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► Los legisladores afirman que “recurrirán a todos los recursos disponibles si los terrenos y el puerto de Vulcan son confiscados, considerándolo un robo de propiedad”

► El gobierno mexicano cerró las operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo hace dos años, acusando a la empresa de causar daño ecológico y oponerse a la construcción del Tren Maya

 

Por Óscar Flores/CAMBIO 22

CANCÚN, 11 de mayo.- Los senadores Tommy Tuberville (republicano), Katie Boyd Britt (republicana), Bill Hagerty (republicano) y Tim Kaine (demócrata) enviaron una carta a la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, a quien expresaron que se cumplen dos años desde que el Gobierno de México cerró operaciones

La carta de los senadores que incluyen también a los republicanos Katie Britt y Tommy Tuberville que representan a Alabama, sede de Vulcan Materials, llega exactamente dos años después de que la Semarnat clausurara las operaciones de extracción de piedra caliza por parte de la empresa Sac-Tun.

Los seis legisladores de EU envían carta a la canciller Bárcena para advertir que recurrirán a todos los recursos disponibles en el caso del cierre de la empresa Vulcan Materials por presunto daño ecológico.

Los legisladores estadounidenses señalan en la misiva enviada a la canciller mexicana su preocupación por el conflicto con la empresa minera Vulcan Materials en la Península de Yucatán.

Manifestaron que “recurrirán a todos los recursos disponibles si los terrenos y el puerto de Vulcan son confiscados, considerándolo un robo de propiedad”.

El Gobierno mexicano cerró las operaciones legales de Vulcan en Quintana Roo hace dos años, acusando a la empresa de causar daño ecológico y oponerse a la construcción del Tren Maya.

Desde entonces, Vulcan ha enfrentado amenazas y hostigamiento por parte de las autoridades mexicanas, lo que ha generado preocupación en los senadores estadounidenses.

“Vulcan ha enfrentado persistentes amenazas y acoso por parte del gobierno de México”, dice la carta recordando además que la Secretaría de Marina ocupó brevemente la propiedad en marzo de 2023.

El 8 de noviembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el aviso de consulta que abre la puerta a un decreto de declaratoria de Área Natural Protegida de las 2 mil 400 hectáreas de Vulcan Materials en el municipio de Solidaridad.

En la carta, los senadores instaron al Gobierno de México a revocar las medidas adoptadas contra la empresa minera y trabajar en una solución que beneficie a todas las partes. Destacaron que estas acciones han erosionado la confianza en el liderazgo del presidente López Obrador para hacer cumplir los acuerdos de libre comercio y el Estado de Derecho.

Según algunos medios de comunicación de México y de Estados Unidos, el conflicto entre el Gobierno mexicano y Vulcan Materials ha generado tensiones bilaterales, evidenciando diferencias en la percepción sobre el respeto al medio ambiente y la inversión extranjera en el país.

Se trata de un conflicto que desde hace meses existe con la empresa minera Vulcan Materials, ubicada en el Caribe mexicano y que ha sido objeto de señalamientos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta compañía es propietaria de una cantera caliza en la selva de Quintana Roo y el mandatario federal mexicano la ha acusado de causar daño ecológico, y amenazado con tomar acciones legales en caso de que los predios no sean vendidos al gobierno.

“Estas acciones han erosionado la confianza que esta delegación tiene en el liderazgo del presidente López Obrador para hacer cumplir nuestros acuerdos de libre comercio existentes y adherirse al Estado de Derecho”, concluye la carta dirigida a la canciller Bárcena con la que ha habido acercamientos.

Ecocidio por corrupción, omisión y contubernio

Grupos ambientalistas locales, nacionales e internacionales han calificado a Calica, empresa líder en material de construcción en EU, que arrasó con selva y sigue dañando el Caribe mexicano.

Desde mediados del 2022 Calizas Industriales del Carmen (Calica) fue denunciada por el gobierno federal ante organismos internacionales por el daño ambiental en los predios le fueron concesionados (1986-2002) a la subsidiaria de Vulcan Materials (VM) en el municipio Solidaridad del estado de Quintana Roo, en las aguas del Caribe mexicano.

Calica devastó los ecosistemas de 2 mil 400 hectáreas en la zona de Playa del Carmen. En entrevista, la doctora Cecilia Elizondo explica que los daños implican deforestación, pérdida de manglares y muerte de especies en peligro de extinción y el área tardará años en recuperarse.

Calica está registrada en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como una empresa dedicada a la extracción y comercialización de piedra caliza y similares, materiales que en su gran mayoría son exportados a Estados Unidos para su uso. En este sentido, cuenta con 2 mil 400 hectáreas concesionadas por diferentes gobiernos priistas.

Vulcan Materials es la mayor productora de materiales de construcción en Estados Unidos, principalmente de piedra triturada, arena y grava. Cuenta con canteras y terminales marítimas en la isla de Vancouver en Columbia Británica, Canadá y Punta Venado, en Solidaridad, México.

Desde 2008, el corporativo cotiza en la bolsa de valores de Nueva York (Stock Exchange); publicó en un reporte del pasado 3 de agosto de 2023, que en el primer semestre del año tuvo 3 mil 762 millones de dólares de ingresos totales.

Ecocidio, daños en cenotes, ríos subterráneos, arrecifes, manglares, flora, fauna

Los graves daños implican no sólo deforestación, sino también pérdida de manglares, muerte de especies en peligro de extinción y modificaciones de ríos subterráneos y cenotes, explica Cecilia Elizondo, doctora en ciencias en conservación del patrimonio paisajístico por el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Agrega que “el tiempo que tarde la recuperación dependerá de la gravedad de los daños al ambiente” provocados por la filial de la trasnacional estadunidense Vulcan Materials Company, que el 21 de abril pasado llegó a un acuerdo muy ventajoso con el gobierno federal para transformar la zona en un bioparque.

De acuerdo con Adán Augusto López Hernández, entonces titular de la Secretaría de Gobernación, Vulcan aceptó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a cambio de que el gobierno acceda a construir una estación del Tren Maya en el área del futuro bioparque. Otros acuerdos fueron que la empresa podrá exportar a Estados Unidos el material pétreo que ya había extraído, pues se les dio un permiso de Aduanas por dos meses, mismo que se puede aumentar hasta tres años. Asimismo, se le permitirá ampliar el puerto para que atraquen cruceros.

Hoy se sabe que la magnitud de los estragos ambientales que dejó la mina son devastadores, gracias al trabajo de la doctora Cecilia Elizondo, quien explica que se trata de una cadena sistemática de impactos: “al remover para la extracción de la piedra caliza tenían que pasar el área de los ríos subterráneos. Y aunque encontraban agua, seguían las excavaciones”.

Añade que la remoción del material no sólo impactó en los ríos subterráneos, ya que tienen conexión con áreas del mar, sino a su vez dañó los manglares, que sirven de refugio para las especies. Y como zona de desove de especies importantes.

Contubernio

Los acuerdos entre gobiernos estatales de Quintana Roo y federales con la compañía extractora se remontan a agosto de 1986 siendo  gobernador el priista Pedro Joaquín Coldwell junto con el Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del presidente Miguel de la Madrid, Daniel Díaz Díaz; el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), Manuel Camacho Solís, quienes firmaron un acuerdo con compañía Calica para la explotación de material pétreo y la construcción de una zona portuaria para sacar por mar y exportar dicho material.

Nueve meses después –el 15 de mayo de 1987- en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo que estableció la concesión para construir y usar una terminal marítima a la altura del kilómetro 282+600 de la Carretera Chetumal Cancún, en el sitio denominado Punta Venado.

La “Concesión que con carácter definitivo otorga el Ejecutivo de la Unión por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la empresa Calizas Industriales del Carmen, SA de CV”, y tendría una duración de 20 años y permitía al gobierno federal retirarla conforme lo exigiera el interés público.

Siete años después, en 1994, el acuerdo fue modificado por el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari para eliminar la revocación de la concesión conforme lo exigiera el interés público establecida en el 87 -donde se establecía que esta última sólo podría ser retirada con base a si “la subsidiaria no cumple con el objeto de la concesión o a cualquier causa prevista en el artículo 33 de la Ley de Puertos”-. En dicho artículo, la cláusula XII sostiene que podrá revocarse cualquier concesión si el particular no cumple con las obligaciones señaladas en el título de concesión en materia de protección ecológica.

Además extendió la duración de la concesión de 20 a 30 años, lo que significó que el beneficio para la subsidiaria VM abarcaría del 30 de septiembre del mismo año hasta el 30 de septiembre del 2024.  Asimismo, le otorgó la libertad a Calica de regular los precios de cobro por servicios a terceros, es decir, para los exportadores o embarcaciones particulares.

Nueve años después de otorgada la concesión, en 1996, la administración del presidente priista Ernesto Zedillo, a través de la Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca del Estado de Quintana Roo, durante el mandado del gobernador priista Mario Villanueva, en prisión domiciliaria por diversos delitos, autorizó en materia de Impacto Ambiental el proyecto de ampliación de la zona de explotación de la mina propiedad de la empresa, a través de los predios denominados ‘El corchalito’ y ‘La Adelita’ para llevar a cabo la explotación industrial de arena, grava y derivados de rocas y suelos no minerales, conservando una capa de subsuelo igual o mayor a un metro de grosor por encima del manto freático, sin realizar la explotación por debajo de este.

Un mes antes de la salida de Ernesto Zedillo de la presidencia, se estableció que, para que la empresa Calizas Industriales del Carmen pudiera desarrollar sus actividades mineras en los predios ‘La Adelita’ y ‘El Corchalito’ por debajo del nivel freático debía tener la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, dirigida en ese entonces por la bióloga Julia Carabias Lillo.

Así fue como el 30 de noviembre del 2000, un día antes de la salida del expresidente Ernesto Zedillo, se otorgó el permiso para la explotación minera a través de grandes cantidades de explosivos del tipo de hidrogeles por debajo del nivel freático, lo que consintió en el aprovechamiento de 7 hectáreas anuales de roca caliza, es decir 140 hectáreas en 20 años, a Calica.

Calica enfrenta dos demandas colectivas y la demanda del gobierno federal

En octubre del 2022 comunidades aledañas a la cantera de Calica, integrantes del Movimiento Indígena Maya, denunciaron a la subsidiara de Vulcan Materials ante el Juez de Distrito con sede en Cancún por la violación al derecho a un ambiente sano para los habitantes así como el quebranto al derecho de las niñas y los niños a un desarrollo saludable.

Dicho recurso legal exige a la compañía resarcir los daños ambientales que ha provocado al medio ambiente al producir contaminantes perjudiciales para la salud, los cuales están documentados por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto de Ecología.

Los estudios destacan que la empresa ha contaminado el agua con nitritos, los cuales, según lo documentado por la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR por sus siglas en inglés), pueden producir algunos tipos de cáncer gastrointestinal en seres humanos y ratones. Además, el recurso legal destaca la expulsión de polvo de piedra caliza pulverizada, dicho material contiene sílice cristalina que sólo es observable a través de un microscopio y al estar en un estado muy fino provoca silicosis, enfermedad que puede provocar la muerte.

Las comunidades también han señalado que Calica ha devastado hectáreas de selva porque opera con permisos otorgados a finales del sexenio de Ernesto Zedillo.

Casi un año después, a principios de agosto del 2023, habitantes aledaños a la mina de la subsidiaria de Vulcan realizaron una segunda denuncia judicial contra la empresa. A través de la asociación civil “Ciudadanos Organizados por Quintana Roo” más de 50 personas demandaron a la compañía por los impactos negativos en su calidad de vida y su entorno natural por la actividad de extracción de materiales en la cantera.

Asimismo, señalan daños al acuífero, deterioro de la selva y perturbación de la tranquilidad de los habitantes de la zona.

La demanda fue presentada en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia, del municipio de Solidaridad, bajo el número de expediente 166/2023, los denunciantes aseguran que su lucha tiene como propósito detener todas las actividades de la empresa.

Estudios de Semarnat y denuncia gubernamental contra subsidiaria de Vulcan Materials

Durante 2022 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó un estudio del impacto de la actividad minera de la subsidiaria Calica en los predios ‘El Corchalito’ y ‘La Rosita’ concesionados a dicha compañía:  tan solo de 1985 a 2022 se deforestaron 926 hectáreas.

Asimismo se reconoció que en el predio ‘La Adelita’ aún no existía explotación minera por lo que era urgente detener el avance de la actividad de extracción ya que, en toda la zona concesionada se descubrió un sistema complejo de cenotes y ríos subterráneos, conectados hidrológicamente a través de conductos, así como un sistema de cavernas.

Sin embargo, por la actividad de extracción en ‘El Corchalito’ y ‘La Rosita’ ya se alteraron las condiciones del flujo regional y de la calidad del agua del sistema de ríos subterráneos y cenotes. Además de la destrucción de tres de estos últimos.

Los daños ambientales en los predios concesionados son irreparables por ello, el gobierno de México presentó una denuncia contra la empresa ante la Comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En el año 2000 se publicó un estudio coordinado por los especialistas ambientales del Instituto de Geofísica de la UNAM Ana Muñoz Colunga, Marisa González y Luis Marín en el que estudiaron el suelo de los predios concesionados a la subsidiaria Calica.

Los resultados demostraron que en dicha área se desarrolla un ecosistema identificado como selva baja caducifolia o bosque tropical caducifolio en el que existe presencia de la especie Trinax radiata que está catalogada en la norma federal como una especie amenazada.

Asimismo, la Semarnat suspendió las actividades de Calica el pasado mayo porque incumplió con la normatividad federal en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental. En consecuencia de no respetar un acuerdo pactado entre el gobierno federal y la compañía para detener la extracción de materiales.

Comunidades mayas denuncian ataques por parte de Calica

Por su parte, habitantes de comunidades mayas denunciaron en un foro virtual coordinado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el Día Internacional del Agua (22 de marzo del 2023), que la subsidiaria Calica de Vulcan Materials ha  escalado sus ataques contra sus territorios al exigir al Congreso de los Estados Unidos que el gobierno mexicano indemnice a la empresa por un total de mil 900 millones de dólares, es decir, 32 mil 414 millones 949 mil 570 pesos mexicanos.

Gobierno de México ofrece comprar 2 mil 400 hectáreas a Calica

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del pasado 27 de julio de 2023, que su gobierno ofrecería a la compañía Vulcan Materials, concesionaria del banco de materiales Calica ubicado en Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo, comprar 2 mil 400 hectáreas con un pago de 6 mil 500 millones de pesos.

“Se busca llegar a un acuerdo con Vulcan a través de un avalúo realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para comprar todas las hectáreas para que la zona sea declarada Área Natural Protegida”, dijo.

Con imágenes tomadas de los predios, López Obrador explicó que las operaciones del banco de materiales Calica han impactado la selva, los ecosistemas y que, según las proyecciones de la empresa, estas acciones de explotación estaban encaminadas a seguir expandiendo la región de extracción para sacar todo el material por el puerto de Punta Venado hacia Estados Unidos.

Parque ecoturístico

“¿Qué les estamos planteando? Hicimos un avalúo de todo y tiene un valor de alrededor de seis mil 500 millones. Si nos importa realmente evitar el cambio climático y no es demagogia, pues la oferta que les estamos haciendo no deberían rechazarla” explicó el mandatario federal.

López Obrador enfatizó que la oferta es comprar todas las hectáreas a la compañía con un pago inmediato. Al adquirirlas, el gobierno procederá a convertir 2 mil hectáreas, que no han sido dañadas por la producción del banco, en Área Natural Protegida.

Mientras que la región impactada quedaría a cargo del gobierno federal para llevar a cabo un desarrollo ecoturístico. Asimismo, especificó que el muelle podría ser utilizado como un puerto de cruceros porque no hay ninguno de ese lado del territorio de Quintana Roo.

Entre los proyectos se buscaría construir albercas en los socavones provocados por la extracción de materia. También debe analizarse la cuestión legal de los permisos otorgados a Vulcan Materials desde el sexenio del priista Ernesto Zedillo.

Luego, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó que su gobierno ha convertido 16 mil hectáreas que pertenecían al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en reservas protegidas. Recordó que la venta de terrenos de Fonatur fue una práctica común en los gobiernos de priistas y  panistas, los terrenos eran vendidos a un precio “escandalosamente” inferior,

Pobladores y grupos ambientalistas refirieron que durante la administración de Vicente Fox, los terrenos fueron prácticamente regalados a 70 pesos el metro cuadrado a grandes compañías y poderosos empresarios y políticos.

Por otra parte, el presidente declaró que si Vulcan Materials no acepta el acuerdo de compra-venta, las denuncias continuarán para resolver el conflicto a través de un juicio y que ambas partes queden libres.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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