Gobierno de Mara Lezama Destinará Más de 2 Mil Millones de Pesos a la Asistencia Social en 2023

Francisco Hernández

CHETUMAL, 16 de diciembre.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa destinará más de 2 mil millones de pesos a actividades de asistencia social en el 2023, asignados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) en el Presupuesto de Egresos recientemente aprobado por la XVII Legislatura de Quintana Roo, lo cual indica cuáles son las prioridades de la nueva administración estatal.

Ambos entes se convirtieron en las dos superdependencias de la administración de Mara Lezama, puesto que el DIF, que preside su hermana, Verónica Lezama Espinosa, ejercerá recursos por mil 137 millones 828 mil 424 pesos, y la Sedeso, encabezada por el verdeecologista Pablo Bustamante, recibió asignación de 973 millones 838 mil 770 pesos.

Estos son los presupuestos más altos de la historia de ambos despachos, sumando juntos la cantidad de 2 mil 111 millones 667 mil 194 pesos, porque coordinarán los principales compromisos de la agenda de la gobernadora Mara Lezama, con tanto peso que además coordinarán acciones que en teoría corresponden a otras dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede).

La importancia dada a las funciones de asistencia social por el nuevo gobierno se reflejó en que estos recursos representan para el DIF un incremento del doble de lo que ejerció en el 2022, que fueron 554 millones de pesos, mientras que para la Sedeso, que se convertirá en la Secretaría del Bienestar, son más del triple de su última asignación, que era de 203 millones de pesos.

Con estos altos montos, se alzan como las principales dependencias que ejercerán los programas sociales de la gobernadora Mara Lezama, pues sólo son superadas en presupuesto por los Servicios Educativos de Quintana Roo (7 mil 466 millones 807 mil 743 pesos), los Servicios Estatales de Salud (4 mil 428 millones 430 mil 809 pesos) y la Secretaría de Seguridad Pública (2 mil 555 millones 590 mil 433 pesos), que tradicionalmente han tenido las más altas asignaciones por la amplitud de las estructuras y servicios que operan.

Asimismo, nada más el presupuesto del DIF será mayor al que ejercerá la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que es de mil 68 millones 105 mil 862 pesos, pese a que está última dependencia controla el pago de la nómina de la burocracia estatal y las adquisiciones de la administración central gubernamental.

Los funcionarios de la Sefiplan explicaron a los diputados en las reuniones que tuvieron que la justificación para otorgar casi mil millones de pesos de presupuesto a la Sedeso es que coordinará los principales programas sociales que son compromiso de la administración actual.

Entre ellos destaca la Agencia de Seguridad Alimentaria, que coordinará un sistema de abasto a bajo costo en las zonas vulnerables del estado; pero también se mencionaron bancos de alimentos; la ampliación de la red de comedores comunitarios y públicos estatales; y programas descritos solamente como de atención a los más desprotegidos.

Por lo mismo, durante el análisis del Presupuesto de Egresos en el Congreso del Estado, inclusive se amplió el presupuesto que originalmente se establecía para la Sedeso en la iniciativa, de 742 millones 278 mil 102 pesos propuestos en un principio a los 973 millones 838 mil 770 pesos que se asignaron en definitiva; es decir, le dieron 231 millones 560 mil 668 pesos más.

También ampliaron la asignación original para el DIF, pues originalmente se había planteado otorgarle un presupuesto de mil 67 millones 828 mil 424 pesos, pero al final le dieron 70 millones de pesos más, para quedar en el monto definitivo de mil 137 millones 828 mil 424 pesos.

Entre los motivos de la ampliación presupuestal al DIF, la Sefiplan expuso que se le asignó la coordinación de los compromisos del acceso de las comunidades más rezagadas a la canasta básica digital (que incluirá tableta electrónica, plan de conectividad y paquete de software); el acceso de madres trabajadoras al transporte; y hasta un programa de incentivos al emprendimiento, programa que en teoría correspondería a la Secretaría de Desarrollo Económico.

Además, se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Social en los programas denominados de atención a los más desprotegidos.

En contraste con estas ampliaciones, otros rubros que se esperaba que tuvieron mayor impulso en el gobierno, debido a que presentaban una mayor asignación en la iniciativa del Presupuesto de Egresos, al final fueron castigados, como fue el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sede).

A la Sede primero se le planteó una partida de 336 mil 568 mil 316 pesos, pero al final le quitaron 260 millones y le dejaron un monto de nada más 76 millones 568 mil pesos para ejercer en el 2023.

La propuesta original hacía pensar que el gobierno de Mara Lezama daría un impulso importante a la diversificación de la economía del estado, el cierre de la brecha de desarrollo entre norte y sur, y el apoyo a las micro y pequeñas empresas; pero al final, para estas acciones quedó un presupuesto reducido, lo que indica que no tendrán prioridad, por lo menos en el primer año de la administración.

De hecho, uno de los rubros que tuvo reducción dentro de la Sede fue el destinado al llamado Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, dependiente de ella.

Además, las líneas de acción de la Sede quedaron supeditadas a la Sedeso y al DIF, pues la dependencia encabezada por Pablo Bustamante será la rectora en la coordinación con ella de los programas relacionados con las actividades productivas, mientras que el DIF encabezará la coordinación con la Sede de los programas de incentivos al emprendimiento, según lo expuesto por la Sefiplan al Congreso.

Al parecer la reducción del presupuesto propuesto para la Sede también tiene relación con el aumento que al final se le dio al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), al que primero le iban a reducir el presupuesto a 474 millones de pesos, como efecto del recorte en el gasto de publicidad, pero al final le subieron a 700 millones de pesos, como resultado de los acuerdos que la gobernadora Mara Lezama hizo con los empresarios hoteleros para que aceptaran las alzas de impuestos que se aprobaron en este Paquete Fiscal.

Otra fuente de recursos para la reasignación a la asistencia social fue la reducción de las partidas de los seis órganos autónomos (Ieqroo, Teqroo, Idaip, TJA, Cdheqroo y FGE) y el Congreso del Estado, a los que bajaron en total 28 millones 113 mil pesos, como resultado del recorte del 10 % de su gasto operativo.

A pesar de estas redistribuciones, el apoyo al campo también quedó muy desmeritado, porque a la Sedarpe se le asignaron sólo 208 millones 466 mil pesos, que si bien es un aumento de 13 % respecto al presupuesto anterior, indica la reducción de los programas para la producción agropecuaria y refleja que para la zona rural se destinará principalmente asistencia social.

Mientras tanto, como reflejo del desastre financiero dejado por los gobiernos anteriores, junto con el presupuesto para asistencia social el segundo rubro con mayor crecimiento es el del pago de la deuda pública, que será casi el doble que el del año anterior, debido a que se prevé un alza mayor de los intereses, según la Sefiplan.

Con un incremento de 86 % respecto al año 2022, la partida para el pago de la deuda pública de largo plazo en el 2023 será de 409 millones 493 mil pesos, con mil 568 millones destinados a cubrir las amortizaciones de capital (que también son conocidos como tramo de corto plazo de la deuda a largo plazo, por tratarse de vencimientos de pago que se dan a lo largo del año), y que es una cantidad superior al doble del año anterior.

En este caso, para el pago de intereses se tiene dispuesta una cantidad de 2 mil 491 millones de pesos, que es casi el doble que la dispuesta para abono de capital; y es que hay que tomar en cuenta que cuando los créditos vigentes fueron pactados por la administración de Carlos Joaquín, en la última reestructuración y el último préstamo que añadió, las tasas de interés de referencia eran de poco más de 8 % y actualmente superan el 10 % sobre saldos insolutos.

En otras palabras, el estado pagará más deuda, no sólo por el aumento de los saldos que vencen en el año, sino por el aumento del costo del dinero debido las condiciones financieras actuales.

Para apoyo de las principales acciones del gobierno, se crearán fideicomisos con porcentajes fijos de la recaudación de los principales impuestos, el del Hospedaje y el de Nóminas, con las siguientes asignaciones previstas:

-Fideicomiso del Bienestar, coordinador por la Sedeso, con 269 millones 208 mil pesos:

-Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública, con 420 millones 194 mil pesos;

-Fideicomiso de la Salud, coordinado por los Servicios Estatales de Salud, con 269 millones 208 mil pesos; y

-Fideicomiso para Promoción Turística, coordinador por el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, con 538 millones 417 mil pesos.

En lo demás, como ya es normalidad, el gobierno del estado gastará la mayor parte del presupuesto en educación, pues se destinarán 10 mil 612 millones de pesos para la atención de las instituciones de nivel básico, medio superior y superior, infraestructura educativa, ciencia y tecnología; 4 mil 515 millones de pesos en total se usarán en el sector salud; 3 mil 576 millones de pesos se destinan a la seguridad pública y procuración de justicia; y 760 millones de pesos se van en total al sector turismo.

Asimismo, se destinan mil 538 millones de pesos al Ramo de Inversión Pública, 56 % más que el año anterior; y se prevén transferencias a los municipios por 7 mil 5 millones de pesos.

franciscohcambio22@gmail.com

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