Graciela Machuca Martínez

El 26 de junio de 2023, fue nombrado fiscal interino de Quintana Roo, Raciel López Salazar y el 17 de julio siguiente es nombrado por el Congreso del Estado como Fiscal General, luego de ser delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, por un año, llega a su nuevo cargo con todo el apoyo político de las autoridades del estado, en la cámara de diputados lo reciben con los brazos abierto, pero hasta el momento, este servidor público no ha respondido a la confianza con la que se le encumbró en el cargo, ahora, sus intereses personales, su falta de eficacia en su labor, lo ha llevado a que la opinión pública siga desconfiando de la institución, al ser señalado de permitir la huida de un conocido narcotraficante.

Las altas autoridades del estado de Quintana Roo tuvieron que salir a desmentir que dicho personaje de la delincuencia organizada haya sido detenido y después liberado al negociar un pago de 15 millones de pesos con algunos comandantes de la Agencia Estatal de Investigaciones; la presión mediática y desde la misma Fiscalía General de la República hizo dudar de la veracidad de la versión de la Fiscalía, por lo que fue necesario que otras voces con mayor credibilidad defendieran a la institución y le dieran una vez un espaldarazo al titular.

Con el pretexto de la secrecía en la carpeta de investigación López Salazar se ha negado a explicar a la opinión pública, si no era el mencionado capo, quien fue la persona detenida y cual es su estatus jurídico, porque lo detuvieron y bajo que recursos “legales” lo dejaron en libertad.

Los señalamientos en contra de agentes de la fiscalía de complicidad con la delincuencia común y organizada son constantes y con este caso cubierto de opacidad institucional, desde luego que se ahondan las sospechas que en esa detención hay gato encerrado y que alguien de la fiscalía tiene que dar una versión congruente para evitar que este tipo de errores sigan afectando la imagen de Quintana Roo en el ámbito nacional e internacional, al considerarse, con base en las estadísticas, que la delincuencia organizada tiene en nómina a personal de las policías y de la fiscalía, pero estas circunstancias en Quintana Roo son solo una pieza del rompecabezas a nivel nacional, donde los tres niveles de gobierno están involucrados, como parte de los acuerdos previos para que sean entregados algunos “peces gordos”, a cambio que los demás actúen con total impunidad.

Pero los tropiezos de la Fiscalía so uno tras otro, pues por una deficiente integración de la Carpeta de Investigación por el robo de medicamentos en la clínica especializada en pacientes niñas, niños y adolescentes con cáncer de Chetumal, la investigación se cambio de rumbo y no por donde lo indicaron las evidencias que se encuentran en el mismo expediente.

Los errores en esta investigación afectaron no solo la credibilidad de la institución, sino de la imagen de las autoridades estatales que tienen en sus prioridades fortalecer una cultura de los derechos humanos.

Apenas estaban pasando los efectos de estas pifias en la fiscalía, cuando una abogada de Chiapas, identificada como Fabiola “N” fue detenida en una plaza comercial de Polanco, en la ciudad de México, en posesión de cocaína pura al lado de otra mujer y dos hombres, originarios del mismo estado.

Pudo ser una detención más por posesión de droga, pero Fabiola “N” intentó evadir la detención diciendo que es ahijada del exfiscal de Chiapas, Raciel López Salazar, con quien aparece en fotografías en lugares públicos; también dijo ser una persona muy cercana con el actual fiscal de Chiapas, Olaf Gómez Hernández.

Serán las autoridades de la Fiscalía General de la República quienes se hagan cargo del caso de esta detención, y en su momento saldrán a relucir las relaciones de amistad con los citados servidores públicos. “Dime con quien andas y te diré quién eres”, dice el refrán mexicano.

A estos asuntos que han llamado la atención de medios de comunicación y de la clase política de Quintana Roo por la falta de eficiencia en el quehacer de la fiscalía, hay que sumar, los miles de carpetas de investigación que no han podido salir del rezago desde que llegó López Salazar a la institución, a las que se han ido agregando otros cientos, ante la falta de instrucciones certeras de cómo trabajar para que la institución realice el trabajo de procuración de justicia para lo cual fue creada.

Independientemente de las estadísticas que la fiscalía hace llegar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la asociación civil Maya sin Fronteras ha documentado que durante el mes de julio, ya estando Raciel López Salazar al frente de la fiscalía, se registraron 18 asesinatos dolosos, 16 hombres y dos mujeres; para agosto la cifra total subió a 50, cuatro mujeres y 46 hombres; en septiembre 41, seis mujeres y 35 hombres; en lo que va de octubre se llevan registrados cuatro homicidios dolosos de mujeres y 10 hombres, 14 en total.

Luego de décadas de observar el quehacer institucional de la ahora fiscalía, puedo afirmar que, para trabajar por el bien de la sociedad quintanarroense desde esa institución, no solo se requieren buenas intenciones, sino personas que sepan dirigir el barco y demostrar sus conocimientos en la práctica, procurar justicia para Quintana Roo y no querer replicar prácticas fallidas en otros contextos sociales, políticos y económicos del país.

 

 

 

redaccionqroo@cambio22.mx

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