Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 24 de marzo.- Uno de los objetivos principales de la manifestación de los transportistas en la zona norte, es para exigir a las autoridades que eliminen las trabas para operar, como el contar con unidades con menos de diez años de antigüedad, ya que esto implicaría invertir recursos con los que los trabajadores de carga no cuentan en estos momentos, sostuvo el dirigente del Sindicato de Volqueteros “Caja Roja” Antonio González Notario.

Es por ello que manifestó respaldar el movimiento de los gremios del transporte de carga en Tulum y Playa del Carmen y advirtió que podrían sumarse a estas protestas, ante la postura que ha asumido el Instituto de Movilidad que incluso ha amenazado con una cacería hacia este sector y comenzar a aplicar sanciones a quien haga caso omiso a sus nuevos lineamientos.

“Es absurdo que el Imoveqroo ahora nos exija que cambiemos nuestros camiones por unos nuevos y sancionarnos en caso de no hacerlo sin importarles nuestra situación económica, nunca ha habido atención por parte del instituto hacia el transporte de carga y lejos de primero hacer una mesa de trabajo para analizar dicha reglamentación, inicia con una cacería hacia los transportistas y con multas, solo nos ponen trabas para trabajar y por eso los sindicatos del norte cansados de esto se manifestaron lo que apoyamos y donde analizamos sumarnos también en rechazo a estas nuevas medidas.”

El líder de los volqueteros en Othón P. Blanco, aseguró que el gobierno lejos de ayudar parece empeñado en afectar a quienes viven de esta actividad, ya que además de exigirles actualizar sus unidades, enfrentan los elevados costos de los combustibles y del refrendo de cada vehículo, sin importarles que durante dos años mantuvieron paralizado a este sector a consecuencia de la pandemia y por ende, no generaron ingresos que les permitan cubrir los montos de dichos trámites.

“La demanda nacional se generó por el alza excesiva en los combustibles y la inseguridad, aquí añadimos los obstáculos a los que nos enfrentamos en el estado para poder operar, solo el refrendo de cada unidad cuesta alrededor de 7 mil pesos al año y además nos exigen la carta porte a pesar de que no ofrecemos servicio de mercancías y una serie de requisitos sin sentido, porque quien ha expedido el reglamento es la junta de gobierno que la integran son funcionarios públicos de alto nivel que no conocen, no saben lo que vive el gremio de los transportistas porque no toman en cuenta a ninguno para esto.”

Recalcó que dicha reglamentación en la Ley de Movilidad está plagada de irregularidades, por lo que afirmó están ya armando la estrategia para sumarse a estas protestas en rechazo a estas medidas que afectarán de manera directa a más de mil 500 agremiados en el sur.

lau.beytia@diariocambio22.mx

RAM

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