¿Brahms González, Esperará un “Cañonazo” para Trabajar en Pro de los Derechos Humanos en Quintana Roo?

Redacción/CAMBIO 22

Las violaciones a derechos humanos en el estado de Quintana Roo están documentadas por diversas instancias oficiales, de la sociedad civil, así como de organismos multinacionales, pero esa realidad no le interesa al Congreso del Estado, particularmente al presidente de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Guillermo Andrés Brahms González, quien padece “declaracionitis” y se dedica a la campaña prelectoral y no a legislar, para lo cual le paga el pueblo de Quintana Roo.

Nombrar a una persona que presida la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) tendría que ser una prioridad para el Congreso, pero Brahms González está esperando un “cañonazo” para ponerse a trabajar y sacar adelante este asunto que es de vital importancia para el desarrollo institucional de la entidad.

A través de múltiples vías se le ha manifestado al Congreso del Estado que el grupo de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que presentaron una demanda de amparo en contra del proceso inconstitucional y desaseado de la XVI Legislatura para designar a la persona titular de la CDHEQROO que en estrategia no está el desistimiento, porque este asunto es paradigmático para el Poder Judicial de la Federación (PJF), independientemente de la resolución que tome la segunda instancia donde se encuentra el expediente.

Una prueba que evidencia que desde la XVII Legislatura no quieren trabajar es que desde hace meses se le propuso una solución jurídica para subsanar los errores de la Legislatura anterior, en el sentido que se realicen las reformas legislativas pertinentes para limpiar la ley de las anomalías que actualmente presenta. Al hacer las referidas reformas, la demanda de amparo quedaría sin efecto, porque el motivo de la inconformidad ciudadana quedaría subsanado.

Pero desistirse en este momento implica aceptar que el proceso de elección de la persona que presidirá la CEDHQROO se pueda llevar a cabo con los mismos vicios con que lo pretendía hacer la XVI Legislatura y se perdería la oportunidad de conocer la opinión del Poder Judicial de la Federación al respecto, que si sale favorable a la ciudadanía, sería ejemplo para aplicarse en otros Congresos y en el resto de la administración pública de acuerdo a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de 2011 y de las reformas que ha venido teniendo la Ley de Amparo.

Tanto los diputados como sus asesores, quienes cobran puntualmente sus salarios cada quince días, deben darle una explicación al pueblo de Quintana del porque no han tomado cartas en el asunto para adecuar la ley y así se pueda allanar el camino para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Las soluciones se le han presentado al Congreso a través del presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, quien se niega a actuar, posiblemente en espera que desde el Poder Ejecutivo le manden un “cañonazo” que le llene los bolsillos y así lo estimulen para trabajar.

Insisto que al Congreso de Quintana Roo no le importa el respeto a los derechos humanos porque de todas las violaciones que se generan a consecuencia del clima de violencia que existe en el estado, las diputadas y los diputados han guardado silencio, como si se les estuviera pagando para legislar para un estado de ensueños.

El Estado violenta derechos humanos desde que demuestra su incapacidad para brindar seguridad pública eficiente, cuando demuestra su incapacidad para abatir la incidencia delictiva, el acceso a la justicia es deficiente desde el momento que la procuración de justicia se enfrenta a las malas prácticas del Ministerio Público, la falta de presupuesto para realizar investigaciones ministeriales apegadas al método científico, o cuando el cuerpo de peritos no cuentan con el equipo y los insumos necesarios para realizar su trabajo.

El organismo público defensor de derechos humanos del estado de Quintana Roo se ha convertido en un territorio sin ley, debido a que el Congreso se ha negado a realizar los ajustes legislativos para poder nombrar a la cabeza de esa institución.

Lo que buscan quienes operan esa institución a la cual le falta su titular, quien coordine las tareas que la Constitución y su ley le imponen, es justificar como gastarse el presupuesto, para lo cual hacen uso del aval de organizaciones civiles que no defienden derechos humanos desde el piso de la realidad quintanarroense, sino solo buscan vestirse de personas defensoras para obtener financiamientos y empleo, como ha quedado demostrado en el estado.
Recientemente se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos 2023-2027, para legitimar el uso del presupuesto en el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (PHB).

La sesión también tuvo el propósito de validar la ampliación de las oficinas de la CDHEQROO, como una de las acciones prioritarias en 2024, proyecto que requiere una inversión presupuestal de ocho millones cien mil pesos. Otra cantidad similar pretenden gastarla en acciones que carecen de transparencia y rendición de cuentas.

Mientras el Congreso de Quintana Roo no tome en serio el proceso de elección de la persona que presidirá el referido organismo, los derechos humanos en la entidad estarán a expensas de criterios políticos y económicos.

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