Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 17 de octubre.- En su comparecencia ante el Congreso de Quintana Roo para ampliar el primer informe de gobierno, el director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), José Alberto Alonso Ovando, afirmó que el principal problema que tiene enfrenta el estado es la falta de certidumbre legal de la tierra, porque generan graves obstáculos al desarrollo de proyectos públicos y privados.

En una prolongada reunión, el funcionario expuso que, además de las colonias irregulares existentes, todavía hay ejidos que están lotificando y vendiendo terrenos sin permisos, lo cual condena a las familias a vivir varios años sin servicios.

Asimismo, dijo que han detectado que hay particulares procedentes de Yucatán que están vendiendo lotes y los disfrazan como lotes de inversión, sin permisos, afectando ambientalmente y cometiendo delitos contra el desarrollo urbano, pues inclusive utilizan títulos federales falsos.

Por lo anterior, pidió a la XVII Legislatura revisar el marco legal vigente para endurecer las sanciones en la materia.

Explicó que, en este sentido, en el período del primer informe la Agepro tuvo que emprender 7 denuncias por invasión de sus tierras en el norte y el sur del estado, con 5 de ellos asegurados.

Pero afirmó que también se ha buscado atender la problemática social de las familias sin acceso a vivienda económica, y se ha abierto un proceso para regularizar colonias surgidas de ocupaciones ilegales o invasiones de tierras propiedad del estado o de particulares.

En este sentido, dijo que los casos más emblemáticos de colonias irregulares que se busca legalizar están en Chetumal, en la llamada Ampliación Caribe al norte de la ciudad; en La Guadalupana de Isla Mujeres; y en 17 asentamientos humanos de Tulum, al que calificó como el más complicado y que tardará más años en resolverse, debido a su alta densidad de habitantes y a que muchos lotes fueron utilizados para hacer negocios, como hoteles, talleres o lavanderías, no para viviendas.

Detalló que en el caso de Tulum son casi 200 hectáreas en conflicto, debido a invasiones a predios del estado o de particulares en 121 hectáreas, así como 8 invasiones en 61 ha de reservas con uso de títulos falsos.

Afirmó que prácticamente la mitad de la mancha urbana de Tulum es de ocupaciones ilegales, donde hay 17 colonias irregulares, y la regularización se topa todavía con obstáculos como líderes que dicen que la tierras es nacional y hacen solicitudes a la Sedatu, y con esas solicitudes sin respuesta engañan a la gente diciendo que el presidente finalmente les va a regalar la tierra.

No obstante, dijo que han encontrado soluciones para regularizar hasta los lotes que tienen uso de negocio, con un avalúo especial, y además se proyecta abrir la oferta de lotes con servicios para las familias, porque la mayoría no puede adquirir vivienda a precio de mercado.

Otro caso complicado que expuso es el de Majahual, en el municipio de Othón P. Blanco, donde hay 9 colonias irregulares, en tierras invadidas a la Agepro y a particulares; pero dijo que allí han ofrecido regularizar ocupaciones con enganches del 10 % del precio total, 36 mensualidades fijas y 11 % de intereses.

Por otra parte, informó que la reserva territorial del estado al 2023 es de 110,269.53 hectáreas, que son 407.61 hectáreas más respecto al 2022, con adición de superficies en los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad, por compra y por transferencias de la Sedetus, mientras que en los demás municipios ha disminuido por titulaciones o se mantiene sin cambios.

Sobre ventas de reserva territorial, informó que en el primer año de esta administración fueron 44 predios con una superficie total de 1,177.69 hectáreas, de las cuales 71 hectáreas fueron para el Tren Maya y resto para proyectos inmobiliarios.

Asimismo, dijo que se han emitido 182 títulos de propiedad, sobre predios para proyectos comerciales y turísticos.

En cuanto a enajenaciones por reconocimiento de superficie ocupada, informó que fueron 39 predios por un total de 2.06 hectáreas; y 35 lotes por un total de 1.20 hectáreas en enajenaciones por reconocimiento de derechos y obligaciones.

Asimismo, dijo que hubo donaciones de tierras a federación, municipios, estado y otros entes para espacios públicos, por un total de 1,713.92 hectáreas, de los cuales 92 % fueron a la federación, principalmente para áreas naturales protegidas.

En este sentido, detalló que se han donado a favor de la federación 1,589.28 hectáreas prácticamente en todos los municipios, excepto José María Morelos.

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