Congreso de Quintana Roo Analiza Reforma que Permita Reducir su Presupuesto, el del Poder Judicial y los Órganos Autónomos

Francisco Hernández / CAMBIO 22

CHETUMAL, 22 de abril.- La XVI Legislatura analizará una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para que, a partir del próximo gobierno, se puedan disminuir los presupuestos de los Poderes Judicial y Legislativo y de los órganos autónomos constitucionales, lo cual actualmente no está permitido.

Con una exposición de motivos que parece haber sido gestado en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), pero que el gobierno de Carlos Joaquín no se atrevió a promover directamente, la iniciativa fue turnada a comisiones por el Congreso esta semana a propuesta de los diputados José de la Peña y Tyara Schleske de Ariño, del PVEM, y tendría que aprobarse antes de finalizar la gestión de esta misma Legislatura para que no quede desechada por caducidad, pero se afirma que cuenta con el respaldo suficiente de las dos terceras partes de los diputados para darle salida.

Actualmente, y desde el 2016, la Constitución del Estado establece que a los poderes Legislativo y Judicial y a los órganos autónomos constitucionales, que son la Fiscalía General del Estado, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía General del Estado, no se les puede reducir el presupuesto con respecto al año anterior; es decir, cada año se les debe respetar un presupuesto que al menos sea semejante al que ejercieron en el ejercicio fiscal pasado.

En la iniciativa de reforma, argumentando las necesidades presupuestarias que generó la crisis de la pandemia del Covid-19, se considera necesario “eliminar barreras que impiden la reducción de gasto otorgado a los Poderes o a los Órganos Autónomos en la definición de su presupuesto, ya que actualmente la Constitución del estado prevé que el presupuesto de egresos de los antes mencionados no pueda sufrir una disminución en relación al autorizado en el año inmediato anterior”.

La iniciativa considera que de esta forma se logrará eficientar el gasto público y los recursos cada vez más escasos para hacer frente a las necesidades del estado, lo cual identifica principalmente con la de hacer frente a las demandas del sector salud en la pandemia, pero cabe resaltar que la XVI Legislatura no quiso aplicarse a sí misma esta medida, a pesar de que le tocó aprobar dos presupuestos en medio de la emergencia sanitaria, en los cuales no redujo en un solo peso la asignación para el Congreso del Estado, gran parte del cual lo gastan directamente los diputados de manera opaca; al mismo tiempo que autorizó al Poder Judicial incrementos en los que el principal destino fue duplicar el sueldo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a más de 200 mil pesos mensuales, un notorio abuso.

En este sentido, la iniciativa, más que atender a las necesidades urgentes de una pandemia que va en remisión y de la cual además ya se está superando la crisis económica, busca dejar abierta la posibilidad de que pueda realizarse una política de austeridad en todos los ámbitos gubernamentales del estado en la próxima administración, pero es sobre todo a que los pagos de la nueva deuda de 820 millones de pesos reduce los recursos que el estado puede destinar a inversión pública.

Dice la propuesta al expresar sus motivos que, “en nuestros días y a un año de la pandemia que golpeara severamente a nuestra entidad, ha superado por mucho las malas expectativas que se tenían para la integración de un presupuesto acorde a las necesidades más imperantes para el Estado.

Con lo cual debemos recordar que el pasado 30 de marzo de la presente anualidad el Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, convirtiéndose la pandemia en el problema público más importante para la población en general, y en especial para los médicos y pacientes del sector salud.

Es el caso que para poder garantizar el derecho a la salud a todos los quintanarroenses se debe priorizar en restructurar las fallas del pasado relacionadas con las ineficiencias estructurales en capacidad instalada, infraestructura física y recursos humanos escasos para operar los servicios generales de salud, por lo que para hacer frente tanto a los daños directos de la pandemia como a los alternos como es la economía, el empleo, la inversión, en otros, se deben realizar cambios sustanciales en la conducción del gasto público y su proyección y generar cambios en la política fiscal que pudiese atraer recursos adicionales.

En dicha tesitura, el promover una adecuada pero eficiente austeridad del gasto que permita un impacto positivo a las finanzas públicas, analizando con exactitud a las entidades de la administración pública para verificar los rubros respectivos a afectación; la reducción a los servicios generales, materiales y suministros, buscando mecanismos tecnológicos que permitan una mejor distribución y ahorros para un direccionamiento adecuado del gasto; eficientando el gasto de los organismos constitucionalmente autónomos que permitan una adecuación profesional a sus funciones y optimización de sus recursos, son características del gasto que deben analizarse para permitir un magro beneficio a la ciudadanía y dejar privilegios y dispendio de recursos no acordes a nuestra realidad actual.

Es por ello que se propone eliminar barreras que impiden la reducción de gasto otorgado a los Poderes o a los Órganos Autónomos en la definición de su presupuesto, ya que actualmente la Constitución del Estado prevé que el presupuesto de egresos de los antes mencionados no pueda sufrir una disminución en relación al autorizado en el año inmediato anterior, lo anterior no se actualiza en el supuesto contrario al principio de progresividad previsto en el articulo 1°, párrafo tercero constitucional, que impone una prohibición de no regresividad de los derechos humanos, por el contrario no se trata de medida alguna que verifique medida alguna de restringir derecho humano alguno.

Con lo anterior no se pretende disminuir derecho humano alguno sino eficientar el gasto público y los recursos cada vez más escasos y necesarios para ser aplicados en las necesidades más apremiantes de la población”.

En su aplicación, la propuesta no representa la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disminuya a los poderes Legislativo y Judicial su presupuesto, ya que la definición del presupuesto es facultad del Congreso del Estado, pero si podrá proponerlo, quedando al Congreso la última decisión de autorizar reducciones a los presupuestos tanto suyo como del Poder Judicial y los órganos autónomos.

franciscohcambio22@gmail.com

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