• Quintana Roo resuelve la concesión de Aguakan: De investigación penal a posibles licitaciones, el desenlace de un conflicto de dos años y medio

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL.- Dos años y cinco meses después que la voluntad popular emitida en la consulta ciudadana realizada en las pasadas elecciones intermedias del 5 de junio de 2021 sobre la permanencia o no de la empresa de suministro de agua potable, Aguakan, en la zona norte de Quintana Roo y que resultó vinculante, la hicieron efectiva los Diputados a siete días de vencer el contrato inicial aprobando por unanimidad abrogar el decreto 250 por el cual se autorizó a la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado una ampliación a la concesión por otros 30 años, para culminar el 31 de diciembre del 2054.

El pasado 22 de diciembre en la sesión del primer periodo extraordinario del Congreso de Quintana Roo y a propuesta del diputado morenista y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Pollitica (Jugocopo), Humberto Aldana Navarrete, por unanimidad de los 19 legisladores presentes, se acordó que a partir del 1 de enero del 2024 sea la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), quien ofrezca esos servicios.

En la misma sesión, también se autorizó a los 11 gobiernos municipales que busquen alternativas para atender los servicios que ofrecía la concesionaria; hay que recordar que anticipación y derivado de quejas de usuarios, se pretendió rescindir el contrato a Aguakán, incluso en la elección pasada por una iniciativa de la senadora por Morena, Marybel Villegas Canché, la cual se sometió a votación en los municipios afectados a la permanencia o no de la concesionaria.

Los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos votaron por concluir con el contrato de la concesionaria, siendo solamente el municipio de Solidaridad el que votó por continuar con esa prestación.

Ante las inconformidades de los ususarios por altos cobros y contaminación a los mantos fréaticos, pero además por irregularidades en la ampliación de la concesión fueron los argumentos para que el Congreso aprobara la cancelar la concesión.

“Era urgente revisar y reconsiderar los términos de esta concesión, para asegurarnos de que estén alineados con los intereses y necesidades de la población quintanarroense”, explicó el legislador local Humberto Aldana Navarro, quien presentó la propuesta.

Fue la XIV Legislatura quien decidió extender el contrato de concesión, que vencería el próximo 31 de diciembre, pero se aprobó extenderlo hasta el año 2053, ahora dicha renovación queda en manos del gobierno estatal; en el decreto original, de 1993 y expedido por la VIII Legislatura, en el primer año del sexenio de Mario Villanueva, se establecía una duración de 30 años, el cual se cumple este 31 de diciembre. En 2014, con nueve años de anticipación, se determinó prorrogar la concesión hasta el 31 de diciembre de 2053.

Las irregularidades en la entrega de la concesión para suministrar agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales a la empresa Aguakan, desde el inicio fue ilegal, todos lo sabían y nadie hizo nada, sobre todo por el dinero entregado por la empresa al Gobierno del estado.

Por ley el agua potable le pertenece a los ayuntamientos y es un mandato constitucional y no puede ni debe estar concesionado a una empresa privada, ante lo cual desde el inicio de la entrega de la concesión fue ilegal.

A la empresa Aguakan no se le puede demandar por brindar mal el servicio de agua potable, por ley no aplicaría, lo que sí podría demandar, es por daños y perjuicios económicos provocados por el gobierno del Estado de Quintana Roo al hacerle cobros indebidos por esa concesión que a todas luces fue ilegal, han manifestado diversos especialistas sobre el tema.

Ante estas irregularidades y como parte de la iniciativa por la que se abrogó la ampliación de la concesión de Aguakan hasta el año 2053, las diputadas y diputados de la XVII Legislatura también instruyeron investigar el destino y uso de mil 56 millones de pesos que recibió la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en el año 2014.

De acuerdo a lo planteado dentro del documento, la CAPA recibió la cantidad de mil 56 millones de pesos como contraprestación por la extensión de la concesión de Aguakan por 30 años más, es decir, para que siguiera dando el servicio hasta el año 2053 en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad.

Tras recibir el recurso, quienes representaban a la CAPA en ese entonces lo transfirieron a una cuenta del Gobierno de Quintana Roo, donde supuestamente fueron usados para gasto corriente. “Desde allí, ya no hubo rastros del dinero”, señala el documento.

Ante ello, se ha instruido abrir una investigación penal por posibles delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, desvío de recursos y los demás que resulten en contra de servidores y/o exservidores públicos que pudieran ser responsables del manejo de este dinero.

Por ello, la gobernadora del estado, Mara Lezama, declaró de manera contundente:

“Hay un proceso jurídico, yo les pediría que nos esperen a dar una información, ya está el proceso jurídico va con pasos firmes como la hace este gobierno, y yo lo dejo muy claro que no seremos rehenes de nada ni de nadie y el mandato popular lo tiene el pueblo, el mandato lo tiene la gente”.

De acuerdo con el decreto de la XVII Legislatura del Congreso del Estado que puso fin a la era de “Aguakan” en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, todavía no hay certeza o seguridad de quién se hará cargo de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales a partir del 1 de enero de 2024 en esos cuatro municipios de la zona norte.

En los siguientes días, el gobierno del Estado deberá decidir y analizar qué empresa con mayor capacidad técnica y financiera actual pudiera prestar el servicio concesionado, así como para revisar el modelo financiera y cláusulas aplicables en caso de controversia.

Lo anterior quiere decir que el gobierno, con el aval del Congreso del Estado, podría licitar nuevamente la concesión del servicio y, por otro, hacerse cargo del mismo por medio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; sin embargo, el decreto de la legislatura actual no especifica si la empresa Aguakan puede o no participar en la licitación de la concesión.

Lo que sí quedó claro, es que Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. tiene en su haber un sinnúmero de denuncias ante Profeco y la Procuraduría del Medio Ambiente por cobros indebidos y daños provocados por descargas residuales, afectando incluso la salud de la población.

Ante la denuncia presenta por el Gobierno del estado, todo apunta hacia el ex gobernador Roberto Borge Angulo y el entonces diputado presidente de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, José Luis Toledo Medina, quienes operaron la permanencia de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., (Aguakan), en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.

José Luis Toledo Medina “Chanito” era el brazo derecho de Roberto Borge en la legislatura, o por lo menos lo fue entre 2013 y 2015 cuando ocupó la presidencia de la entones Gran Comisión, el operó todo para la reforma al decreto original del título de concesión de 1993 que otorgaba el servicio de agua potable y alcantarillado, drenaje y saneamiento a Desarrollos Hidráulicos de Cancún para poder operar en Cancún e Isla Mujeres.

Sin el análisis suficiente ni los estudios adecuados para conocer si Aguakan tendría capacidad a futuro para continuar prestando el servicio, la mayoría priista encabezada por Toledo Medina en la XIV legislatura, aprobó de manera anticipada la ampliació. Ni Beto Borge ni ‘Chanito’ Toledo se imaginaron que esa autorización pudiera ser abrogada.

En la investigación tambien estarían el entonces director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, José Alberto Alonso Ovando, actual titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo y el ex secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo Molina, toda vez que no hay rastro de los más de mil millones de pesos que desembolsó Aguakan como contraprestación por la irregular y alterada concesión otorgada.

A juicio también serían llevados los diputados priistas Arlet Mólgora Glover, Maritza Medina Díaz, Juan Manuel Herrera, José Ángel Chacón Arcos, Filiberto Martínez Méndez, Mario Machuca Sánchez, Marcia Alicia Fernández Piña, Jesús Pool Moo, Berenice Polanco Córdova, Susana Hurtado Vallejo, Juan Carrillo Soberanis, Marybel Villegas Canché, Pedro Flota Alcocer, Cora Amalia Castilla Madrid y Martín de la Cruz Gómez.

La justicia alcanzaría a los panistas Perla Cecilia Tun, Sergio Bolio Rosado y Trinidad García Arguelles; los del Partido Verde, Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer; por el PT, Hernán Villatoro; por el PRD, Jorge Aguilar Osorio; por Nueva Alianza, Emilio Jiménez Ancona, y por Movimiento Ciudadano, Luis Roldan Carrillo.

A todos ellos se les atribuye el “análisis” y aprobación del abrogado decreto 250 que ampliaba a 30 años más la concesión a Aguakan; lo hicieron nueve años antes de que concluyera el primer contrato de concesión.

Con la cancelación, la senadora Marybel Villegas aprovechó para decir que gracias a ella  es  que se termina el contrato con esta empresa, pero en Redes Sociales los internautas le recordaron que votó en su momento a favor de la ampliación de la concesión de Aguakan, cuando fue diputada local del PRI.

Se dice que Marybel Villegas negoció su voto a favor, primero en comisiones y luego en el pleno, del dictamen de Decreto por el que la XIV Legislatura de Quintana Roo aprobó el 12 de diciembre de 2014 prorrogar anticipadamente a su vencimiento la concesión.

Pareciera increíble, pero Marciano “Chano” Toledo Sánchez, regidor del municipio de Solidaridad y padre de “Chanito’ Toledo, es unos de los más férreos luchadores sociales contra la empresa Aguakan, quien ha dicho que además de robarle a la ciudadanía, es ecocida porque ha contaminado el 60% del manto freático de los municipios del norte del Estado:

“En 25 años, la empresa ha ganado más de 50 mil millones de pesos y no ha realizado ninguna inversión para mejorar los servicios, por lo que se observa una total apatía de los presidentes municipales de la zona norte para resolver el problema, es decir, para iniciar los trámites para el retiro de la concesión”.

Todo este enredo jurídico inició con la consulta ciudadana realizada en las pasadas elecciones intermedias del 5 de junio de 2021 sobre la permanencia o no de la empresa de suministro de agua potable, Aguakan, en la zona norte de Quintana Roo, tuvo una participación de más de 35% del padrón electoral, lo cual la hizo vinculante, había elementos para rescindirle el contrato, pues la mayoría de la gente votó en ese sentido.

Los resultados oficiales en la jornada electoral del pasado proceso se consultó a ciudadanos de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos:

“¿Está usted de acuerdo que, la empresa Aguakan continúe prestando el servicio concesionado de agua potable, alcantarillado y saneamiento?”.

En Benito Juárez el “Sí” obtuvo 69,893 votos, mientras que el “No” alcanzó 157,759 votos, es decir, más del doble no quiere la continuidad de la empresa. El porcentaje de participación fue de 36.79 por ciento.

En Isla Mujeres, los resultados fueron: “Sí” 3,806; “No” 5,880, con un porcentaje de participación de 44.96 por ciento.

En Puerto Morelos, el “Sí” obtuvo 3,647 votos y el “No” 5,947; con una participación de 44.96por ciento.

En Solidaridad, los resultados fueron: Sí” con 11,269 votos, el “No” con 51,417, y una participación de 28.02 por ciento. Es el único municipio donde la votación alcanzada no permite que la consulta sea vinculante.

 

“En el caso de los municipios vinculantes, se notificará por oficio el presente acuerdo, por conducto de la consejera presidenta, a la honorable XVI Legislatura del Congreso del Estado, al titular del poder ejecutivo de la entidad, para los efectos conducentes, haciéndoles de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Participación, el incumplimiento de los efectos del resultado de la consulta popular, que resulta vinculante, se considera una omisión que redunda en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho, por lo que será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo”, se lee en el comunicado donde el Instituto Electoral de Quintana Roo declaró vinculante la consulta en tres municipios, el pasado 22 de diciembre el Congreso local lo hizo efectivo y la gobernadora Mara Lezama ordenó una investigación de fondo y autoriso poner una demanda judicial contran quién o quienes resulten responsables por el cobro y ‘deaparación’ de más de mil millones de pesos. Delincuencoa organizada, pues. Con información de medios.

 

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