• Aseguran que esto afectará significativamente sus finanzas 

 

Laura Beytia/CAMBIO 22

CHETUMAL, 14 de febrero.- La XVII Legislatura pretende imponer un gravamen del 2% del costo de cada viaje contratado a repartidores, lo que representaría afectaciones económicas para quienes han encontrado en esta actividad una manera de obtener ingresos para el sostén de sus familias.

Es por ello que los moto repartidores en la capital del estado, han manifestado que están en contra de dicho impuesto, por lo que analizan proceder por la vía legal para impedirlo, ya que aseguran que dicho cobro, solo tiene tintes recaudatorios y con fines electoreros, tal y como afirmó Saúl Gómez Piña dirigente del movimiento “Ni Un Repartidor Menos” en Quintana Roo.

“No somos la caja chica de ningún gobierno, no se vale que quieran sacar dinero de donde se pueda y como se pueda, este impuesto del 2% por el costo total de cada viaje afectaría significativamente las finanzas de los repartidores y estamos listos con el equipo jurídico para meter amparos y frenarlo, porque es evidente que este cobro tiene tintes recaudatorios con fines electoreros, por eso andan viendo sacar dinero hasta de las piedras y eso no se vale.”

Añadió que el moto servicio, creció de manera considerable durante la etapa más álgida de la pandemia y como una manera de ayudar a quienes no podían salir de sus hogares, pero la crisis económica que la contingencia sanitaria originó y el despido de cientos de trabajadores de sus centros laborales, obligó a muchos padres y madres de familia, a autoemplearse en esta actividad para poder llevar sustento a sus hogares, lo que dijo, los diputados y diputadas no están tomando en cuenta.

Desde que surgió la iniciativa del Instituto de Movilidad para regular el moto servicio y elaborar un padrón, muchos han mostrado disposición para colaborar, a pesar de que existe el planteamiento de que tendrían que cubrir costos de permisos para poder seguir laborando y la inversión que esto implicaría, ya que necesitarían tener unidades en perfecto estado, seguros, uniformes, equipo de protección y las cajas para los pedidos.

Es por ello que Gómez Piña hizo un llamado tanto a las autoridades del Instituto de Movilidad como a los legisladores, para tomar conciencia sobre las modificaciones que realizarán a la Ley de Movilidad y que lejos de generar perjuicios, deberían garantizar beneficios para los moto repartidores.

Este impuesto que estarían obligados a cubrir, será destinado al Fondo de Movilidad para el Estado de Quintana Roo pero no se especificado, ni aclarado para que sería utilizado finalmente, lo que causa malestar e incertidumbre al no transparentar dicha información.

 

lau.beytia@diariocambio22.mx 

GCH

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