Redacción/CAMBIO 22    

El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) salió de la prisión militar de Mariscal Zavala en la noche del miércoles, donde estaba encarcelado desde el 3 de septiembre de 2015 por distintos casos de corrupción. Para ello, abonó una fianza de 300.000 quetzales (37.500 euros) por el caso de Cooptación del Estado y entregó dos viviendas como garantía por la caución económica de 10,4 millones de quetzales por el caso de defraudación aduanera de La Línea (1,3 millones de euros).

El exmandatario abandonó la cárcel tras decretarse medidas sustitutivas a su favor y después de que fuera condenado el pasado 7 de septiembre a ocho años de prisión conmutables, al aceptar haber cometido los delitos de fraude (2 años), cohecho pasivo (2 años y 6 meses) y lavado de dinero u otros activos (3 años y 6 meses) en un caso de corrupción denominado ‘Cooptación del Estado’. Esta causa salpica a los empresarios españoles Juan José Suárez y Ángel Pérez Maura, después de que Pérez Molina concediera en 2012 sin concurso público a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), que era filial del Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), un usufructo de 25 años para administrar 34 hectáreas del Puerto Quetzal, la mayor terminal marítima del país, ubicada a 100 kilómetros de la capital del país centroamericano.

Este fallo judicial aún no es firme y está pendiente de apelación, por lo que ha podido salir de la cárcel a la espera de la confirmación de la sentencia, después de que el pasado 22 de agosto, la jueza del Juzgado de Mayor Riesgo B, Eva Recinos, le beneficiara con arresto domiciliario a cambio de una fianza de 300.000 quetzales que el expresidente ya abonó en noviembre de 2023.

Ha permanecido privado de libertad más de ocho años, tras ser encarcelado de manera preventiva por el caso La Línea un día después de renunciar a la Presidencia de Guatemala el 2 de septiembre de 2015 en un contexto de manifestaciones masivas en contra de la corrupción. Además, el pasado 20 de diciembre, un tribunal disminuyó la fianza de 13 millones de quetzales que se le impuso en noviembre de 2021 a 10,4 millones para optar al arresto domiciliario, después de que Pérez Molina argumentara que no tenía ese dinero para pagar la caución económica.

Por ello, ha presentado como garantía al Organismo Judicial las dos citadas viviendas valoradas en esa cantidad económica y que son propiedad de familiares de Pérez Molina, según explicó su abogado, César Calderón. Como medidas sustitutivas, ha quedado en libertad condicional con prohibición de salir del país y debe asistir cada 30 días al Ministerio Público para el control telemático.

Este monto corresponde únicamente a la fianza por el Caso La Línea en el que la Fiscalía y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala investigaron un fraude millonario en tres aduanas y por el que fue condenado en diciembre de 2022, junto a la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti a 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Esta pena fue muy inferior a los 30 años de cárcel solicitados por la Fiscalía, dado que tanto Molina como Baldetti fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito.

Pérez Molina se declaró inocente de esta causa e incluso llegó a asegurar en una entrevista con EL MUNDO realizada en prisión en 2016 que “en mi gobierno hubo corrupción, pero yo no cometí ningún delito”. Sin embargo, las tres juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala le impusieron tanto a él como a Baldetti una pena de ocho años por cada uno de los dos delitos por los que ambos fueron condenados.

UN CASO QUE SALPICA A EMPRESARIOS ESPAÑOLES

Por el contrario, el exmandatario sí reconoció su culpabilidad en el juicio del caso Cooptación del Estado y, a preguntas de la Fiscalía, admitió que “directamente”, hablaba con Pérez Maura, quien era el vicepresidente del TCB, mientras que también confesó haber tenido contactos con Juan José Suárez, director general de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), a quienes la Fiscalía acusó en su día de haber entregado un soborno de 4,2 millones de dólares a Pérez Molina y a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, a cambio de conseguir el citado usufructo.

De acuerdo a la investigación que realizó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Maura y Suárez tenían previsto entregar entre 2013 y 2015 un soborno de 30 millones de dólares, de los cuales 24,5 iban directamente a las máximas autoridades de Guatemala para lograr gestionar durante 25 años prorrogables por otros 25 el principal puerto del país centroamericano, donde tenían previsto construir una terminal de contenedores. Sin embargo, el Ministerio Público indica que solo lograron entregar a cada uno 4,2 millones antes de que ambos entraran en prisión en 2015.

Por estos hechos, en octubre de 2022 fue condenado Juan José Suárez, de origen ceutí, a ocho años de prisión conmutables por los delitos de cohecho activo (4 años) y asociación ilícita (4 años) tras someterse a la Ley de Aceptación de Cargos, tal como hizo el expresidente de Guatemala. Asimismo, Suárez fue condenado a pagar una multa de 100.000 quetzales (12.500 euros). El empresario español permaneció tres años en prisión preventiva en el país centroamericano desde que fuera detenido el 15 de abril de 2016, hasta que en mayo de 2019 un juez le decretara libertad bajo fianza de 500.000 quetzales (60.000 euros).

Por su parte, Pérez Maura, perteneciente a una acaudalada familia española con una dilatada tradición en el sector naviero desde el siglo XIX y con un patrimonio de más de 300 millones de euros, nunca enfrentó la justicia en Guatemala, a pesar de que en 2016 se emitió una alerta roja de búsqueda y captura internacional a través de la Interpol.

Pérez Maura, a través de su empresa Pérez y Cía. S.L. fue el accionista mayoritario del Grupo TCB, si bien solo llegó a estar detenido varios días en mayo de 2019 para que prestase declaración en la Audiencia Nacional por un supuesto pago de 10 millones de euros al excomisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo para que evitara ser procesado en España, donde podría enfrentar una posible extradición a Guatemala, con el fin de enfrentar la acusación de los mismos delitos que su socio, Juan José Suárez. Tras abonar una fianza de 750.000 euros, fue puesto en libertad junto a su hermano.

El 2 de junio de 2023, la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de apelación presentado por los hermanos Pérez Maura contra la resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, en la que se rechazaba la petición de sobreseimiento.

De este modo, la Audiencia Nacional se opuso a archivar la causa al naviero al considerar que se debe esperar a que se determinen los delitos concretos por los que se procede contra él y su hermano Álvaro antes de decidir sobre la prescripción que ambos alegan en el marco de la pieza 4 del llamado caso Tándem. En ella se investigan las transacciones internacionales realizadas en 2012 y que, a juicio de la Fiscalía, se puede calificar como un delito de cohecho internacional que no habría prescrito el 18 de noviembre de 2019 cuando se dirige el procedimiento contra el recurrente, ya que el plazo es de diez años.

PÉREZ MOLINA ACEPTÓ SU CULPABILIDAD

Mientras continúa la instrucción en España, el expresidente de Guatemala se sometió a la Ley de Aceptación de Cargos tras reconocer que, efectivamente, cometió los delitos de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos por ordenar que se concediera en usufructo oneroso la gestión del Puerto Quetzal a la empresa de Pérez Maura y su socio Juan José Suárez, así como por recibir una serie de sobornos y regalos de parte de funcionarios públicos y empresas a las que se les concedió una serie de servicios de seguridad en instituciones públicas.

Por este motivo, la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo B Eva Recinos, lo sentenció a una pena de 8 años de cárcel que podrá conmutar con un pago diario de 25 quetzales (3 euros) por cada uno de los delitos, a lo que habrá que sumar una multa de 250.000 quetzales (31.250 euros) por cohecho pasivo y de 1,5 millones de dólares y 10,5 millones de quetzales (1,3 millones de euros) por lavado de dinero y otros activos.

Hasta que sea firme esta sentencia, Pérez Molina, quien tachó de “exageradas” las multas impuestas, ha recuperado su libertad a pocos días de que tome posesión de su cargo el 14 de enero el presidente electo, Bernardo Arévalo, en un acto al que asistirá el Rey Felipe VI, según confirmó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala. Arévalo ha prometido sacar al país centroamericano del “pantano de la corrupción”.

 

 

 

 

 

Fuente: El Mundo

redaccionqroo@diariocambio22.mx

MRM