La XVII Legislatura de Quintana Roo aprobó Reforma que regulará a Uber 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 27 de abril.- Luego de realiza un proceso legislativo marcado por la falta de transparencia, la XVII Legislatura del Estado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Movilidad de Quintana Roo mediante las cual se regulará el servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales como Uber.

En la sesión ordinaria número 22, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado.

A través de estas modificaciones, se reconoce la naturaleza pública y privada del servicio de transporte de pasajeros contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales.

El nuevo marco normativo indica que este servicio podrán ofrecerlo en su modalidad privada aquellas personas particulares que cuenten con un permiso, pero el trámite del mismo deberá hacerlo la persona moral que medie la prestación de este servicio, que también deberá contar con una autorización del Instituto de Movilidad para poder operar en el estado.

La ley ahora indica también que los vehículos que presten este servicio tengan instalados en su interior equipos de geolocalización, cámaras de vigilancia interna y botones de pánico, con la justificación de que se propiciará con eso un esquema de prevención y reacción inmediata ante los hechos delictivos que podrían suceder al interior de los vehículos mediante los cuales se presta el servicio de transporte de pasajeros; pero dicha medida no se aplicará a los taxis ruleteros del servicio público concesionado.

Se condicionará la expedición de los permisos a lo que indique una declaratoria de sostenibilidad y ordenamiento vial que resulte de revisar el estudio presentado por la plataforma, el cual vendría a establecer límites número de unidades del servicio privado a los que permitiría operar en cada municipio.

Asimismo, se condiciona a los choferes que operan mediante plataformas digitales privadas, como Uber, a que deben renovar sus automóviles cada 5 años, y si quieren utilizarlos hasta 10 años, deberían comprar unidades eléctricas o que usen energías renovables.

La propuesta indica que los prestadores del servicio de transporte mediante plataformas digitales, públicas y privadas, deberán pagar una aportación al estado de 1.5 % por cada servicio prestado, parte del cual servirá para la creación del Fondo de Movilidad del Estado, el cual tendrá como objetivo captar, administrar y aportar recursos que contribuyan a mejorar las condiciones de la infraestructura, seguridad y ordenamiento vial, así como acciones de cultura en materia de movilidad.

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