Ya Fue Promulgado el Decreto que Abroga la Prórroga de la Concesión de Aguakan

► El decreto fue publicado el mismo día de su aprobación, aunque entrará en vigor el 31 de diciembre, mismo día en que finaliza la concesión original de la empresa para prestar los servicios de agua potable y alcantarillado en las principales ciudades turísticas del norte de Quintana Roo

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de diciembre.- Ya fue promulgado en el Periódico Oficial del Estado el decreto que declara la abrogación de la prórroga de la concesión de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., que opera bajo el nombre de Aguakan los servicios de agua potable y drenaje sanitario en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.

El pasado viernes 22 de diciembre, poco después de las 2 de la tarde, la XVII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la abrogación del decreto que aprobó la prórroga anticipada del título de concesión de Aguakan para prestar el servicio de agua potable en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, y ampliarlo a Solidaridad, hasta el 31 de diciembre de 2053, por considerar que fue su aprobación fue ilegal.

Horas después, en la tarde-noche del mismo viernes, el decreto fue promulgado en número 208 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado, con la indicación en sus artículos transitorios de que su entrada en vigor se realizará el domingo 31 de diciembre de 2023, que el día en que finaliza el decreto original de Aguakan, que data de 1993.

Como efecto inmediato de este decreto, se dispone que la concesión del servicio concluirá en su plazo original, es decir, el 31 de diciembre del presente año, y se ordena que la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., que opera a Aguakan, entregue los servicios, recursos, obras y bienes correspondientes a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo (CAPA) inmediatamente para garantizar la continuidad del servicio.

Por lo pronto, el mismo decreto, que puede ser combatido por la empresa para prolongar su posesión de la operación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los principales municipios turísticos del norte de Quintana Roo, autoriza a la gobernadora del estado y a las presidentas municipales de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad a que realicen los actos que sean necesarios para que ejecuten la reversión inmediata de los servicios, recursos, obras y bienes relacionados con la concesión del servicio de agua potable.

Al mismo tiempo, se ordena la creación de una Comisión Especial y de Investigación que tenga por objeto la investigación del destino final de los más de mil millones de pesos que recibió la CAPA como contraprestación por la extensión de la concesión, y que transfirió de manera indebida a una cuenta del gobierno del estado, la intervención de servidores públicos locales y particulares involucrados en delitos del fuero común y federales, así como para instalar una mesa de diálogo con las personas afectadas por la medida dictada.

Cabe recordar que el decreto de abrogación de la prórroga de concesión a Aguakán se justificó en el reconocimiento de que la Legislatura está obligada a cumplir el resultado de la consulta popular de junio del 2022, en la cual la población de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos se pronunció en su mayoría por la cancelación de la concesión del servicio de agua potable.

Asimismo, se tomó en consideración que la prórroga de la concesión al 2053 todavía no está en efecto, porque no ha llegado el final de la concesión original del servicio, otorgada en 1993 y que concluye el 31 de diciembre de 2023, pero la existencia del decreto de prórroga impidió al gobierno del estado, a través de la CAPA, realizar un análisis serio sobre la viabilidad del servicio concesionado, sobre todo ante las quejas constantes de los usuarios por cobros excesivos y daños a la salud y el medio ambiente.

Además, se señala que al momento de aprobar la prórroga, la XIV Legislatura no tuvo conocimiento de los términos del nuevo contrato concesión, pues el mismo no le fue presentado, lo cual configura una violación a la ley, por lo que el decreto hoy abrogado sólo era un instrumento para impedir la evaluación del servicio prestado por la concesionaria y que se pusiera a concurso el servicio en busca de un mejor prestador del mismo al llegar el final de la concesión original.

Además, de manera indebida se incluyó una cláusula que modificó la forma de resolver controversias para que sea mediante panel de expertos y arbitraje internacional en lugar de los tribunales del estado, lo cual está en contra de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado.

A eso se adiciona que la concesionaria Aguakan pagó mil 56 millones de pesos a la CAPA como contraprestación de por la extensión de la concesión por 30 años más, y funcionarios transfirieron el dinero a una cuenta del gobierno del estado donde se usó para gasto corriente, sin que a partir de allí se tuviera mayor rastro del recurso.

Por todo lo anterior, se consideró al final del plazo original de la concesión, que es el 31 de diciembre de 2023, debe operar inmediatamente la reversión y entrega de los servicios que se presten, recursos, obras y bienes correspondientes a la CAPA, para garantizar la prestación del servicio.

franciscohcambio@gmail.com

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