Chapab pide a Suprema Corte atraer el caso contra Mega Granja de Cerdos

Redacción/CAMBIO22

MÉRIDA, YUC.- 17 de enero.- Demandan también una consulta indígena para decidir el futuro de la granja Debido a las violaciones a los derechos humanos, al medio ambiente y la salud, la comunidad maya de Chapab pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atraiga el caso en contra de la mega granja porcina que trabaja cerca de la zona donde se ubican, pues denuncian que, desde 2017, se instaló en el territorio bajo el respaldo de autoridades estatales.

Cabe señalar que en 2021, la comunidad logró una suspensión definitiva sobre la granja que es propiedad de Grupo Piscícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, sin embargo el Tribunal Colegiado Penal en Yucatán desechó ese fallo y permitió que la granja volviera a funcionar. De acuerdo con Jorge Enrique Eden Wynter García, magistrado a cargo del caso, señaló que la denuncia de 2021 fue rechazada ya que la comunidad debía presentar su querella durante los primeros quince días de haberse establecido la granja de cerdos, es decir en 2017.

“Esto carece de sentido puesto que los daños al territorio y a las y los pobladores se hicieron evidentes durante la operación de la mega granja. Adicionalmente, es insólito que el Poder Judicial Federal resuelva un periodo de tiempo obtuso (caduco) para la defensa de derechos humanos por afectaciones al ambiente, al territorio y a otros derechos que prevalecen hasta que las autoridades cumplan con sus obligaciones”, señala un comunicado.

Agregaron además que, esta resolución favorable para las empresas piscícolas, es un mensaje del Poder Judicial Federal que dicta que, pese a cometer graves faltas, si no son denunciados durante la primera quincena de operaciones, entonces pueden continuar en funcionamiento.

En respuesta de los afectados, el colectivo Kanan Lu’um Moo (cuidar la tierra) pidió a las autoridades ambientales y administrativas, llevar a cabo una consulta indígena para que la comunidad decida si quiere o no que permanezca la mega granja en el territorio. Pese a lo anterior, las autoridades estatales han argumentado no contar con las facultades para realizar una consulta de este tipo, sin embargo la participación pública y consulta previa, son obligaciones constitucionales en México. Por último, el colectivo Kanan Lu’um Moo, presentó una demanda de amparo por la vulneración del derecho a realizarse la consulta indígena.

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