Gobernadora de Quintana Roo Reclama a la SCJN la Admisión de la Primera Controversia Constitucional del Poder Judicial Estatal por Presupuesto

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 13 de junio.- El Poder Ejecutivo de Quintana Roo, encabezado por su titular, Mara Lezama Espinosa, a través de su Consejería Jurídica, reclamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el haber dado entrada a la primera demanda de controversia constitucional que promovió el Poder Judicial del Estado dentro del conflicto por su presupuesto y los sueldos de sus magistrados, mediante un recurso legal en el que pide que la Corte reconsidere y dicha demanda sea desechada.

El pasado 3 de mayo, el Encargado de Despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, Carlos Felipe Fuentes del Río, hizo llegar a la SCJN un recurso de reclamación contra el auto de admisión de la controversia constitucional 27/2023, recurso que fue aceptado a trámite el pasado 1 de junio, para que sea sometido a consideración del pleno de ministros.

No obstante, cabe señalar que el Congreso del Estado apenas la semana pasada aprobó una reforma para “corregir” los artículos de la Constitución Política local que fueron impugnados por el Poder Judicial quintanarroense en esta controversia constitucional 27/2023, por lo que el recurso de reclamación podría quedar como un trámite jurídico seguido por procedimiento, ya que se espera que la controversia constitucional sea sobreseída por la Corte por quedar sin materia, una vez que se promulgue la mencionada reforma.

Mientras eso ocurre, se tiene que dar atención al recurso de reclamación del Poder Ejecutivo local, que fue marcado con el número de expediente 241/2023-CA, el cual pide que se revoque el acuerdo por el cual se dio admisión a la controversia constitucional 27/2023, mismo que fue emitido el pasado 18 de abril por la ministra instructora de la causa, Loretta Ortiz Ahlf, y en consecuencia, se deseche de plano esa demanda, que es la primera de las dos que ha presentado el Poder Judicial de Quintana Roo en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado.

El acuerdo de entrada del recurso de reclamación no indica los argumentos en los que basa su petición el Encargado de Despacho de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, pero si indica que como pruebas a su favor propone: el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el 2023, el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2022, el Presupuesto de Egresos del Estado para el 2023, así como los anexos de los presupuestos del 2022 y 2023.

Todo lo anterior indica que, en sus argumentos, el Poder Ejecutivo pretende mostrar que al Poder Judicial del Estado no se le ha afectado con alguna reducción presupuestal, pues el presupuesto que se le aprobó en el 2023 es mayor al que tuvo en el 2022, a pesar de que no se le concedió todo el dinero que pidió en el proyecto de presupuesto presentado al Congreso de Quintana Roo.

Lo anterior buscaría desvirtuar el motivo de la controversia constitucional 27/2023, que como se ha informado en anteriores ocasiones, fue presentada contra los artículos 67 y 109 de la Constitución local, luego de que en diciembre del 2022 fueron reformados para otorgar facultades al Congreso y al gobierno del estado para reducir el presupuesto del Poder Judicial, tanto en el momento de aprobar el presupuesto anual, como en cualquier momento del año.

Sin embargo, como ya se indicó, esta controversia constitucional puede ser sobreseída, es decir, puede ser cancelada, al ser declarada sin materia por la Corte, luego de que la semana pasada el Congreso de Quintana Roo volvió a reformar los artículos 67 y 109 de la Constitución del estado, ahora para retirar al Legislativo y el Ejecutivo las facultades para reducir el presupuesto del Poder Judicial.

No obstante, esta determinación quedará a juicio de la ministra instructora, Loretta Ortiz Ahlf, quien, por cierto, es considerada una ministra afín al gobierno de la Cuarta Transformación.

Asimismo, cabe destacar que, aún en el caso de que la controversia constitucional 27/2023 sea cancelada por quedar sin materia, no es garantía de que el conflicto por el presupuesto y los sueldos de los magistrados y consejeros del Poder Judicial llegue a su fin, porque esa sólo es la primera de dos demandas que presentó este poder ante la SCJN.

La segunda demanda de controversia constitucional fue revelada a la ciudadanía apenas el pasado 2 de junio por la publicación en estrados de la SCJN del acuerdo mediante el cual fue admitida a estudio de fondo, junto con el acuerdo de negación de una suspensión de actos que el Poder Judicial pidió al momento de presentarla.

Esta segunda demanda de controversia constitucional quedó en manos del ministro instructor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con el número de expediente 161/2023, y en ella el Poder Judicial de Quintana Roo pide que se invalide el presupuesto que le autorizó el Congreso del Estado para el 2023, por 714 millones de pesos, y en su lugar se le asigne el presupuesto que el mismo Poder Judicial pidió en el anteproyecto que presentó, por 1,070 millones de pesos, lo cual significa un aumento de más de 365 millones de pesos.

Además, en esta misma controversia pide que se invalide la regla de que ningún funcionario puede ganar más que la gobernadora del estado, a fin de legalizar los sueldos de sus magistrados y consejeros de la Judicatura, que superan por un rango de 70 mil a 122 mil pesos mensuales la remuneración de la titular del Ejecutivo local.

Esta segunda controversia constitucional todavía debe ser contestada por los poderes Legislativo y Ejecutivo de Quintana Roo como partes demandadas, para lo cual se les dieron 30 días hábiles contados a partir de su notificación.

Asimismo, cabe señalar que la reforma constitucional de “corrección” aprobada por el Congreso del Estado la semana pasada no tiene impacto legal directo sobre esta segunda controversia constitucional, la del expediente 161/2023, porque ésta no impugna la Constitución del estado, sino que fue presentada en contra del decreto del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.

Así que, por el momento, todo indica que ésta segunda controversia constitucional seguirá su curso en la SCJN, pues además es de esperar que difícilmente los magistrados la retiren, porque en ella tienen interés personal, ya que buscan, sobre todo, la protección legal para que sus sueldos sigan siendo abultados y por encima de la remuneración de la gobernadora Mara Lezama.

franciscohcambio22@gmail.com

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