nada de Álvarez desde hace cuatro años, lo que hace presumir que no hay manera de hacerlo comparecer ante la justicia de otra forma que no sea su captura, indicaron las fuentes consultadas.

Álvarez cuenta también con una orden de aprehensión en el fuero común por una presunta administración fraudulenta de 2 mil 257 millones 411 mil pesos. Sin embargo, es el caso federal el que compromete su libertad.

…Y acusa intento de división

Álvarez Cuevas reapareció ayer en un video en redes sociales en el que aseguró que las acusaciones en su contra son promovidas por intentos de dividir a la comunidad cementera.

En dos videos difundidos a través de su cuenta oficial de “X”, dedicó un mensaje a los “compañeros del núcleo cooperativo”de los centros de trabajo en Hidalgo, Aguascalientes, Lagunas y Puebla.

“En este mensaje, con un fraternal saludo me dirijo también a toda la comunidad cruzazulina, a quienes en el entorno de nuestros centros de producción de áreas de salud, de áreas educativas y de diversos servicios en la comunidad, tienen siempre como un vínculo de trabajo y de unión a nuestras plantas cementeras”, expuso Billy Álvarez, cuyo paradero se desconoce desde hace varios años.

En las grabaciones, que en total suman 4:23 minutos, acusó intentos de dividir a la organización, al referirse a la denuncia interpuesta en su contra, presentada el 8 de mayo de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República.

“Ante las circunstancias vividas en el año 2020, que fueron totalmente causantes de factores externos y que apoyados en un esquema jurídico, político, que ha sido ya ventilado en los medios de comunicación, han podido saberse realmente cuáles fueron y han sido sus intenciones: dividir a nuestra organización, a nuestra empresa que genera empleo, directa e indirectamente a más de 12 mil familias y esto trae aparejado que se vea afectada también la vida de la comunidad”, expuso.

La Fiscalía General de la República acusó que de 2011 a 2017, el ex directivo y otros imputados dispusieron de 114 millones 198 mil 847 pesos de la Cooperativa y lo transfirieron a siete empresas señaladas por el SAT como “factureras”.