Quintana Roo Encabezó la Lista Como la Entidad con la Mayor Corrupción en 2021

► De acuerdo a estadísticas del INEGI y a propósito del Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre

Olivia Vázquez/CAMBIO 22

CANCÚN, Q. ROO, 08 de diciembre.- Quintana Roo ocupó el primer lugar a nivel nacional como la entidad con la mayor prevalencia de corrupción en 2021, siendo la policía, la instancia donde se reportaron mayor número de casos, según revelan estadísticas otorgadas por el INEGI, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se tendrá el próximo 9 de diciembre.

De acuerdo al estadístico que difunde hoy el INEGI, en la generación de datos sobre la percepción y experiencias de soborno que experimenta la población en general, las personas privadas de la libertad y las empresas en México, en 2023, 22% de las personas adultas mencionó que la corrupción es uno de los tres problemas que más le preocupan, aunque los hombres lo perciben con mayor frecuencia que las mujeres.

En la encuesta nacional de Calidad e impacto gubernamental (ENCIG) realizada en 2021, del INEGI, se refería que la policía y los partidos políticos fueron las instituciones que se percibieron más corruptas a nivel nacional: 88.8 y 85.4 % de las personas consideró que estas autoridades practican actos de corrupción de manera frecuente o muy frecuente.

En un comparativo estatal, destaca que Quintana Roo, Puebla y Baja California fueron las entidades con las mayores prevalencias de corrupción en 2021, con 20.4, 19.6 y 19.4 % respectivamente. Por el contrario, Baja California Sur y Colima presentaron los menores porcentajes.

Una tarea importante en el análisis de la corrupción, es la revisión de las vulnerabilidades a ser víctima de actos de corrupción durante el proceso penal. Al respecto, se encontró que
36.2 % de las 220, 477 personas adultas que estaban privadas de la libertad en 2021 fueron victimas de corrupción en algún momento de su proceso,  desde la detención hasta el ingreso al centro penitenciario. La frecuencia de actos de corrupción fue ligeramente mayor en hombres que en mujeres.

En Ciudad de México y el estado de México, seis de cada 10 personas privadas de la libertad fueron víctimas de corrupción en algún momento de su proceso penal. Se trató de los niveles más altos del país. En contraste, Aguascalientes, Sinaloa y Campeche tuvieron las menores prevalencias de corrupción a lo largo del proceso penal, con 15.8, 15.4 y 14.4 % de la población penitenciaria, respectivamente.

En el caso específico de Quintana Roo, la estadística revela que 33.4% de las personas que enfrentan procesos enfrentaron la corrupción; 14.9% en detención; 16.3% en el Ministerio Público; 6% en Juzgados y 13.1% en el Centro Penitenciario.

Respecto a los actores que generaron actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios, en 2021, 15.3% de las personas privadas de la libertad mencionó que pagó a las y los custodios para obtener algún servicio, beneficio o permiso en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta; mientras que 6.3% pagó a otras personas internas para obtener algún beneficio.

Así también revela que de los seis mecanismos de control interno en las administraciones públicas de las entidades federativas, se menciona que en la última edición, 14 entidades mencionaron tener estos seis mecanismos en 2022 ─Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Tamaulipas─ (ver cuadro 3).

Todas las instituciones de los gobiernos estatales contaban con al menos un mecanismo para la recepción de denuncias en contra de las personas servidoras públicas,^[1] mientras que
30 entidades tuvieron algún registro de declaraciones de situación patrimonial de las y los servidores públicos. En el espectro contrario, Coahuila reportó tener dos mecanismos: para la recepción de denuncias y para supervisar el cumplimiento de sanciones. Tlaxcala indicó contar solo con el mecanismo de recepción de denuncias.

La corrupción es un fenómeno que afecta a la sociedad y permea todos los ámbitos de la acción gubernamental. Los datos que genera el inegi sobre la materia permiten evaluar la implementación de los mecanismos de control interno, prevención y sanción que se estipulan en la legislación en la materia.

o.vazquez@diariocambio22.mx

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