Pifia del Grupo Parlamentario del PVEM al Promover Reforma en la que No Tiene Facultades Legislativas

► La bancada verde en la XVII Legislatura propuso reformar el Código de Procedimientos Civiles del Estado para ampliar el plazo que tienen los inquilinos morosos antes de que puedan ser desalojados de casas en arrendamiento ► Sin embargo, la legislación en materia procesal civil es facultad exclusiva del Congreso de la Unión desde el 2017, por lo que el Congreso local no puede siquiera analizar la reforma ► El código local, además, está en proceso de abrogación desde el 2023, para ser sustituido por el Código Nacional de Procedimientos Civiles

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 4 de abril.- Como muestra de una de tantas iniciativas que se han presentado en la XVII Legislatura de Quintana Roo como simple instrumento de propaganda o populismo parlamentario, la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acaba de cometer una pifia al promover una reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado a fin de dar un plazo mayor a los inquilinos morosos antes de ser desalojados de casas en arrendamiento, cuando los diputados locales ya no tienen facultades para legislar en materia procesal civil y el código local está en proceso de abrogación para ser sustituido por el código nacional.

La iniciativa, presuntamente muy bien estudiada por los asesores y abogados del PVEM, y pide reformar el artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para aumentar de 2 a 3 meses las rentas vencidas para que pueda promoverse una demanda de desocupación de un bien arrendado.

“Esta propuesta tiene un sustento en diversos factores sociales y económicos que vive el estado, como puede ser la inflación, los costos de vida de la canasta básica, el turismo, las necesidades mismas de vivienda”, argumentó la diputada Yohanet Torres Muñoz, principal promotora de la propuesta y que sumó a los demás integrantes de su grupo parlamentario para presentarla.

La diputada argumentó que estos elementos han elevado de manera estratosférica las rentas, y la reforma considera que la recuperación en algunos para ponerse al día es de al menos 3 meses, tiempo promedio en el que una persona tarda en encontrar trabajo y generar ingresos.

Sin embargo, apenas leída y turnada a comisiones, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Hugo Alday Nieto, advirtió que la propuesta será rechazada, porque la Legislatura local no tiene facultad para reformar la legislación en material procesal civil.

Explicó que desde la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, la facultad exclusiva para legislar en materia procesal civil y familiar corresponde al Congreso de la Unión.

“Los Estados ya no pueden normar al respecto y procederemos al desechamiento de la iniciativa”, manifestó.

Adicional a lo dicho por el diputado, está que el propio Código de Procedimientos Civiles del Estado ya se encuentra en proceso de abrogación desde el año pasado, pues el 8 de junio de 2023 entró en vigor el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles emitido por el Congreso de la Unión, el cual será aplicado en todo el país en lugar de los códigos locales.

En el caso de Quintana Roo, para que el Código Nacional de Procedimientos Civiles sustituya al Código de Procedimientos Civiles del Estado sólo falta que el Congreso del Estado haga la declaratoria de entrada en vigor de la nueva norma, a petición del Poder Judicial, cosa que deberán hacer a más tardar el 1 de abril del 2027.

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