Pobladores de Comunidades de la Zona Limítrofe Avanzan en su Lucha Contra el Ayuntamiento Capitalino

>Juzgado federal con sede en Chetumal, les admite la demanda de amparo que interpusieron

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 2 de mayo.- Los pobladores de las comunidades de la zona limítrofe, celebraron el hecho de que el Juzgado Federal Sexto de Distrito con sede en la ciudad de Chetumal, haya admitido los amparos 287/2022, 288/2022 y 289/2022, que interpusieron en contra del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, al excluirlos de manera intencional del Programa de Inversión Anual (PIA).

De esta manera, se da un paso importante en esta batalla legal que los habitantes de dichas poblaciones que se encuentran en la frontera con el estado de Campeche mantienen contra el gobierno municipal, ya que al admitir dichos amparos y con las pruebas presentadas, podrían lograr que un juez obligue a las autoridades a atender sus demandas, de acuerdo a lo que explicó Andrés Blanco Cruz, asesor jurídico del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe.

“Definitivamente el que nos hayan admitido la demanda de amparo es un paso significativo en esta lucha que se ha emprendido contra el Ayuntamiento, que se niega a dotar de obra pública a las comunidades que se encuentran en la zona limítrofe y excluirlas de manera reiterada de los Programas de Inversión Anual y sin que exista justificación jurídica alguna, lo más grave, es la falta de voluntad de la alcaldesa para escucharnos y su rechazo tajantemente a cumplir con su responsabilidad con los habitantes de esta región, por eso celebramos este avance donde seguramente ganaremos.”

La demanda de amparo promovida por comunidades como San Antonio Soda, Guillermo Prieto, Caña Brava, Pioneros del Río, Nuevo Progreso entre otras más, obedeció al hecho de que se les ha negado el derecho a contar con calles pavimentadas, parques, domos, alumbrado público, electrificación, drenaje, agua potable y acceder a programas de mejoramiento de vivienda, banquetas, mejores servicios de salud entre otros más.

Blanco Cruz, dijo que esta situación ha llevado a la administración que encabeza Yensunni Martínez Hernández, a violentar los derechos humanos de quienes ahí habitan y hasta a cometer actos de discriminación, por el simple hecho de vivir en esa región, ya que los argumentos que plantea para no cumplir, no tienen ningún sustento legal.

“Lo que estamos haciendo es para que a las comunidades rurales se les dote de los servicios que carecen y para que el Ayuntamiento deje de utilizar el conflicto que se tiene con Campeche como pretexto para no cumplir con su responsabilidad constitucional de llevar obras y servicios públicos, porque hacer a un lado a estas poblaciones e ignorar las demandas de sus habitantes, es incurrir en actos de discriminación y violentar los derechos humanos de más de 12 mil personas que están luchando solo para acceder a una mejor calidad de vida.”

Confió que dados los antecedentes de los amparos que han ganado en materia de agua potable y que han obligado al Congreso del Estado a destinar más de 150 millones de pesos para el cumplimiento de dichas sentencias, ocurra lo mismo con los amparos admitidos y se le obligue al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, a destinar recursos a la brevedad para atender a las comunidades de la zona limítrofe, que están alejadas de la capital y con un desarrollo incipiente.

lau.beytia@diariocambio22.mx

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