Presentó Poder Judicial de Quintana Roo Segunda Controversia Constitucional, para Aumentar su Presupuesto y Legalizar los Insultantes Sueldos de sus Magistrados

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 8 de junio.- No conforme con demandar la invalidez de los artículos de la Constitución Política del Estado que, desde diciembre pasado, permitían a los poderes Legislativo y Ejecutivo reducirle su presupuesto, el Poder Judicial de Quintana Roo presentó una segunda demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la XVII Legislatura y la gobernadora Mara Lezama Espinosa, en esta ocasión pidiendo invalidar artículos del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023.

En este caso, los magistrados quintanarroenses demandan invalidar el techo financiero que les asignó el Congreso del Estado, de 714 millones de pesos, y que en lugar de eso se les entregue la cantidad que pidieron en el anteproyecto que ellos presentaron, por 721 millones de pesos; además de que se invalide la aplicación del artículo que establece que ningún funcionario puede tener una remuneración mayor que la de la gobernadora del estado, regla que ellos están violando desde el 2020, al tener sueldos de entre 213 mil y 265 mil pesos mensuales.

Adicionalmente, los magistrados fueron un paso más allá que en su primera demanda, y acompañaron la nueva controversia constitucional con un incidente de suspensión, en el que pidieron a la Corte que emitiera una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos del Presupuesto de Egresos que impugnaron, así como para que de inmediato se les otorgue el aumento de presupuesto que piden y se suspenda el artículo que prohíbe ganar más que la gobernadora.

Sin embargo, el ministro instructor de la controversia constitucional, que es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, les negó el pasado 19 de mayo la suspensión de actos pedida, porque lo que solicitaron son efectos que se deben decidir al momento de resolver si son procedentes los conceptos de invalidez que plantearon en la demanda principal, por lo que, al no concedérseles la medida cautelar, tendrán que esperar hasta la resolución del estudio de fondo del juicio para conocer la determinación de la Corte sobre estas peticiones.

Por lo pronto, queda establecido que son dos las demandas de controversia constitucional las que presentó el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado verdeecologista Heyden Cebada, contra la XVII Legislatura y la gobernadora del estado Mara Lezama Espinosa: la primera, marcada con el número de expediente 27/2023, fue presentada el 2 de febrero pasado y admitida el 18 de abril por la ministra instructora Loretta Ortiz Ahlf, y está encausada contra los artículos 67 y 109 de la Constitución del Estado, que otorgan facultades al Legislativo y al Ejecutivo para reducir el presupuesto del Poder Judicial al momento de su aprobación y durante cualquier momento del año, respectivamente, a partir de la reforma aprobada en diciembre del 2022.

La segunda demanda de controversia constitucional, que al igual que la primera era mantenida en secreto a la ciudadanía por los magistrados y de la que hoy le damos la información, fue presentada el 11 de febrero pasado y turnada el 7 de marzo a su ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, con el número de expediente 161/2023, misma que pide que se invalide el presupuesto que le autorizó el Congreso del Estado para el 2023 y en su lugar se le asigne el que el mismo Poder Judicial pidió en el anteproyecto que presentó, además de que se anule la regla de que ningún funcionario puede ganar más que la gobernadora del estado, a fin de legalizar sus abultados sueldos.

Cabe recordar que apenas el pasado lunes el Congreso del Estado retrocedió en la reforma que había aprobado en diciembre, realizando una corrección a la misma, en la que los poderes Legislativo y Ejecutivo renuncian a la facultad de reducir el presupuesto del Poder Judicial; le devuelven el carácter de irreductible al presupuesto del Poder Judicial; y además le garantizan la asignación de al menos el 2 % del presupuesto total anual del estado.

Esta aprobación la realizaron los diputados de Quintana Roo con la intención de dejar sin materia la primera controversia constitucional, la 27/2023, al reformar los artículos constitucionales que están impugnados por el Poder Judicial, pero también esperando que los magistrados mismos se desistan de la demanda ante a SCJN.

No obstante, lo informado este día a la ciudadanía en Diario Cambio 22 muestra que el pleito del Poder Judicial con los poderes Legislativo y Ejecutivo por su presupuesto no se acabará con esa contrarreforma aprobada en el Congreso, sino que continuará en la SCJN, al existir una segunda demanda que pide aumento de presupuesto por encima del aprobado por la Legislatura y, además, va más allá, al pedir protección legal para sueldos que superan en mucho el de la gobernadora del estado.

franciscohcambio22@gmail.com

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